Ábalos responde a la petición de su suplicatorio con denuncias contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción

José Luis Ábalos pasa al contraataque. El exministro socialista de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE ha registrado en la Fiscalía General del Estado este jueves una iniciativa en la que denuncia una actuación ilegal de agentes de la Guardia Civil hace ya meses en la que le habrían interceptado un sobre con mensajes que portaba el hermano de Koldo García y que él cree parte de una operación sin soporte judicial. Ábalos usó su plataforma como diputado ahora adscrito al Grupo Mixto, porque fue expulsado del socialista, para comparecer en el Congreso y denunciar esa actuación de la Guardia Civil, pero también los pactos que cree ha alcanzado el comisionista y cerebro de la trama, Víctor de Aldama, con la Fiscalía Anticorrupción. El diputado no piensa renunciar a su acta y volvió a insistir en que él no se ha enriquecido, que no están demostradas las mordidas y el aumento de patrimonio de Koldo García y en que Aldama no debería ser de fiar.

El que fuera número dos del PSOE en la primera etapa en el Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses denunciando, en distintas comparecencias, que en el caso Koldo, en el que se ve afectado, se han vulnerado sus derechos constitucionales y en especial su privacidad. Este jueves, en medio de un pleno que se prevé muy complicado para el Gobierno y para el partido del que formó parte sustancial y que ahora le ha abierto un expediente de expulsión, Ábalos citó a la prensa para explicar que el miércoles registró una denuncia en la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de intercepción de su correspondencia privada, según el artículo 535 del Código Penal.

El exministro aludió así a una acción que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2023. Entonces todavía Koldo García, su exasistente en el Ministerio y el PSOE, aún colaboraba con él y, durante una conversación grabada e incorporada al sumario, el exasesor le pidió a su hermano, Joseba García, que llevase al exministro una documentación que le habían dado en el Ministerio de Transportes. Koldo García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez. El Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil puso en marcha entonces un operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo y donde debía recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia.

El dispositivo de control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido por Joseba García y este les contó a los agentes que se dirigía a esa ciudad para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al litigio que mantenía con un abogado, Ramiro Grau, que le negaba la documentación pedida sobre el expediente de contratación con Soluciones de Gestión. El sobre también contenía en papel el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese organismo. La Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos: “Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del Ministerio fueron adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. Ábalos explicó más tarde que había pedido esa documentación para preparar la demanda contra ese letrado, al que reclamó una indemnización de 70.000 euros.

El exdirigente socialista entiende que toda esa operación de la Guardia Civil es ilegal, no tiene soporte judicial y que la Fiscalía debería defender sus derechos en un Estado democrático “al margen de cómo pueda caer un determinado personaje”, en referencia a él mismo. El exministro ha pedido varias veces en su condición de diputado respuestas de ese operativo a través de las Cortes al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y se la respondido, él cree que muy “escuetamente”, que todas las actuaciones de la Policía Judicial van acompañadas de mandatos judiciales. Una respuesta que no le satisface. Reclama a Marlaska, en su condición de juez, mucho más.

Ábalos intentó limitar su comparecencia solo a ese asunto pero los periodistas le preguntaron en varias ocasiones por su situación política y judicial, ahora que el Tribunal Supremo ha demandado ya al Congreso formalmente su suplicatorio y que el propio Aldama le ha señalado claramente en su declaración ante ese tribunal. El diputado del Mixto negó de nuevo que él se haya enriquecido y apeló ahí a su modo de vida para demostrarlo. También rechazó ningún pacto en su estrategia de defensa ni con Koldo García, que sustentó en su exposición ante el Supremo que Ábalos no estaba al corriente de nada, ni con el PSOE o con el Gobierno, con los que dijo que no ha tenido ningún tipo de contacto. Eso sí, sobre Koldo García apostilló que él ha facilitado una pericial en la que desmonta las teorías sobre el aumento injustificado de su patrimonio.

El diputado sí quiso apuntar, sin embargo, que le parece algo más que extraño el posible pacto que haya logrado el propio Aldama, al que llamó “delincuente confeso, con la Fiscalía Anticorrupción para permitirle la libertad tras haber ingresado en prisión y después formular una declaración ante el tribunal “para incriminar a miembros del Gobierno a cambio de obtener la libertad en el mismo día”. Ábalos hasta se permitió ahí presumir del nivel y cantidad de documentos que él ha aportado en la causa, muchos de ellos basados en informes y auditorías internas del actual Ministerio de Transportes, frente a las meras fotocopias de otros imputados.