Contratos de la era Aznar investigados por la caja b tuvieron un sobrecoste de 70 millones

Hacienda ha detectado un sobrecoste de 70 millones de euros en las obras de siete contratos adjudicados durante el segundo mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno (2000-2004) a Constructora Hispánica, presidida entonces por Alfonso García Pozuelo. Estas siete licitaciones, de diferentes organismos públicos, forman parte de un grupo de 23 contratos valorados en 600 millones de euros a cambio de los cuales existen sospechas de que el empresario realizó donaciones bajo cuerda a la caja b del PP en aquellos años.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa sobre los supuestos cohechos de empresarios donantes de la caja b del PP, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre nueve de los 23 contratos de Constructora Hispánica. El expresidente de esta sociedad —ahora rebautizada como Assignia— Alfonso García Pozuelo realizó al menos nueve entregas por 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que llevaba el extesorero Luis Bárcenas y que este dejó consignadas en los conocidos como papeles de Bárcenas.

Los expertos de Hacienda constatan que siete de estos nueve contratos analizados presentaron durante su ejecución sobrecostes y obras complementarias que elevaron en 70 millones de euros el importe final. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, habla en un caso de “práctica irregular” y en otros tilda de “extraño” o “dudoso” ciertos detalles, a la vez que destaca que en varios se apuró el coste de las modificaciones para que estas no superaran el 20% del importe inicial, lo que hubiera exigido un dictamen por parte del Consejo de Estado para realizarse.

El juez Pedraz reclamó el pasado 11 de diciembre a cinco ministerios, Renfe y Aena, entre otros organismos públicos, “el contenido íntegro de los expedientes de contratación” de 23 contratos por valor de más de 600 millones adjudicados a Constructora Hispánica. Todo ello después de que así se lo pidieran la Policía y la Fiscalía Anticorrupción. En un informe de noviembre, los agentes habían destacado que esta empresa recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigación. En el juicio del caso Gürtel, en el que fue condenado a dos años de cárcel, el constructor García Pozuelo confesó que pagó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que se le adjudicaran obras en Castilla y León, y en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Los contratos ahora analizados por la IGAE corresponden a cuatro licitados por el gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif; dos de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES); uno del Ministerio del Interior; otro de Defensa y el último de Turespaña. Siete de ellos eran proyectos cuyo presupuesto inicial total era 350,1 millones de euros, aunque finalmente sumaron un sobrecoste de 55,5 millones por modificaciones y otros 17,1 millones por exceso de mediciones. Los otros dos proyectos son obras complementarias de otros proyectos mayores que, en conjunto, ascendieron a 53 millones de euros. El informe, de 11 folios de extensión, no incluye conclusiones y, en algún caso, destaca que la documentación remitida por los organismos no es suficiente para completar el estudio.

Sobrecoste en las obras de una comisaría

Uno de los contratos analizados es el licitado para la construcción, por parte de Interior, de una nueva comisaría en Xirivella (Valencia) por 1,67 millones de euros, aunque posteriormente este importe se incrementó en más de medio millón. El informe detalla que la oferta inicial de Constructora Hispánica para hacerse con el contrato fue la más baja de las doce empresas que se presentaron a la licitación. De este contrato, la IGAE destaca que tanto el porcentaje del sobrecoste causado por la modificación del proyecto (el 19,9%) como por el exceso de mediciones (el 9,9%) bordearon el límite del 20% y 10% que, respectivamente, fija la ley para ser obligatorio pedir un dictamen al Consejo de Estado para su realización. Además, el informe apunta a que parte del sobrecoste de la primera partida se abonó finalmente como exceso de mediciones, “lo que era y es una práctica irregular bastante frecuente” que, además, en este caso, vino acompañada de errores en su cálculo.

Sobre las obras del nuevo Parador de Lorca (Murcia) que licitó Turespaña en julio de 2003 por 10,45 millones de euros, el informe de Hacienda llama la atención sobre el precio especialmente bajo de la oferta de la constructora, que le permitió superar a sus rivales y que, de hecho, llevó a la entidad a pedir una justificación de precios. La explicación que dio entonces la empresa —que redujo su beneficio del 6% habitual al 2%— es considerada como “extraña” por la IGAE. “Los servicios técnicos de Turespaña aceptan dicha justificación, pero en su informe no se analiza la misma”, añade el documento. El contrato contó, finalmente, con dos reformados, uno primero de 418.000 euros y uno segundo de 3,2 millones, un 30% más del importe inicial, que fueron justificados por hallazgos arqueológicos en el sótano que iba a ocupar el aparcamiento del establecimiento.

Sobre los cuatro contratos de Adif, todos ellos con sobrecostes, excesos de mediciones y, en algunos casos, obras complementarias, el informe de la IGAE apunta a que algunas de estas últimas fueron en realidad modificados (enmiendas) del proyecto. En este sentido, los expertos de Hacienda sugieren que se hizo así para no superar el mencionado incremento máximo del 20%. Un detalle que se repite de modo similar en el contrato adjudicado por el Ministerio de Defensa para la construcción del cuartel de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama (Madrid). En este caso, el informe apunta a que “da la impresión de que se ha aprovechado la tramitación del modificado para realizar otras obras necesarias para el acuartelamiento sin sobrepasar el 20%”. Sobre los dos últimos contratos analizados, ambos del SEPES y por sendas obras complementarias de proyectos mayores, la IGAE considera que es necesario reclamar más documentación para poder completar su estudio.

Anticorrupción ya incorporó el pasado noviembre otro informe de la IGAE, en ese caso sobre contratos de otra de las empresas bajo sospecha, Degremont, con el SEPES y el Canal de Isabel II, la empresa encargada del suministro del agua en Madrid. Aquel informe ya apuntaba a la existencia de “algunas irregularidades administrativas”, prácticas “discutibles” e, incluso, elementos “prohibidos”, aunque los expertos no fueron concluyentes por la falta de buena parte de la documentación sobre ambas licitaciones.