La Fiscalía pasa de puntillas por las presiones de la trama policial al investigador del ‘caso Gürtel’

El escrito de acusación en el que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y otros implicados en el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas hace un relato pormenorizado de la actuación de la trama parapolicial que puso en marcha la llamada Operación Kitchen. Sin embargo, los representantes del ministerio público no despejan varias de las interrogantes de un operativo que tenía como objetivo final “impedir la incorporación al procedimiento judicial [del caso Gürtel] de material incriminatorio para el Partido Popular y sus máximos dirigentes”, según recalcan en varias ocasiones en su escrito. Entre esos interrogantes, destaca que la Fiscalía pase de puntillas por las presiones que varios integrantes de la trama ejercieron sobre otro policía, el inspector jefe Manuel Morocho, para dificultar sus pesquisas sobre la trama de corrupción de Francisco Correa, y que cuando cite uno de esos episodios sea para pedir que se sobresea la causa contra uno de los mandos policiales imputados.

Presiones a otro policía. En junio de 2021, el inspector jefe Manuel Morocho, responsable de las pesquisas sobre el caso Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP en esta causa, relató al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió por parte de los integrantes de la trama Kitchen para tratar de desbaratar sus pesquisas. Según testificó entonces, sus superiores maniobraron para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; también relató cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los supuestos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo. En su escrito de acusación, la Fiscalía solo hace referencia a uno de estos incidentes y, además, para pedir el sobreseimiento de uno de los procesados, el comisario José Luis Olivera, que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a la que pertenecía Morocho. Anticorrupción detalla el episodio en el que Olivera ofreció a su subordinado un destino en la Embajada de España en Lisboa, supuestamente para apartarlo de las pesquisas, pero considera que, como “no existió elemento alguno de intimidación o presión”, lo considera “un hecho jurídico penalmente irrelevante”. Al resto de los episodios, que el policía también detalló en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso, no hace alusión.

La ‘X’ de la trama. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón limitó la responsabilidad del espionaje ilegal a Bárcenas a la cúpula del Ministerio del Interior y, en concreto, al que fuera su titular en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, el procesado Jorge Fernández Díaz. El magistrado concluyó que en la causa no había indicios suficientes para enviar al banquillo a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP y exministra de Defensa de Rajoy, a la que Anticorrupción señalaba como la cabeza de la pata política de la trama. Esta decisión del juez ha sido avalada por la Audiencia Nacional, que el viernes concluía que las grabaciones de las conversaciones de la política con Villarejo, publicadas por EL PAÍS, que apuntan al papel jugado por esta, no pueden ser consideradas como indicio porque les falta el “contexto”. La Fiscalía señala en su texto que, pese a estas decisiones judiciales, no puede “descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias”, en lo que parece una sutil referencia a la política y su partido. Además, en su escrito Anticorrupción recalca en reiteradas ocasiones que el fin último del operativo era impedir que llegaran a los investigadores del caso Gürtel documentos e información “que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular [al que menciona en 24 ocasiones] y sus máximos dirigentes”.

La documentación robada. El juez García Castellón concluyó que la investigación había arrojado indicios de que, durante la Operación Kitchen, la trama “materializó el acceso a la información que guardaba [el extesorero]”. Además, algunos de los procesados, como el comisario Enrique García Castaño, admitieron ante el juez el robo de documentación de la que, según la Fiscalía, tanto él como el también comisario José Manuel Villarejo decidieron guardarse una copia “con la finalidad de poder utilizarla en su favor, presionando con su eventual revelación pública”. Sin embargo, el escrito de Anticorrupción hace referencia en tres ocasiones a unos archivos de audio con una supuesta conversación mantenida, en 2009, entre Bárcenas y Rajoy en el despacho de este último en el que el primero le entregaba una copia con datos de la caja b y este los destruía en una trituradora de papeles. Rajoy ha negado siempre esta escena. Bárcenas, que llegó a aseverar en varias ocasiones que esta grabación no existía, aseguró ante el juez del caso Kitchen que encargó sin éxito la destrucción de una de las copias, pero que otra que tenía se la robó el grupo de policías que lo espió. Anticorrupción habla en su escrito sobre esos intentos de destrucción supuestamente encargados a un preso y los seguimientos que la trama hizo del recluso, pero en ningún momento da por cierta la existencia de los audios ni se plantea dónde pudieran estar.

Asalto del falso cura. En octubre de 2020, el magistrado imputó a Enrique Olivares, el falso cura que asaltó la casa en Madrid del extesorero popular el 23 de octubre de 2013 y mantuvo retenida a su familia pistola en mano mientras, según dijo, trataba de hacerse con unos documentos guardados en un pendrive que servirían para derribar al Gobierno de Rajoy. El falso cura, que cuando fue citado por el juez se encontraba en prisión condenado a 22 años de cárcel por aquel asalto, murió en enero de 2022 cuando disfrutaba de semilibertad sin haber declarado en la causa por presentar problemas mentales. El juez llegó a pedir información sobre la relación de visitas y llamadas que recibió en la cárcel, y sobre la identidad de las personas que habían efectuado algún ingreso en las cuentas de peculio (depósito de dinero que tienen los internos en prisión para pequeños gastos), sin éxito. En su escrito, la Fiscalía ni siquiera menciona el incidente.

El ordenador y los fondos reservados. La Fiscalía concluye que la trama Kitchen gastó 57.943,43 euros de los fondos reservados ―una partida presupuestaria sometida a la ley de secretos oficiales con la que se paga, por ejemplo, a confidentes en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia― para recompensar a Sergio Ríos Esgueva, entonces chófer de Bárcenas; comprarle una pistola y cubrir diversos gastos del comisario José Manuel Villarejo. Lo que Anticorrupción no menciona es la compra de un equipo informático con fondos reservados que, según detalló el comisario García Castaño, se instaló en el despacho en Interior del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para que pudiera consultar la documentación que la trama sustraía al extesorero del PP. Durante la investigación, Interior certificó al juez la irregularidad de esa compra, ya que la ley solo contempla las adquisiciones de este tipo cuando, “por su urgencia y motivos de seguridad”, no se puedan adquirir a través de las partidas presupuestarias ordinarias. Sin embargo, ese importe finalmente no ha sido incorporado a la cantidad supuestamente malversada por la trama.

Policía por enchufe. La Fiscalía concluye que el comisario Villarejo, con el visto bueno del también comisario Eugenio Pino, que era su jefe jerárquico como máximo responsable de la Policía, y el entonces número dos de Interior, propuso que el chófer de Bárcenas consiguiera ingresar en la Policía Nacional “como mecanismo de protección que garantizase la impunidad” de los implicados en el espionaje. La propuesta se materializó en 2015, cuando Ríos aprobó la oposición y se incorporó en septiembre de ese año a la Escuela de la Policía en Ávila, de la que salió en 2017 convertido en agente. Anticorrupción señala que en la causa que “no consta de qué manera efectiva los encausados, o terceras personas, pudieron interferir en el procedimiento de acceso”, pero da por hecho que hubo irregularidades. De hecho, en el escrito pide que se declare la nulidad del nombramiento. Ríos Esgueva mantiene en la actualidad su condición de funcionario, ya que la Policía no puede expulsarlo hasta que haya sentencia firme, aunque está suspendido de funciones.