Un informe de Hacienda mantiene en vilo la causa de la caja b que salpica a obras de la era Aznar

Un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que depende del Ministerio de Hacienda, mantiene en vilo la última línea de investigación que permanece abierta sobre la caja b del PP, centrada en las presuntas donaciones de empresarios a la contabilidad paralela del partido a cambio de adjudicaciones públicas. El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, dio por finalizadas estas pesquisas el pasado 22 de julio, pero antes de tomar esa decisión encargó un análisis a dos peritos de dicho organismo que aún no ha llegado. Según confirman fuentes jurídicas, una vez recibido este documento y estudiado, el magistrado acordará si procesa a los imputados.

El 28 de junio, Pedraz ordenó facilitar a los dos peritos judiciales de la IGAE adscritos a la causa —los números 37.608 y 36.088— los “expedientes de contratación de obras y servicios” aportados por las empresas y entidades públicas “desde la reapertura [en 2017] de la presente pieza”. El objetivo, según subrayó entonces el magistrado, era que elaborasen un informe “sobre la regularidad en la tramitación de los expedientes y la existencia o no de deficiencias en la documentación y valoraciones regladas para su resolución”. Entre otras adjudicaciones, los investigadores mantienen bajo sospecha 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, ya fue condenado en el caso Gürtel y confesó haber hecho donaciones al PP para conseguir obra pública.

Pero la iniciativa de Pedraz, que asumió este 2021 la instrucción de esta línea de investigación tras sustituir al magistrado José de la Mata al frente del Juzgado Central de Instrucción 5, se topó con un inesperado obstáculo. A través de un escrito fechado el pasado 15 de julio, al que tuvo acceso EL PAÍS, la IGAE respondió que los dos peritos judiciales mencionados fueron nombrados hace años para esa tarea de apoyo —uno en 2013 y otro en 2014— y ya no podían asumir esa función. “Su situación profesional ha cambiado sustancialmente [...] y, por tanto, también su disponibilidad para poder asumir el auxilio judicial que se solicita compatibilizándolo con sus actuales obligaciones profesionales”, argumentó el órgano dependiente de Hacienda, que pidió al juez más detalles de los expedientes de adjudicación que debía analizar para “valorar la carga de trabajo” que implica y proponer, “en su caso”, nuevos peritos que la asuman.

Sobre este planteamiento de la IGAE volvió a pronunciarse después el juez. El pasado 28 de septiembre, Pedraz insistió en que se le facilitase la dirección de los técnicos 37.608 y 36.088 para enviarles la documentación ya que, “hasta la fecha y a todos los efectos, se encuentran designados como peritos judiciales en la presente causa”. Pero ahora, según matizan fuentes jurídicas, se está a la espera de ver si finalmente se opta por designar dos nuevos expertos que asuman los trabajos y trasladen al magistrado sus conclusiones.