Marchena renuncia a ir al Constitucional y complica el plan del sector conservador del Poder Judicial

La negociación en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nombrar a los dos magistrados que le corresponden en el Tribunal Constitucional se ha encontrado un importante escollo previo: la dificultad de encontrar a candidatos que generen consenso y que estén dispuestos a ocupar esas dos plazas. El sector conservador del CGPJ aboga por nombrar a Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y redactor de la sentencia del procés; pero este, cuyo perfil está bien visto también en el sector progresista, ha declinado la propuesta, y eso complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En el Consejo hay ya una mayoría sólida de vocales partidaria de efectuar los nombramientos del Constitucional y no boicotear, por tanto, la reforma legal que impulsó el Gobierno ―con un ultimátum que vence el 13 de septiembre― para desbloquearlos. No obstante, los vocales más críticos con esa reforma dentro del sector conservador del organismo se plantean no implicarse en la operación ―tratando de retrasarla lo más posible― si no logran encontrar a candidatos que consideren de altura.

Este sector insiste en la idoneidad de Marchena porque augura que en el Constitucional van a hacer falta contrapesos fuertes ante la mayoría progresista que se va a producir de forma inminente en el tribunal de garantías como consecuencia del nombramiento de otros dos magistrados por parte del Gobierno. El presidente de la Sala Penal del Supremo, sin embargo, se ha mostrado irreductible en su negativa a aceptar que se utilice su nombre como candidato a ocupar un puesto en el Constitucional. La renuncia de Marchena dificulta, por tanto, en estos momentos que la renovación pueda hacerse con una amplia mayoría, o incluso por unanimidad, en el Consejo General del Poder Judicial.

Cuatro de las 12 plazas del Tribunal Constitucional están pendientes de renovación desde junio: se trata de las dos que corresponden al Gobierno y las dos del CGPJ. Si se produce la renovación, el tribunal pasará previsiblemente de tener una mayoría de magistrados conservadores a tenerla de magistrados progresistas. Para acelerar esa operación, el PSOE anunció en junio una proposición de ley que devolvía al Poder Judicial la capacidad de realizar esos nombramientos aun estando en funciones (porque su mandato también ha caducado). Y en julio introdujo más presión aún al introducir una enmienda parlamentaria por la que imponía al Consejo que esos nombramientos se produjeran antes del 13 de septiembre. Varios vocales del órgano de gobierno de los jueces, fundamentalmente del sector conservador, se revolvieron contra esos cambios precipitados, pero en este momento la actitud mayoritaria es la de intentar cerrar un acuerdo para cumplir efectivamente con la previsión legal.

La renovación del Constitucional ya solo depende, por tanto, de que los sectores conservador y progresista del Consejo encuentren y puedan convencer a sus candidatos para cubrir las dos plazas. El bloque conservador está hallando especiales dificultades para ello, porque algunos de los magistrados con los que ha contactado han dado una respuesta negativa. No solamente Marchena: también ha mostrado su preferencia por continuar en la Sala Penal del Supremo el magistrado Antonio del Moral, cuya candidatura, de ser propuesta, podría alcanzar igualmente un amplio apoyo en el Consejo.

A la vista de las dificultades, una parte del sector conservador del CGPJ, pese a ser contrario a la reforma legal del Gobierno, se ha decantado por empujar a favor del consenso, apoyando los intentos del presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, para que la renovación del Constitucional se materialice en septiembre. Pero otra parte minoritaria, compuesta por los vocales de grupo conservador más opuestos a las iniciativas del Ejecutivo, insiste en no participar en el desbloqueo salvo que obtenga ciertas garantías. La principal: que se nombre a un magistrado del que ―a tenor de su perfil y trayectoria― quepa esperar que liderará un bloque conservador sólido. Este sector quedará en minoría en el Constitucional tras la renovación, pero precisamente por ello dicho bloque busca un candidato fuerte, capaz de dificultar que la nueva mayoría progresista del tribunal consiga avalar sin obstáculos algunas de las principales reformas del Gobierno actual pendientes de sentencia, u otras que lo están desde hace años, como la relativa a la ley del aborto de 2010.

El Constitucional se había comprometido a resolver este recurso antes de que concluyera su mandato, el 12 de junio. Pero no lo ha hecho, porque el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, ha preferido que el fallo vuelva a quedar pendiente para que el órgano de garantías lo afronte con su nueva composición. Con ello, Trevijano ha querido evitar que el tribunal vuelva a dividirse sobre una ley muy sensible desde el punto de vista político y social.

Tras la renovación del Constitucional, este tribunal pasará a tener una mayoría progresista de siete a cinco ―si se elige también al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, que dimitió en julio último por razones de salud― o de siete a cuatro ―si ese relevo, que depende de otro complicado acuerdo entre PP y PSOE en el Senado, se deja para más adelante—.

En el Consejo del Poder Judicial, en el Supremo y en el propio Constitucional está extendida la idea de que, con una mayoría progresista en este tribunal, existen grandes posibilidades de que su próximo presidente sea el magistrado Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado. La magistrada María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional, cumple también todos los requisitos para ocupar el cargo, por lo que no se descarta su candidatura.