El PSOE llamará a las interventoras de la Junta para que expliquen las irregularidades en los contratos a dedo de 2021

“Ya tenemos claro que todo el sistema de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está viciado, contaminado, se encuentra al margen de la legalidad vigente y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud”. Esta es la conclusión a la que ha llegado el PSOE de Andalucía este martes después de que este diario revelase que la Junta de Andalucía destinó 1.223 millones de euros a contratos a dedo en 2021. Y, de estos, el 92% presentaba “irregularidades”, la mayoría por fraccionamientos de pago millonarios. El portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, Rafa Márquez, ha anunciado que su grupo llamará a comparecer en la Cámara autonómica a la interventora General de la Junta de Andalucía y a la Interventora delegada del SAS para que “esclarezcan las irregularidades puestas de manifiesto en los demoledores informes de fiscalización”.

Márquez se ha preguntado si ante “la gravedad de estos hechos” el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, “va a seguir mirando hacia otro lado” o “va a poner luz y taquígrafos”. Su Gobierno, de momento, mantiene la estrategia de minimizar el alcance de las auditorías realizadas por su propio órgano fiscalizador y ha insistido en que todas las contrataciones cuentan con los “informes jurídicos y de la intervención y se publicaron en el portal de transparencia”, los mismos argumentos que han dado en las últimas semanas cuando se han ido conociendo otros informes desfavorables de la Intervención sobre la contratación en materia sanitaria del SAS.

La portavoz de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, departamento del que depende la Intervención, Carolina España, ha incidido además en que toda la contratación de 2021, que cuestionan las auditorías, se realizaron en “pleno covid”. “Se estaban subastando mascarillas y hubo hasta que adelantar los pagos a proveedores”, ha dicho España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Era un momento difícil donde el objetivo era salvar vidas”, ha enfatizado.

Sin embargo, en los informes de la Intervención se pone de manifiesto que en muchos contratos “no se establece ninguna relación de causa-efecto entre la situación provocada por el covid-19 y la necesidad concreta a atender” a través de procedimientos de adjudicación sin los requisitos de concurrencia y publicidad. En el caso de la fiscalización realizada sobre las contrataciones realizadas por la central de compras de Cádiz, se pone un ejemplo del abuso de la contratación de emergencia: “En el ejercicio 2020, en plena vorágine de la pandemia declarada, se tramitaron por vía de emergencia expedientes que supusieron un volumen de gasto de 46.020.640,67 euros, frente a ello, en 2021, una vez superada la inicial fase de desconcierto, han seguido tramitándose por la misma vía expedientes que supusieron un volumen de gasto de 40.334.555,91 euros”. En todos los informes también se señalan expedientes que no han sido publicados en el portal de contratación o comunicados al Consejo de Gobierno, cuestionando también la defensa a “la transparencia” a la que ha apelado la consejera.

Desde el Gobierno no han entrado a valorar la propuesta del PSOE de llamar a declarar a las interventoras de la Junta en la comisión de Salud, para señalar que eso es un tema que compete al Parlamento. Eso sí, la portavoz de la Junta ha censurado la posición de los socialistas por considerarla “una falta de coherencia”. En este sentido, España ha señalado que entre 2013 y 2018 el PSOE se negó a que comparecieran en la cámara los interventores pese a contar con 33 informes desfavorables, “casi el doble de los 18″, ha remarcado.

La consejera de Economía y Hacienda ha hecho alusión al total de informes desfavorables de la Intervención del SAS sobre los contratos en materia de sanidad relativos a 2020 y 2021 -los de las ocho centrales provinciales de comprar y los servicios generales-, obviando que todos ellos corresponden al período de dos años.

La comparecencia parlamentaria que propone el PSOE es factible de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pero requiere acuerdo de la comisión, que el PP, que cuenta con mayoría en todas ellas, no la apoyara, informa Lourdes Lucio. Hasta ahora, los populares han hecho uso de su mayoría absoluta y se han opuesto a las peticiones de comisiones de investigación sobre la contratación de emergencia solicitadas por el PSOE.

Esa contratación exprés realizada por la Junta entre 2021 y 2023, cuando había decaído el marco legal ligado a la pandemia que la amparaba, está siendo investigada en los tribunales e impulsada por la querella presentada por el PSOE. Fuentes de la Junta minimizan también el alcance penal de los informes de la Intervención por entender que en ellos no se aprecia menoscabo de fondos públicos, lo que determinaría la apertura inmediata de diligencias.

Las auditorías del órgano fiscalizador advierten del abuso millonario del fraccionamiento de contratos para eludir el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia y del uso injustificado de la contratación de emergencia. En el área de contratación menor, la Intervención ha detectado un 92% de irregularidades del total de muestras analizadas. En el caso de la contratación normalizada, que incluye las adjudicaciones ordinarias de bienes, servicios, suministras y obras, los contratos privados de la administración y también la contratación de emergencia, las incidencias afectan al 76,3% del total.