Camps se enfrenta a las conclusiones de la Policía en su juicio por Gürtel

El juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por su presunta implicación en el caso Gürtel se reanuda esta semana tras dos meses de parón. Según el calendario fijado por la Audiencia Nacional, la vista oral se retomará a partir de este martes con la declaración de nuevos testigos —ya han comparecido 109 en las 31 sesiones que acumula el proceso— y con los primeros interrogatorios a peritos y policías. Entre otros, los magistrados han citado para el miércoles a Manuel Morocho, inspector jefe de la Policía Nacional, quien durante más de una década ha liderado el grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encargado de investigar a fondo los compadreos entre dirigentes del PP y la red corrupta de Francisco Correa. Los informes de este agente, que volverán ahora a ponerse sobre la mesa, se han convertido en una auténtica pesadilla para el partido conservador, que ha tratado de desacreditarlos durante años. Con escaso éxito.

Con el inicio de las declaraciones de la policía, el foco volverá a centrarse en el desembarco y anidamiento de Gürtel en la Administración valenciana. Las acusaciones mantienen que el expresidente facilitó el aterrizaje de la trama, ya que mantenía una “estrecha relación” con Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de confianza de Francisco Correa, líder de la trama, en la Comunidad Valenciana. En palabras de la Fiscalía Anticorrupción, que pide dos años y medio de cárcel para el exjefe del Ejecutivo, Camps les ofreció la “posibilidad” de “expandir” sus oscuros “negocios” y les abrió de par en par las puertas de la Generalitat. “Facilitó a Pérez el acceso a altos cargos con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de la feria de turismo de Fitur y de otros eventos”, expone el ministerio público en su escrito provisional de conclusiones.

Desde que empezó el juicio en enero, las acusaciones se esfuerzan en demostrar que Camps se situaba en la cúspide de la trama y que buena parte del resto de los procesados —se sientan en el banquillo otras 25 personas, incluidos tres exconsejeros de sus gobiernos y una decena de técnicos de la Administración— ejercía de correa de transmisión y ejecución de sus órdenes originarias. Precisamente, los informes de Morocho describen una “dinámica de actuación” plagada de irregularidades en el seno de la Generalitat, encabezada por el político popular de 2003 a 2011. En uno de esos documentos, por ejemplo, el inspector jefe explica cómo se violaban los “principios de publicidad y concurrencia establecidos en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas” al contratar con Orange Market, la empresa que usaba la red Gürtel en la Comunidad Valenciana.

Morocho detalla que esa alianza corrupta implicaba el “fraccionamiento del objeto e importe de contratos por cuantías inferiores a 12.020,24 euros”, lo que permitía al Govern adjudicárselos a la trama “sin necesidad de licitación previa”. Es más, para evitar que se descubriera esta dinámica —hubiera sido muy “evidente” si todos los contratos menores se hicieran con Orange Market—, el investigador incide en que se “dio entrada” a otras empresas de Gürtel, que se limitaban simplemente a “la expedición de facturas, sin realizar ninguna actividad o servicio”. “Esta actuación se evidencia a través de los correos electrónicos hallados, donde los propios trabajadores de Orange Market piden de manera explícita la emisión de facturas por importes no superiores a 12.020,24 euros para un mismo acto”, apostilla en su informe.

En otro documento, el inspector jefe destaca la existencia de otros emails, entre empleados de Gürtel y personas vinculadas a la consejería de Turismo, que “ponen de manifiesto” los contactos que hubo antes de la adjudicación de un expositor de Fitur 2007 para “definir la oferta concreta” que Gürtel debía presentar a ese concurso. A su vez, Morocho recogió una conversación telefónica entre Álvaro Pérez y David Serra, quien fuera exvicesecretario de Organización del PP valenciano, que desvela presuntamente un encuentro que iban a tener para hablar de la elevada deuda que el partido autonómico arrastraba con Orange Market y de “la fórmula de cobro de la misma”. Según la Fiscalía, Camps también maniobró a favor de Gürtel para “contentar a sus gestores” y “favorecer sus intereses económicos” debido a esa deuda. Además de jefe del Ejecutivo, Camps era presidente del PP valenciano, cuyos actos organizaba la red de Francisco Correa.

Presiones denunciadas

Los informes de Morocho sobre el caso Gürtel han impactado de lleno en los intereses del partido conservador durante años. Tanto, que el PP ha tratado de desacreditar al policía en los juzgados —ha llegado a pedir que se supriman fragmentos de sus análisis— y en el Congreso —donde ha puesto en duda su palabra—. El inspector, por su parte, ha denunciado en la Audiencia Nacional que sufrió “presiones” y que, incluso, intentaron comprarlo con su traslado a destinos mejor dotados económicamente durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

En los juicios celebrados sobre la trama, el agente también ha jugado un papel determinante. En abril de 2021, por ejemplo, compareció en la vista oral sobre la caja b del PP nacional y, a lo largo de tres días, desgranó la contabilidad paralela y el sistema creado para pagar en negro la reforma de la sede de la calle Génova, que la Audiencia dio por probados.

Para el juicio contra Camps, el tribunal ha reservado dos días para la declaración de Morocho, según el calendario de la Audiencia Nacional.