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El supuesto ‘casero’ de Ábalos queda en libertad tras pasar dos meses en prisión por la trama de hidrocarburos

La Guardia Civil suelta a los cuatro detenidos este lunes por su relación con la red; entre ellos, la empresaria que aseguró haber entregado bolsas de dinero en la sede del PSOE

Claudio Rivas, de caza, en una imagen interceptada por la Guardia Civil.
Claudio Rivas, de caza, en una imagen interceptada por la Guardia Civil.

Santiago Pedraz, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha decretado este martes la libertad de Claudio Rivas, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama, principal cabecilla del llamado caso Koldo. Rivas permanecía en prisión desde el 10 de octubre, cuando el magistrado decretó su reclusión junto a Aldama por su implicación en una presunta trama especializada en el fraude de hidrocarburos. Los nombres de ambos empresarios también constan en el sumario que cerca a José Luis Ábalos, exministro de Transportes de Pedro Sánchez (PSOE). Según los investigadores, por petición de Aldama, Rivas se encargó de adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara el ex secretario de Organización socialista.

La decisión de Pedraz se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la puesta en libertad de Rivas. El ministerio público, que ya solicitó el 21 de noviembre que se esxcarcelara a Aldama tras confesar en el caso Koldo, considera que no es necesario mantener entre rejas a Rivas, al haber “quedado muy atenuada” su capacidad de “impedir o dificultar” el avance de las pesquisas sobre la trama de hidrocarburos. A Rivas se le sitúa detrás de la empresa Villafuel, dedicada al sector de los combustibles e implicada en esta investigación sobre el fraude del IVA.

Al igual que ocurrió con Aldama, tras recibir el escrito del fiscal, al juez Pedraz no le ha quedado otra que decretar la libertad de Rivas. La ley no permite mantener en prisión a un investigado sin que haya una acusación que lo reclame. “El juez deberá acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes personadas solicita la prisión. En este procedimiento, al estar la causa bajo secreto y no concurrir acusaciones, salvo la del ministerio fiscal, si este y su defensa ha instado la libertad del empresario, el magistrado debe acordarla”, ha explicado la Audiencia Nacional en un comunicado.

Otros cuatro detenidos

Paralelamente, la Guardia Civil ha dejado en libertad este martes a los cuatro detenidos el lunes dentro de estas mismas pesquisas sobre el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Entre los cuatro arrestados, ahora en libertad, está María del Carmen Pano Sánchez, la mujer que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz, según confirman fuentes cercanas a la investigación (que subrayan, no obstante, que su detención no tiene que ver con ese hecho, sino exclusivamente con el caso de fraude fiscal). Los otros tres detenidos eran la hija de Pano, Leonor González; el empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama; y el también directivo Carlos del Castillo. Todos deberían ser llamados a declarar por el juez próximamente, según fuentes próximas a las pesquisas.

Víctor de Aldama y Alberto Escolano, en una imagen de archivo.
Víctor de Aldama y Alberto Escolano, en una imagen de archivo.Emilio Fraile

La investigación, que instruye el juez Pedraz, apunta a la comisión de un fraude de más de 220 millones de euros en el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos. La operación del lunes incluyó varios registros en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, que se saldaron con la intervención de numerosa documentación, que tendrá que ser ahora analizada en la búsqueda del dinero que presuntamente la trama ocultó sirviéndose de una “importante estructura societaria con la que ejecutarían el fraude fiscal”, según fuentes jurídicas.

El juez Pedraz sostuvo en una de sus resoluciones que “la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados”. Los primeros cálculos apuntaban a un fraude de, al menos, 182 millones de euros en 2022 y 2023, pero las nuevas pesquisas añaden a esa cifra otros 45 millones hurtados a Hacienda en 2021. La Guardia Civil, por otro lado, había apuntado en uno de sus informes que el empresario Luis Alberto Escolano —uno de los cuatro arrestados el lunes— “estaría siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero”.

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