Feijóo bloquea de nuevo la renovación del Poder Judicial, ahora por la reforma de la sedición

Al final todo saltó por los aires. La negociación para la renovación del Poder Judicial se ha ido al traste en el último momento, cuando el pacto estaba a punto de anunciarse. El PP comunicó el jueves que suspende las conversaciones con el Gobierno, que estaban muy avanzadas, después de comprobar que el Ejecutivo sigue adelante con la reforma del delito de sedición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha decidido después de hablar ayer por la tarde con Pedro Sánchez por teléfono, quien le confirmó “que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y, en consecuencia, no va a renunciar a su modificación”, según ha anunciado el partido en un comunicado. Poco después, el PSOE ha difundido otro texto en el que contesta a los populares que “el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes” y rechaza vincular ambos asuntos. “La agenda legislativa del Gobierno no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas. Y, desde luego, no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española”, lamentan los socialistas.

A pesar de que parecía que todo estaba listo y que el anuncio era inminente, según transmitían en las últimas horas las dos partes, el PP ha terminado por dinamitar el acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Durante la semana, el ambiente se había ido caldeando por los planes del Gobierno para reformar el delito de sedición, un anatema para los sectores más duros de la derecha con el que estaban presionando a Alberto Núñez Feijóo para que no acordara con Pedro Sánchez, y el jueves la tensión se elevó al máximo por unas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometiendo que la reforma legal llegaría a la Cámara para su aprobación. Esa promesa fue la gota que colmó el vaso del PP y que terminó por reventarlo todo.

“No podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo”, sostuvo el PP en el comunicado hecho público a última hora de la tarde del jueves, en referencia a la reforma del delito de sedición. El partido asegura que Feijóo le ofreció a Sánchez en su conversación telefónica “abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones”. Se trata, en realidad, de una oferta imposible, porque el Gobierno considera que hay que reformar el delito de sedición para homologarlo a los países del entorno, lo que implicaría una reducción de la pena, mientras Feijóo defendió el jueves endurecer la pena para este tipo de delito.

Los socialistas entienden, en cambio, que la decisión de Feijóo “demuestra una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto”, y emplazan al líder del PP “a cumplir con la Constitución, sin pretextos y sin dilación, tras casi cuatro años de bloqueo del CGPJ. El PP ha vuelto a romper las negociaciones, una vez más, en esta ocasión con un acuerdo listo y preparado para ser firmado”, se queja el PSOE.

La reforma de la sedición ha reventado el pacto de forma sorpresiva, porque hasta el jueves nadie sabía que el PP condicionaba una cosa a la otra, y de hecho los mensajes en público de los populares iban en el sentido contrario. Según el relato del partido de Feijóo, el problema es que el PSOE cambió de posición porque en privado les estaba transmitiendo “que no estaba en sus planes acometer esa modificación”. En cambio, el Gobierno asegura que ese asunto en ningún momento estuvo encima de la mesa en sus conversaciones.

Hasta el jueves, los populares no habían condicionado en público el pacto del Poder Judicial a la reforma de la sedición, y la secretaria general, Cuca Gamarra, llegó a desvincular ambos asuntos el martes en una entrevista en Antena 3, en la que dijo que se trataba de “dos cuestiones distintas” y una no entorpecía a la otra. Pero el ruido sobre la reforma durante toda la semana había provocado un crescendo de presiones de la derecha mediática y judicial a Feijóo para que no firmara un acuerdo con Sánchez en este contexto, y el jueves por la mañana, las declaraciones en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometiendo que la iniciativa legal llegaría a la Cámara para su aprobación, terminaron por hacer saltar al PP.

El partido amagó por la mañana con romper la negociación, pero esperó a hacerlo oficial a que Feijóo hablara con Sánchez por la tarde tras la tensión de la jornada. Poco después de que la ministra Montero se manifestara en esos términos en el Congreso a primera hora, los populares transmitieron al Gobierno, según publicó EL PAÍS por fuentes conocedoras de la negociación, que el pacto se tambaleaba si seguían adelante con sus planes sobre la reforma legal. El PP exigió al Ejecutivo en ese mensaje privado que dejara de lado ese asunto si quería que cerraran un acuerdo, al considerar, transmitieron esas fuentes, que La Moncloa no podía pactar a la vez con ellos la renovación del Tribunal Constitucional “y con ERC el regreso del expresidente Carles Puigdemont a España gracias a la reforma del delito de sedición”, aunque Puigdemont tendría que responder ante la justicia en todo caso y también por otros delitos, como malversación.

Recibido el mensaje del PP, el Gobierno se activó a toda velocidad para intentar salvar el pacto. Montero, alertada desde La Moncloa de lo que había provocado, salió con urgencia a los pasillos de la Cámara baja para rectificarse a sí misma: precisó que ella no llevaba la negociación, que el presidente y otros interlocutores son los que habían fijado criterio sobre el tema y aprovechó para afirmar además, que ahora no había mayoría suficiente en el Parlamento para superar con éxito esa votación. Desde La Moncloa, además, ante lo delicado del momento, se envió a todos los ministerios un mensaje para que se extremara la prudencia en todas las intervenciones para no torpedear más la posibilidad del acuerdo.

Pero en medio de la crisis, el presidente del Gobierno confirmó desde Sudáfrica que no renunciaba a los planes legislativos para la sedición, algo a lo que se había comprometido ya en su discurso de investidura en 2020. “La voluntad del Gobierno de España es manifestar un sí rotundo al acuerdo para el Poder Judicial”, enfatizó el presidente en Pretoria. “Ya dije en mi debate de investidura que teníamos la voluntad de hacer algunas reformas, como la del Código Penal. Es legítimo votar en contra o enmendar esa norma, pero otra cosa es cumplir el compromiso con la Constitución. Espero que podamos renovar por el bien de la democracia y de las instituciones”. Sánchez insistió en su apuesta por el cambio del Código Penal siempre que ERC asuma que el delito no puede desaparecer, pero sí reducir sus penas a la mitad, en línea con otras legislaciones europeas, como comentó a los periodistas que le acompañan en el viaje. “La situación en Cataluña está mucho mejor que en 2017. La situación se debe resolver por cauces políticos. Una de las principales lecciones que debemos extraer es la necesidad de homologar algunos tipos de delito en el contexto europeo”, enfatizó.

Sánchez no cedió a las advertencias del PP y siguió adelante con la sedición, aunque en paralelo el Gobierno había intentado recomponer puentes en privado. Al final, todo fue en vano. El Ejecutivo cree que Feijóo no aguantó la presión de los sectores más reaccionarios de la derecha. A pesar de que las negociaciones estaban muy avanzadas, tanto que, según el Gobierno, el pacto estaba listo a falta de anunciarlo, el PP decidió de todas formas suspender la negociación, dando al traste otra vez con la última oportunidad para un acuerdo que acabara de una vez con el pernicioso bloqueo a los principales órganos de la justicia española.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al líder del PP, al que Podemos ve “bajo presión”, de echar mano de la “enésima excusa” apelando a la reforma de la sedición en el Código Penal y mantener así un “golpe blando” a la democracia. En los mismos términos se ha expresado Yolanda Díaz, que considera que el pretexto “no es creíble”. El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha calificado de “bandazo” la decisión de los populares, y ha acusado a su dirigente de “secuestrar” las instituciones. En otra línea, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha aplaudido que se suspenda el que describe como “infame pasteleo” del PP y PSOE.