Afrontar la dana sin ayudas ni papeles: “Emigramos para enviar dinero a nuestros países y no al revés”

Fabián Leal, migrante colombiano de 49 años, fue obligado a ir a trabajar el lunes siguiente a la dana que sacudió Alfafar (Valencia, 20.000 habitantes) el 29 de octubre. La riada devastó este municipio valenciano de 22.000 habitantes, cubriendo cada calle con una densa capa de lodo y dejando cerca de 15 víctimas mortales, pero su jefe le insistió que, si no llegaba, perdería el puesto como técnico electricista. Leal, residente en esta localidad desde hace dos años, quería quedarse y ayudar a los vecinos, pero terminó cediendo. “Es lo que sucede con los extranjeros sin papeles, no podemos elegir ni reclamar nuestros derechos porque pensamos que cada oportunidad es irrepetible”, relata. Leal tuvo que recorrer a pie los 10 kilómetros que separan Alfafar y Aldaia para llegar aquella jornada a su puesto de trabajo.

Antes del paso de la gota fría tuvo que lidiar con un empleo de hasta 12 horas diarias y 30 minutos de descanso por menos del salario mínimo interprofesional, sin un contrato ordinario de trabajo y pagado “en negro”. Hace un año obtuvo su puesto en un taller de montaje y mantenimiento eléctrico de Aldaia, gracias a un permiso temporal concreto. Pero dicho recurso legal, que se aplica a quienes piden asilo, caducó hace unos meses. Su esposa, Andrea Galvis (48 años), que atraviesa una situación legal idéntica, también perdió su empleo en una inmobiliaria, que cerró por los daños que provocó la dana.

Dos semanas después del desastre, Leal no pudo más. Acudió a urgencias después de experimentar una inexplicable sensación de agobio. “Si sigue trabajando, usted se va a morir”, le dijo la doctora que le atendió. Leal, cansado de caminar ocho horas diarias para llegar al trabajo, llamó a su jefe y renunció. Este le respondió: “Tú no eres nadie y no tienes nada y en un momento voy a la comisaría a denunciarte por estar indocumentado”, asegura. Aunque las amenazas se quedaron en palabras, ese día comenzó otra batalla y la más dura para este migrante colombiano: sobrevivir sin papeles al complejo panorama económico que dejó la catástrofe.

Un informe elaborado por Cámara de Comercio de Valencia estima que dos terceras partes de los 8.106 locales afectados por la dana han sufrido daños directos. Por ende, el trabajo escasea en las zonas afectadas. Y mudarse no es una opción. La oferta es muy limitada, por no decir inexistente, y sin papeles, es casi imposible encontrar alternativas de vivienda. La situación de Leal, sin embargo, se repite por miles.

Un estudio de Oxfam calcula que en la Comunidad Valenciana residen cerca de 40.000 extranjeros en condición irregular. Esta cifra supera el censo de localidades como Paiporta (25.000), Catarroja (30.000) o Aldaia (32.000). El presidente del Observatorio Valenciano de la Migración, Francisco Mora, expone que se encuentran particularmente afectadas las familias monoparentales y aquellos colectivos migrantes con dificultades idiomáticas; los residentes en viviendas sin cédula de habitabilidad o que no hayan tenido la posibilidad de empadronarse, y las personas mayores de 55 años con dificultad de acceso al mercado laboral.

Desde que dejó su anterior empleo, Leal ha encadenado pequeñas labores de reparación de conexiones eléctricas dañadas por la dana para poder juntar los 700 euros que paga por su piso en Paiporta, donde vive junto a su esposa y a un hijo de 14 años. Cuenta que ha recibido diversas ofertas laborales, pero que debido a su situación administrativa, no puede aceptar ninguna. Recuerda que en noviembre tuvo que pedir dinero a familiares en Colombia para juntar el dinero de la renta del alquiler. “Se supone que migramos para enviar dinero a nuestros países de origen y no al revés”, lamenta.

