Albares niega un procedimiento extraordinario para los disidentes rusos en un limbo en España

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha referido este lunes en Bruselas al caso de los 65 opositores rusos que se mudaron a Madrid a instancias de las gestiones de diplomáticos españoles y que permanecen ahora en la irregularidad. Albares ha rechazado que su departamento prometiera un procedimiento especial y agilizado a este grupo, en el que se encuentran prominentes activistas, periodistas o aliados de Alexéi Navalni, principal opositor del presidente Vladímir Putin hasta su muerte en febrero del año pasado en una prisión de Siberia en circunstancias que apuntan al régimen. El jefe de la diplomacia española ha recordado que los procedimientos de asilo —no ha hecho referencia a la posibilidad de un permiso de residencia por circunstancias humanitarias o excepcionales— son siempre “individuales” y ha asegurado que se estudiarán “caso por caso” todas las peticiones.

“No existen procedimientos más allá de los procedimientos legales y los procedimientos de concesión de asilo son siempre individuales. Por supuesto, se va a analizar, caso por caso, todos los casos”, ha dicho Albares en Bruselas ante una pregunta de EL PAÍS. El reproche de los 65 opositores rusos a Exteriores no es porque quieran acogerse a algún procedimiento no recogido en la ley, sino porque aseguran que desde Exteriores se les ofreció facilitarles la obtención de una autorización para poder vivir y trabajar legalmente en el país. “No pedimos asilo en su momento porque no fue lo que se nos prometió, ahora no podemos esperar meses o años para obtener un permiso de residencia. De haberlo sabido, nunca habríamos venido aquí”, reclama Aleksandr Shurshev, colaborador de Navalni y uno de los afectados.

El caso se remonta al verano de 2023, cuando los representantes de la organización Free Russia Foundation, que dice reunir y apoyar la mayor comunidad de disidentes rusos, inició una serie de conversaciones con diferentes cargos del Ministerio de Exteriores que, según ha podido comprobar EL PAÍS, les asistieron y les dieron instrucciones sobre los procedimientos a seguir. El grupo se encontraba exiliado en ese momento en Georgia, pero la deriva autoritaria y de acercamiento al Kremlin de su Gobierno dejó de ofrecer condiciones de seguridad a los opositores de Putin. Los diplomáticos se comprometieron a dar apoyo, visados y permisos de residencia a 206 miembros de su organización, mantiene Egor Kuroptev, coordinador del grupo.

La coordinación se puso en marcha y cerca de un año después, 65 personas obtuvieron el visado correspondiente para llegar a Madrid. No fue una gestión menor, teniendo en cuenta las restricciones que desde 2022 impone la UE en la emisión de visados a ciudadanos rusos. Y, en primavera de 2024, dos de ellos solicitaron una autorización de residencia a la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del ministerio que dirige Elma Saiz, en lo que se suponía que era una especie de prueba piloto consensuada entre ministerios.

Se trataba de aplicar la disposición adicional 1.4 del reglamento de Extranjería que permite a la Secretaría de Estado de Migraciones conceder autorizaciones de residencia en, por ejemplo, “supuestos no regulados de especial relevancia”. Es una fórmula rápida, excepcional, relativamente discrecional y una especia de cajón de sastre. “Fue una gestión a petición de Exteriores”, explican fuentes involucradas en el caso. “Si no hubiera sido así, no se podrían haber tramitado. Se pidió, se reunían los requisitos y se hizo”, detallan estas fuentes. La misma disposición, en teoría, se aplicaría a los siguientes, por grupos, pero no se hizo.

El ministerio no se refiere a esta vía y ha recomendado al grupo de opositores que pidan asilo, en un sistema que está colapsado y que les puede llevar meses para conseguir una cita. “Los procedimientos para dar protección a aquellas personas que lo necesitan por parte de España son muy conocidos, y los procedimientos son individualizados, se estudian todos los casos individualizadamente”, ha replicado Albares, que participa este lunes en el Consejo de Exteriores de la UE donde la guerra en Ucrania y la posibilidad inminente de un alto el fuego centran buena parte de las discusiones. “Desde luego, aquellas personas que necesitan la protección de España, como siempre hemos hecho, se les concederá”, ha agregado.

Pero no es lo que está sucediendo. Aunque los opositores rusos no han optado todavía por pedir asilo, 14 de ellos sí solicitaron autorizaciones por circunstancias humanitarias. Ocho de ellos ya han recibido una denegación por el siguiente motivo: “No ha quedado acreditado que el retorno de la persona interesada al país del que es originaria implique un peligro para su seguridad o la de su familia”.

España ha facilitado en diversas ocasiones los procedimientos de regularización y asilo a distintos colectivos. Lo hizo en agosto de 2022 con los afganos, que fueron identificados nada más aterrizar en Torrejón de Ardoz y pudieron pedir asilo por una vía preferente. También se habilitó un procedimiento exprés de solo 24 horas para los refugiados ucranios, a los que toda la UE concedió una protección temporal. En mayo de 2023, el propio Albares prometió la nacionalidad española a los nicaragüenses que fueran desterrados y desnacionalizados de su país.