Todos los caminos conducen a Puigdemont

“¿Si el president tendrá la última palabra? Claro. Y la primera. De eso no hay la menor duda”. La política española ha entrado en una era de total incertidumbre tras el inesperado desenlace de las elecciones del 23 de julio, pero hay al menos una certeza que expone tajantemente un miembro de Junts per Catalunya: todo pasa por las manos, ya no de un partido, sino de un hombre: Carles Puigdemont. En su formación lo asumen sin rodeos. Y los dirigentes de los demás partidos que lo han sondeado estos días, a él directamente o a través de su entorno, han tomado nota. Refugiado en Bruselas, con una renovada orden de detención de la justicia española, considerado por la derecha como un enemigo público número uno y ninguneado durante la última campaña por Pedro Sánchez como una mera “anécdota”, la veleidosa aritmética electoral ha colocado en las exclusivas manos de Puigdemont la decisión sobre el futuro del país. El expresident y un reducidísimo círculo de confianza podrán otorgar a Sánchez un nuevo mandato —en una situación más enrevesada aún que la de los últimos cuatro años— o apretar el botón de la que sería la tercera repetición electoral desde 2016.

“No nos vamos a olvidar nunca de este agosto de 2023″, bromeaba el jueves, tras acreditarse como diputado en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, uno de los principales negociadores por parte socialista. Tras dos extenuantes campañas electorales, los dirigentes políticos se cogieron algo parecido a unas vacaciones y se desperdigaron por la geografía: Sánchez, a Marruecos y Lanzarote; Bolaños, a Andalucía, o los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Sumar, Yolanda Díaz, a su Galicia natal. Pero en la playa o en el chiringuito los teléfonos no han parado. Esta semana todos estarán de vuelta en Madrid con la vista puesta en el jueves 17, cuando se constituyan las nuevas Cortes, la primera batalla que se libra en este agosto ardiente.

Dominar la Mesa del Congreso equivale a controlar los tiempos parlamentarios y las barreras de acceso para las iniciativas de los grupos. Un instrumento clave, más aún en una circunstancia en que los equilibrios penden de un hilo finísimo. Esta vez, la elección de la Mesa entraña una prueba muy relevante para comprobar si hay posibilidades de tejer alguna mayoría con visos de alumbrar un Gobierno. Y todo se ha vuelto tan complicado que las negociaciones transcurren en un hermetismo a prueba de bomba.

La Moncloa ha decretado el cerrojazo informativo para no pisar ningún callo. Los socialistas aspiran a mantener la presidencia del Congreso, con un nuevo candidato tras la renuncia de la saliente Meritxell Batet. Su intención es conformar una Mesa con sus socios de Sumar, apoyados por los aliados de la última legislatura y el añadido de Junts. El PSOE dispone de un arma muy valiosa: con el control de la Mesa podría otorgar grupos parlamentarios a ERC y Junts. Ninguno de los dos, con siete diputados cada uno, cumple los requisitos —haber obtenido el 15% de los votos en todas las circunscripciones a las que concurrieron— pero ya en varias ocasiones similares a lo largo de los años se encontraron resquicios legales para sortearlo, siempre con la complicidad de la Mesa. Esquerra ya ha dado a entender que mantendrá sus fidelidades de la última legislatura. La incógnita es Junts, aferrado a un silencio impenetrable, mientras miembros del partido subrayan que disponer de grupo propio en Madrid no constituye una de sus prioridades políticas.

El PP tampoco renuncia al control de la Mesa y ha hecho sus maniobras sigilosamente. Los populares no se arredran por los continuos desaires del PNV y, según diversas fuentes implicadas en las negociaciones a varias bandas, estarían dispuestos a incorporar a los nacionalistas vascos a la Mesa. Fuentes de la dirección de Junts aseguran que incluso a ellos les han llegado mensajes de los populares, supuestamente abiertos a negociar algún arreglo sobre el órgano de gobierno del Congreso. “No nos consta ningún contacto con Junts”, replican fuentes oficiales del PP, que en los últimos días ha ofrecido versiones contradictorias sobre su voluntad de hablar con una formación a la que había anatemizado.

El PSOE intenta ceñir las negociaciones a los asuntos de organización del Congreso, sin meterse en honduras políticas, aunque estas últimas “siempre acaban entrando”, admiten fuentes socialistas. Sánchez prefiere aplazar esa discusión al momento de negociar la investidura, cuando se comprobará hasta qué punto es duro de roer el hueso de Junts.

