Los sindicatos evitan apoyar la amnistía y los empresarios afirman que el diálogo social no está para reescribir la Constitución

La participación de los sindicatos en los encuentros programados con los partidos políticos en los prolegómenos del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, los próximos días 26 y 27, se enmarca dentro de un clima de “expectación”, como lo califican diversas fuentes sindicales consultadas por este diario. Desde las centrales se muestran partidarias de acudir a cualquier llamada “por el respeto institucional” que les merecen, pero, al mismo tiempo, consideran “una incógnita” los objetivos que estas reuniones puedan tener para los convocantes.

“Estas convocatorias no son habituales, pero acudiremos para ver qué nos cuenta el señor Feijóo”, indica una fuente sindical. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, está citado con el líder del Partido Popular y candidato a la investidura este martes por la tarde, y el miércoles será el turno de su homólogo en CC OO, Unai Sordo. El planteamiento con el que ambos representantes enfocan la reunión será el mismo: “Ninguna concesión ante las conquistas sociales conseguidas durante la pasada legislatura”, reconocen desde el seno de sus organizaciones. Esto incluye una defensa a ultranza del contenido de la reforma laboral, de la adecuación del salario mínimo de acuerdo con la inflación que ha derivado en continuas subidas, o de la revalorización de las pensiones, entre otros acuerdos suscritos en los últimos años.

Ante la posibilidad de que uno de los puntos centrales del orden del día de estas audiencias sea debatir acerca de la voluntad de Pedro Sánchez de negociar la amnistía que le reclama el líder de Junts, Carles Puigdemont, para empezar a negociar la hipotética investidura del presidente del Gobierno, los sindicatos no se pronuncian ―al menos con anterioridad al encuentro―, sobre su posicionamiento de partida. Y también evitan hacerlo respecto a las recientes declaraciones de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, quien el pasado sábado abogó por llegar a un pacto social con empresarios y sindicatos incluidos, como base de una futura ley de amnistía para que esta no sea unilateral. “De esa propuesta no sabemos nada. Hemos sido citados, pero no se nos ha dicho de qué va”, reconocen estas mismas fuentes.

Objetos de deseo

Lo que está claro es que los empresarios y los sindicatos se han convertido, una vez más, en el objeto del deseo de los dos posibles candidatos a liderar una investidura para presidir el Gobierno. Pedro Sánchez visitó a la cúpula patronal a finales de la semana pasada en su sede madrileña, para explicarles “en primicia” las propuestas económicas de la presidencia europea, en un claro intento de tender puentes con los dirigentes empresariales. Este lunes, ha sido el ya seguro aspirante a la investidura, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha intentado llevar a su terreno al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y todo apunta a que lo consiguió.

Según ha dicho el presidente empresarial tras este encuentro, la CEOE “está con la unidad del país, con la unidad de España” y con la Constitución de 1978. Para, acto seguido, considerar que una amnistía para los condenados por el procés no queda dentro de la Ley Fundamental. De esta forma, el líder empresarial se alineaba con el rechazo frontal del PP a plantear cualquier tipo de amnistía en España.

Por el contrario, entre los empresarios no ha tenido el mismo éxito la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz. Ni tampoco el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien el domingo, solo un día después, propuso un “consenso de país, con las fuerzas políticas, sociales y cívicas”. En este sentido, otras fuentes patronales consultadas han lanzado un mensaje claro a Sánchez y a Díaz: el diálogo social, al que apelan para estos pactos sociales o de Estado, no se creó para reescribir la Constitución. “El objetivo inicial fue el de un diálogo bipartito entre sindicatos y empresarios donde hablar de las relaciones laborales y de otras cuestiones que afectan a la economía y a las cuestiones sociales del Estado de bienestar”. Por ello, estas mismas fuentes proponen al Ejecutivo “abrir ese diálogo para discutir medidas que vayan en este sentido, no para definir las reglas políticas ni constitucionales en las que se asienta la sociedad”

Y han añadido otra petición a las fuerzas parlamentarias: “Es imprescindible que la clase política tenga en cuenta a la economía y a la empresa para construir un esquema político para el país, pero no nos van a encontrar para apoyar una propuesta partidista que genera inestabilidad política y constitucional”, en referencia a una posible ley de amnistía.