La asociación progresista de fiscales califica de “claramente inquisitivo” el trabajo del juez que investiga a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Álvaro García Ortiz antes de acceder a su actual cargo de fiscal general del Estado, ha enviado a todos sus asociados una carta en la que atribuyen al juez del Tribunal Supremo que investiga tanto a García Ortiz como a la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de dictar resoluciones que “responden a un modelo de investigación penal claramente inquisitivo, más basado en el intento de acreditar la culpabilidad en la que se cree que en el de averiguar la verdad”. En la misiva, firmada por el secretariado de la asociación y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la UPF cuestiona la instrucción del juez Ángel Hurtado, que ha imputado por revelación de secretos a García Ortiz y a Rodríguez por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal.

La carta de UPF no cita explícitamente ninguna de las actuaciones de Hurtado, pero el texto apunta a algunas como la decisión de registrar los despachos de los dos fiscales investigados, ordenar el volcado de sus teléfonos y ordenadores o el auto dictado esta semana en el que el juez critica a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, por pedir el archivo de la causa.

Según la asociación de fiscales progresistas, el juez toma “meras elucubraciones por indicios, contradiciendo abiertamente la propia doctrina del TS (Tribunal Supremo)” adopta “diligencias de investigación gravemente invasivas y desproporcionadas” y se demora en otras solicitadas por la defensa. Además, le señalan por “no extremar las precauciones para impedir filtraciones de datos y conversaciones de los investigados o de su entorno, así como denigrar el trabajo técnico jurídico de aquellos profesionales de la fiscalía que han adoptado una posición fundada, motivada y respetuosa”.

Lo que se está instruyendo ante el Tribunal Supremo, señala la asociación, “no es una causa penal contra dos personas concretas que ostentan la Jefatura de la FGE o la Jefatura Provincial de Madrid”. “No se está juzgado la actuación profesional de dos fiscales que hayan actuado buscando un provecho, beneficio o ventaja de algún tipo, sino la respuesta institucional que dieron ante informaciones falsas que pretendían asimilarnos a un mero y vulgar apéndice del Poder Ejecutivo. ¿No merecería, solo por eso, legítimas discrepancias aparte, la solidaridad de todos los fiscales? ¿No deberíamos haber actuado todos a una pensando que la causa que hoy se sigue con estos dos fiscales, mañana puede dirigirse contra cualquiera de nosotros?, ¿qué mecanismo institucional de protección vamos a tener entonces?”, se pregunta el secretariado de la UPF, cuyos miembros aseguran asistir “atónitos” a “la consagración de la amputación de la independencia del Ministerio Público jaleada por un coro de voces políticas, mediáticas y jurídicas.

La UPF ha enviado el día después de que se conociera que el teléfono móvil del fiscal general no conservaba ningún mensaje enviado ni recibido entre el 8 y el 14 de marzo pasados, la franja de tiempo analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden judicial. Según el informe elaborado por los agentes, en el correo electrónico de García Ortiz sí hay correos relacionados con la pareja de Ayuso, pero de esos mensajes se deduce que el fiscal general recibió el correo cuya filtración se investiga después de que el contenido de ese mail se publicara por primera vez en la Cadena Ser, el primer medio que aludió a él.