El Gobierno cambia la ley para desbloquear la renovación del Constitucional “ante el secuestro del PP”

El Gobierno ha decidido no esperar más a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden ante la postura de bloqueo permanente que mantienen 8 de los 19 vocales que todavía lo integran. Esos vocales, todos ellos elegidos por el PP, llevan cinco meses poniendo todo tipo de excusas para negarse a un acuerdo con el resto de vocales. El acuerdo es necesario porque la ley obliga a reunir tres quintos de los votos para aprobar los nombramientos. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha justificado este viernes la necesidad y urgencia de esta medida para “acabar con el secuestro del PP” de ese órgano y otros cargos institucionales como el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado y fuera de mandato. “El legislativo legisla”, ha remarcado López.

Ante ese bloqueo en el Poder Judicial y ahora también en el Constitucional, el Gobierno ha presentado ya este viernes una enmienda a la proposición de ley que han impulsado sus grupos parlamentarios (PSOE y Unidas Podemos) para reformar el delito de sedición y así reformar también la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa enmienda elimina la obligatoriedad de los tres quintos para que el CGPJ elija a los dos miembros del Constitucional y establece un nuevo sistema por el que se nombrará a los dos magistrados que saquen más votos. Según esta enmienda, a los vocales o al presidente del Consejo que, tras la aprobación de la reforma, persistan en el bloqueo, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. El texto también señala que se modificará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar la obligación de la elección simultánea de los dos candidatos del Ejecutivo y los dos del Poder Judicial.

De esa manera, saldrá elegido el candidato de los vocales conservadores y también el de los vocales progresistas. La enmienda establece un plazo máximo de tres días desde que el presidente convocó el pleno para realizar los nombramientos. El CGPJ tenía previsto celebrar un pleno el próximo 22 de diciembre para intentar un acuerdo entre los dos sectores enfrentados para elegir a los dos magistrados del Constitucional. En el tribunal de garantías la mayoría conservadora no quería dar el beneplácito a los dos magistrados elegidos por el Gobierno si el Consejo General del Poder Judicial no nombraba a los dos suyos. El Ejecutivo pretende así eliminar esa verificación por parte del Consejo para los nombramientos que le corresponden.

El Tribunal Constitucional avaló el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial por la mayoría obligatoria de tres quintos que recogía la ley para la renovación del Gobierno de los jueces. Es la misma mayoría que permite al Partido Popular imponer un veto a la renovación del CGPJ, que ya dura cuatro años. El Gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2013 para eliminar la necesidad de reunir mayorías de tres quintos para nombrar a magistrados del Supremo o los presidentes de los tribunales superiores o de las audiencias provinciales.

El PSOE recurrió esa ley ante el Constitucional, pero este órgano rechazó el recurso. Cuando volvió a gobernar, el PSOE recuperó la obligatoriedad de contar con una mayoría de tres quintos en el Consejo para todo tipo de nombramientos. Ahora, ha decidido eliminarlo para los magistrados del Tribunal Constitucional ante el bloqueo sistemático de los vocales elegidos a propuesta del PP, que ni siquiera acordaron los nombramientos cuando el Gobierno cambió la ley donde les daban un plazo para cumplir que finalizó el pasado 13 de septiembre.

Los portavoces parlamentarios de las formaciones que sustentan el Ejecutivo, Patxi López del PSOE y Pablo Echenique y Jaume Asens, de Unidas Podemos y En Comú Podem, justificaron la necesidad y urgencia de modificar esa ley orgánica del Poder Judicial ahora con este sistema en que ya se había perdido demasiado tiempo esperando un acuerdo político con el PP, partido sobre el que consideran que está “secuestrando” y “bloqueando de manera intolerable” ese poder judicial en contra del mandato de renovación que establece la Constitución.

Patxi López llegó incluso a denunciar que el PP siempre que está en la oposición se establece “fuera de toda realidad democrática” y se convierte en un partido “antidemocrático, antisistema y sin sentido de Estado”. Al Gobierno y al PSOE les acabó de convencer, para tomar esta determinación, la postura que manifestó esta misma semana el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de que no pactaría nada con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

Jaume Asens, por su parte, también argumentó esa reforma para “liberar” al Poder Judicial de esta “situación insostenible y de la anomalía y subversión del orden constitucional” del “chantaje del PP” con el objetivo de no renovar esos órganos hasta que ese partido gane las elecciones. El presidente del grupo parlamentario de UP descalificó ese comportamiento “como el peor golpe a la democracia desde el 23-F”.

Pablo Echenique insistió en esas ideas, concluyó que esos cambios llegan tarde y remarcó que su formación, UP, le recuerda en cada contacto al PSOE, y en esta negociación también, que habría que cambiar el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial para rebajar la actual obligación de la mayoría de tres quintos a un método similar al de la mayoría simple retocado ahora para el Constitucional, con algún matiz como pedir la implicación de la mitad de los grupos de la Cámara (como sucede ya para el Consejo de RTVE). El PSOE, según concedió Echenique, aún se resiste a esa modificación por los reparos que puso en su día cuando se intentó la Unión Europea.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, compareció para resaltar la gravedad de esas “reformas exprés” en mitad de estas fechas festivas, sin los informes de órganos como el Consejo de Estado o el Poder Judicial, y para concentrar todas sus críticas en una idea: “Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el Gobierno”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Gamarra, avanzaron que el PP derogará todas estas reformas, recurrirá las que considere al Constitucional y continuará en su estrategia de llevar estas protestas a organismos europeos.