Los niños de la guerra atascados en la crisis canaria: “Me secuestraron para matar”

Al traductor le cuesta procesar lo que un adolescente maliense de 17 años acaba de contar. A pesar de llevar un año trabajando en un centro de menores de Tenerife, el trasiego del día a día le deja poco tiempo para sentarse a hablar con los chicos. Pero este jueves ha acabado formando parte de una cadena de intérpretes del bambara al francés y del francés al español. “No me imaginaba que esto pasaba”, confiesa el traductor senegalés. Frente a él, Silemane, con sus cascos verde pistacho alrededor del cuello y su bermuda manchada de lejía, vivió seis meses como niño soldado, reclutado a la fuerza por yihadistas antes de tomar un cayuco hacia las islas Canarias. “Me secuestraron en mi pueblo junto a otros chicos. Nos forzaban a limpiar, a cortar leña… Y a matar”, cuenta Silemane con los puños apretados. “Nos daban machetes para pelearnos entre nosotros. Al que se negaba, lo asesinaban. Perdí a varios amigos así, yo mismo quise acabar muerto muchas veces”.

Las embarcaciones que arriban a las islas canarias están cargadas de niños y adolescentes que, en muchos casos, se han visto obligados a dejar sus casas sin fecha de regreso. El perfil ha ido cambiando desde 2023 y los desbordados centros de acogida de Canarias se encuentran con cientos de chicos malienses huidos del conflicto en su país. Son más de 1.000 entre los 5.400 acogidos actualmente en el archipiélago. No en vano, los malienses son, por primera vez, la principal nacionalidad que desembarca en España de forma irregular. Y, aunque el país de origen no es determinante, el 96% de los solicitantes de Malí obtienen protección. Son refugiados, como los 200.000 ucranios que huyeron a España desde marzo de 2022.

El sistema, desbordado, falla para todos. Pero aún más para los niños refugiados. Y no solo falla el Gobierno canario, cuyo colapso hace impensable hablar, por ejemplo, de asistencia psicológica; también falla el Estado. Sileman, en El Hierro desde febrero de 2024, ni siquiera ha conseguido una cita para pedir asilo. Tampoco la mayoría de los compatriotas de su centro de acogida. Preguntado, el Ministerio del Interior da como referencia las citas destinadas a menores en la provincia de Las Palmas: 200 en lo que va de año, 22 al mes, poco más de una por cada día laborable. “Es urgente adoptar soluciones previsibles y estables que garanticen el interés superior de los niños y niñas que llegan a Canarias”, pide la representante de Acnur en España, Sophie Muller. “Hay que despolitizar el debate: el tiempo juega un papel fundamental, y cada minuto que pasa aumenta el riesgo de dejarles cicatrices permanentes, tanto en forma de daños a su salud mental, como obstaculizando sus oportunidades de integrarse y de construir un futuro mejor”, añade.

El joven, que sorprende a sus cuidadores porque no ha perdido la sonrisa, no recuerda la paz. Su pueblo se encuentra en Kayes, una de las regiones castigadas por el avance del conflicto que comenzó en 2012, cuando rebeldes tuaregs y grupos yihadistas se alzaron en armas en el norte del país. Cuando lo sacaron de allí a la fuerza, su familia lo perdió, quizás, para siempre. Ahora, a salvo, es incapaz de contactar con ellos: no tienen redes sociales, ni teléfonos a los que llamar. ¿Dónde está Silemane? No saben que está vivo. La última vez que lo vieron estaba siendo secuestrado por terroristas.

España tiene aún varias cuestiones pendientes en sus obligaciones de asilo. A pesar de ser el segundo país de la UE con más solicitudes —163.220 en 2023—, sigue sin invertir recursos suficientes. Un ejemplo de ello es el récord de más de 254.000 peticiones que acumula sin resolver. El asilo implica obligaciones para los países, derechos para quienes lo piden y también ayuda europea. El asilo, como también lo son los retornos, es uno de los pilares de la política comunitaria. El propio vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en su visita a un centro de menores de Tenerife —un criadero de palomas reconvertido en alojamiento para 300 chavales—, comentaba la cantidad de recursos que la UE podría aportar a Canarias para mejorar la atención a los recién llegados. Hablaba de centros nuevos, en los que no haya zulos transformados en habitaciones que tengan que estar vigilados 24 horas porque, una vez cerrada la puerta, no hay salida ante un posible incendio como ocurre ahora. Sin embargo, también se refería al refuerzo de la agencia europea de asilo —infrautilizada en España— o al apoyo para personal, instalaciones adecuadas, para los trámites de las solicitudes de asilo o intérpretes. Pero ese refuerzo hay que pedirlo.

Una mejor gestión de los niños refugiados en Canarias serviría, según el Defensor del Pueblo, para descargar responsabilidades al Gobierno canario. En plena confrontación política para sacar adelante un cambio legislativo que imponga entre comunidades una distribución de los menores migrantes, Ángel Gabilondo dio un toque de atención al Estado. Según sus recomendaciones, el Ministerio de Migraciones debería crear centros de triaje como los que se habilitaron para identificar a los menores ucranianos solicitantes de asilo. Siguiendo la directiva europea, podría acoger a los mayores de 16 años y alojarlos en los centros para refugiados de adultos. Pero, según el ministerio, no tiene competencias en los solicitantes de asilo que son menores.

Escondido en el bosque, Silemane consiguió escapar en un descuido de sus captores. La alegría duró poco. Al segundo intento, se adentró aún más en la montaña, alimentándose de “pequeños animales”. Llegó a una carretera. Detuvo a un camión. Convenció al conductor para que lo llevara a Mauritania escondido entre las mercancías. Allí trabajó un mes en una mina de oro. Su jefe le pagó la mitad de los 250 euros que le costó su pasaje en un cayuco. Cuatro días en alta mar, sin agua, rumbo a El Hierro. Un viaje clandestino y silencioso que no pudo contar a nadie.