Ni el cuidado de personas mayores, que habitualmente ha significado una fuente de trabajo estable en la zona —especialmente para las mujeres—, parece una opción en este momento. “Gran parte de las familias se han llevado a sus mayores a casa o a residencias”, explica Silvana Cabrera, portavoz del movimiento estatal Regularización Ya, “por lo que hay cientos de empleadas domésticas que, al perder su trabajo, perdieron su vivienda”.

Este es el caso de Nilka Baena, quien recuerda como si fuera ayer cómo una lengua de agua lodosa penetró en el primer piso donde vivía a cargo de una persona de 92 años. “Lo primero que pensamos mi hija y yo fue en socorrer a la persona mayor a mi cargo; logramos subirla al segundo piso cuando el agua nos llegaba a la cintura. Se perdieron todos nuestros documentos, incluyendo los pasaportes, pero salvamos una vida”, reconstruye Baena, de 46 años, quien ha trabajado para esta familia en Massanassa por dos años. Sin embargo, sus problemas también aumentaron tras la riada. Esta mujer originaria de Bogotá (Colombia), y que no ha conseguido regularizar su situación, relata que a los pocos días se llevaron a la persona mayor a su cargo a una residencia y de repente se quedó sin trabajo y en la calle. La compleja situación de vivienda que atraviesa España, se plantó como un muro frente a ella. Nadie quería alquilar un piso a una mujer migrante sin documentos y con una hija menor. La esperanza la encontró en Jalance, un pueblo a dos horas de Valencia. En este municipio de 800 habitantes plantea iniciar su vida.

Baena relata que ha podido sobrevivir en Massanassa gracias a la labor de organizaciones sin ánimo de lucro y a las donaciones. Aunque incluso para recibir este último tipo de ayudas tuvo que afrontar un episodio de racismo. “Fui a pedir una chaqueta porque no teníamos lavadora para mantener la ropa limpia, pero en el puesto de ayuda me dijeron que no quedaban más, pese a que a través de la ventana vi que tenía cientos de abrigos amontonados”, recuerda.

Cabrera, de Regularización Ya, ha recorrido por semanas las calles de los municipios afectados y conoce de primera mano las dificultades de sobrevivir en situación irregular, reconoce que la situación era insostenible para muchas mujeres y expone que muchas han tenido que volver a su país de origen. También denuncia otras acciones que ha visto en los pueblos afectados: “En Paiporta están pidiendo documentos para entregar ayuda esencial como comida o productos de higiene, lo que dificulta más aún la situación que viven muchas familias de migrantes en situación irregular que se han quedado sin trabajo y que no pueden conseguir uno”. Si bien el Gobierno prepara medidas para prorrogar las autorizaciones de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados, la medida tendrá un impacto más limitado del inicialmente esperado porque solo beneficiará a los extranjeros en situación regular o pendientes de la concesión de una autorización.

El grifo de las ayudas estatales también está cerrado por completo para quienes no cuentan con un permiso de residencia. Leal ha hecho cola varias veces en el Ayuntamiento de Alfafar, pero siempre le dan la misma respuesta: “Hay prioridad para los propietarios de viviendas afectadas”. Tampoco podrá recibir ninguna compensación por el coche que perdió el 29 porque no estaba a su nombre. La falta de un método de transporte hace que cada día sea un laberinto. Cuenta que los autobuses locales no le permiten ingresar con su maletín de herramientas, lo que dificulta que pueda salir de Paiporta a trabajar.

Tanto él como Baena han puesto sus esperanzas en iniciativas como la de una veintena de clínicas jurídicas de universidades españolas, en la que piden “otorgar autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales”. En paralelo, esperan que el nuevo reglamento de extranjería que entra en vigencia en mayo agilice la posibilidad de buscar trabajo. Esa es su prioridad y su mayor deseo para 2025. “Migramos porque queremos estar mejor que en nuestro país, no al contrario”, zanja Baena.