Los dirigentes de ese partido prodigan los mensajes poco amables. “Antes veremos al PSOE haciendo presidente a Feijóo —ya lo vimos con Rajoy— que al PSOE aceptando las condiciones de Junts”, manifestó recientemente Jordi Puigneró, vicepresidente de la Generalitat antes de que Junts rompiese la coalición con ERC. “Alguien tendría que avisar a Pedro Sánchez [de] que las ofertas de saldo nivel ERC no funcionarán con Junts”, abundó. En la cuenta de Twitter del partido lucen como mensaje de bienvenida las palabras de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, la noche del 23-J: “No me temblará el pulso en absoluto para continuar manteniendo la posición de Junts. No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no la gobernabilidad del Estado español”. Hace unos días, lo remachaba la presidenta de Junts, Laura Borràs: “No tenemos ningún interés en negociar la investidura de un presidente español, tenemos interés en negociar la resolución del conflicto que España mantiene con Cataluña”.

Amnistía y autodeterminación sobrevuelan el listado de peticiones. La demanda es ambigua, pero no menor. Pivota sobre algún gesto que acerque un referéndum por la independencia —lo que nadie en el Ejecutivo ve factible— y garantías de un alivio judicial para los encausados por asuntos relacionados con el procés, desde la situación de Puigdemont a los cargos políticos acusados de malversación o las decenas de activistas encausados por desórdenes públicos. Junts se erige en un baluarte del independentismo más excitado y un sector del partido abona la idea de que la única relación válida con el Estado es la confrontación. Parte de su estrategia consiste en erosionar a ERC señalando la inutilidad de sus acuerdos con el PSOE. A este sector no le asustaría una repetición electoral. “Quien más tiene que perder es Esquerra, no nosotros”, aventura uno de sus miembros. “Y si gobierna la derecha, podremos recuperar el terreno perdido en la sociedad en favor del PSC”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, reunió por última vez a la ejecutiva al día siguiente de las elecciones y no volverá a hacerlo hasta el 31. “La ejecutiva no va a decidir nada en relación con la investidura, Turull ha decidido dejarlo todo en manos de Puigdemont”, corrobora un miembro de la dirección. Fuentes próximas al Gobierno, que han mantenido en los últimos días interlocución con Waterloo, apuntan que el líder catalán exige “reconocimiento” como cara visible del “conflicto político”.

El expresident tiene en puestos clave a personas de su confianza: Josep Rius, portavoz del partido; Albert Batet, presidente del grupo en el Parlament, y Míriam Nogueras, una de las encargadas de poner sobre la mesa las peticiones emanadas de Bélgica. Eso deja en minoría las voces del sector más pragmático, como Jaume Giró, exconseller de Economía y una voz influyente en el mundo empresarial, quien ha advertido: “Con tantas necesidades y carencias, no deberíamos menospreciar lo que algunos, en tono displicente, seguro que llaman migajas”,

Los planes del PP

Los reiterados rechazos al PP del PNV, incluso en términos desdeñosos, no han hecho desistir a los populares de reclamar su derecho a gobernar como fuerza más votada. Uno de sus diputados electos, el veterano Rafael Hernando, llegó a proclamar el viernes que el “centroderecha tiene 184 escaños”, una cuenta en la que incluía a PNV y Junts. Lo cierto es que los populares solo disponen del apoyo seguro de UPN y el posible de Coalición Canaria. Pero el PP insiste en que pedirá al Rey que permita a Feijóo presentarse a la investidura, en su condición de primera fuerza electoral, aun a sabiendas de la derrota.

El PSOE lo interpreta como una maniobra para poner en marcha la cuenta atrás hacia las elecciones. Sánchez dispondría de dos meses para intentar otra investidura y si no lo lograra consumido ese plazo, las Cámaras quedarían disueltas y los comicios se celebrarían en el plazo de 47 días. En el Gobierno creen que Feijóo puede salir escaldado del debate y que Sánchez tendrá más fuerza para buscar una mayoría alternativa. Entonces llegará la hora de la verdad con Junts. En el discurso de importantes dirigentes socialistas se empieza a abrir la posibilidad de buscar soluciones legales equiparables a la amnistía para los encausados por el procés. Para ello esgrimen opiniones de juristas de prestigio como el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol.

Entre los aliados nacionalistas del Gobierno no faltan las opiniones pesimistas, que creen que prevalecerá la intransigencia de Junts. “Está muy complicado, sí, pero, pese a todo, soy optimista”, replica un destacado miembro del Ejecutivo. “Después de pasar por una pandemia, un volcán, las consecuencias de una guerra… ¿Cómo no voy a ser optimista?”.