Los socios de investidura se acusan mutuamente de poner en riesgo la reforma de la ‘ley mordaza’

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, se enfrenta el miércoles en el Congreso a una incierta jornada en la que se desconoce si conseguirá superar su primer trámite parlamentario. La reunión prevista de la ponencia, en la que se estudia el texto que posteriormente se manda a la comisión de Interior para su aprobación antes de ser enviado al pleno, certificará las diferencias que mantienen los seis grupos ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Bildu y Junts― que abogan por modificar la ley que aprobó el PP en 2015. La clave del desencuentro entre los socios de investidura siguen siendo los mismos cuatro artículos que han enconado las conversaciones desde hace meses: el que abordará el uso de pelotas de goma para hacer frente a las algaradas callejeras (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4), el que sanciona “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” (artículo 36.6) y la disposición adicional que avala los rechazos en frontera, conocidos como devoluciones en caliente, de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

Todos ellos parecen haber tirado la toalla de llegar a un acuerdo de último momento, y en las últimas horas han centrado sus esfuerzos en ganar la batalla del relato, con acusaciones mutuas de poner en riesgo la reforma de la ley. Para PSOE, Unidas Podemos y PNV, los acuerdos alcanzados hasta ahora mejoran de manera significativa el texto actual y justifican su aprobación. Sin embargo, ERC, EH Bildu y Junts insisten en que los cuatro artículos que los otros tres partidos se resisten a modificar son los más lesivos de la norma y aprobar un nuevo texto sin cambiarlos convertiría la reforma en fallida. Para intentar salvar el nuevo texto, en las últimas semanas las negociaciones entre los partidos han salido de las paredes del Congreso para alcanzar las direcciones de los partidos con contactos entre los dirigentes de las formaciones, según detallan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Esta batalla por el relato lleva semanas, pero ha sido este martes cuando se ha manifestado más abiertamente. El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, culpó en rueda de prensa, sin citarlos, a ERC y EH Bildu del posible fracaso de la reforma, a los que pidió que “entren en razón”. Altos cargos del Ministerio del Interior reconocen en privado que el departamento de Fernando Grande-Marlaska se opone frontalmente a que se toquen los cuatro artículos en los que no hay acuerdo.

La respuesta a las declaraciones de López de uno de los partidos aludidos, EH Bildu, llegó a través de un mensaje en la red social Twitter de uno de sus diputados en esta negociación, Jon Iñarritu, que aseguraba que la realidad era muy diferente a la expuesta por el dirigente socialista: “La ley mordaza es llamada así por los artículos más lesivos (aquellos por los que más se sanciona). El PSOE se niega a desactivarlos y propone mantener una Ley Mordaza Light, incumpliendo su promesa [de derogarla]”. En una reciente entrevista, Iñarritu mostró su convencimiento de que “el PSOE no desbloquea la ley mordaza porque es rehén de las protestas de los sindicatos policiales”, que en noviembre de 2021 se manifestaron en Madrid contra la reforma y que recientemente han anunciado más movilizaciones si se cambia la norma.

En la misma línea que el PSOE se manifestó Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, quien también ha asegurado que la reforma de la ley mordaza había entrado en “la hora de la verdad” y calificaba los acuerdos alcanzados hasta ahora de “considerables”. “Se han conseguido avances importantes, y dejar pasar la legislatura, con las actuales mayorías, sin proceder a la modificación de la ley vendría a demostrar un auténtico empecinamiento de algunas posiciones”, ha afirmado sin citar tampoco a los otros grupos. Esteban ha dejado abierta la posibilidad a un acuerdo de última hora al asegurar que existen sobre la mesa “dos propuestas intermedias” sobre sendos puntos encallados que podrían permitir superar las diferencias. Aunque no las ha detallado, fuentes de la negociación aseguran que se trata de la creación de un grupo de estudio para sustituir en un futuro las pelota de gomas, y un texto que haría que la desobediencia a los policías solo fuera sancionable cuando concurriera “oposición corporal”.

También de “decisivo” califican el momento desde Unidas Podemos, la formación que, según coinciden en señalar diferentes participantes en las reuniones, más ha hecho por acercar posiciones entre los grupos. Su portavoz en la comisión, Enrique Santiago, ha insistido a EL PAÍS que “no se puede poner en peligro el enorme trabajo realizado entre todos hasta ahora y lo ya pactado por culpa de un muy reducido número de temas puntuales que en modo alguno pueden obstaculizar que podamos acabar de una vez con los contenidos más represivos de la ley mordaza”.

Tras este cruce de declaraciones, el miércoles por la mañana se celebrará en el Congreso la que está anunciada como la última reunión de la ponencia parlamentaria, en la que, junto a los seis partidos favorables a la reforma, participan PP, Vox, Ciudadanos y Grupo Mixto, que se oponen frontalmente a los cambios. La incógnita sigue siendo saber si el informe superará este trámite y podrá seguir rumbo a la comisión de Interior, donde se seguirían negociando enmiendas antes de enviar el texto a pleno para su votación definitiva. Según detallan fuentes parlamentarias, el dictamen de la ponencia cuenta con 15 firmas y para que se envíe a la comisión debe tener, al menos, la mitad más una de ellas: ocho. No obstante, en este punto hay discrepancias técnicas entre los propios grupos.

El PSOE cuenta con tres firmas y Unidas Podemos, con dos. Junto a la firma del PNV serían seis, por lo que se necesitarían dos más. Con Junts, que tiene una firma, descartado tras mostrar su oposición al texto, y el previsible rechazo de los partidos de la derecha, serían imprescindibles las firmas de ERC y Bildu, que tienen una cada grupo. Fuentes parlamentarias aseguran que habitualmente ningún partido se opone “por cortesía” a firmar el informe de una ponencia de otra formación con la que ideológicamente está en sintonía, aunque también admiten que en este caso aún no está claro que estos dos partidos lo vayan a hacer. No obstante, estas mismas fuentes aclaran que si bien no contar con el mínimo de firmas sería un fracaso, este no supondría ni mucho menos el fin de la reforma de la ley mordaza, ya que los partidos podrían alargar la ponencia para intentar llegar a un acuerdo que ahora parece lejano.