La Junta de Andalucía admite por primera vez un posible menoscabo de fondos en los contratos sanitarios de emergencia

Giro de la Junta andaluza (PP) en el caso de los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Tras meses de repetidas negativas sobre la existencia de irregularidades, el Ejecutivo autonómico ha admitido este lunes la posibilidad de que se haya producido un menoscabo de fondos públicos en los contratos firmados por un fraccionamiento indebido y masivo de las concesiones a empresas de la sanidad privada. La jueza Rosa García, que investiga una posible malversación en la concesión de 235 millones en contratos de 2021 en la provincia de Cádiz, acaba de admitir la personación de la Junta como perjudicada.

Dos veces la Junta pidió personarse en la causa de Cádiz y la magistrada le respondió que para permitirle personarse antes debía aclarar si lo hacía en condición de acusación o como perjudicada, una posición vital para determinar su postura al respecto. Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha pedido su personación como perjudicado y la jueza la ha admitido, según ha avanzado este lunes la Cadena SER y ha confirmado este diario.

“El Servicio Andaluz de Salud, como posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas, manifestando expresamente la intención de reclamar los daños causados”, reza el escueto escrito de la Junta, de una sola página en la que resume su intención de personarse como perjudicada ante la posibilidad de que las arcas públicas hayan resultado perjudicadas. La jueza aceptó la personación en una providencia fechada hace una semana.

El Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz investiga si los dirigentes de la Junta trocearon de manera artificial los contratos sanitarios adjudicados por la central de compras del SAS en esa provincia, después de sumarse al Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla que investiga las concesiones por las que están imputados la directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Podemos Andalucía, partido personado como acusación en la investigación de Cádiz, ha celebrado el cambio de postura de la Junta: “Es curioso ver al Gobierno andaluz en su evolución, pasando de decir que no había caso a personarse en una causa que investiga millones y millones de euros de contratos troceados. El Gobierno de Moreno Bonilla se ha estado saltando la ley, ha estado beneficiando a empresas privadas, a clínicas privadas y haciendo mucho daño al Sistema Andaluz de Salud”, ha criticado su coordinadora general, Raquel Martínez.

Para Podemos, el presidente andaluz “tiene que dar explicaciones, porque hasta ahora solo se ha escondido. Pero la gente ya se va dando cuenta de que no hay PP bueno, que ya nos está ocurriendo como en Madrid o Valencia”.

La estrategia de la Junta ha sido achacar las pesquisas judiciales, nacidas por los reparos de la Intervención General al procedimiento de gasto y tras una denuncia del PSOE andaluz, al interés político de la oposición para desgastar al Gobierno regional. La portavoz de la Junta, Carolina España, dijo a principios de enero que la causa “se desinfla cada día que pasa”. “De alguna forma, ha pinchado la burbuja de esa denuncia del PSOE cuyos representantes decían que había un gran escándalo. Se demuestra que solo hay una estrategia del partido socialista para atraer a Andalucía el bulo, la mentira y el fango”, zanjó. El único matiz del Ejecutivo en dirección contraria ha venido por parte de Moreno, cuando en una entrevista mencionó que podía existir “un reproche administrativo”, pero sin trascendencia penal.

Desde el comienzo de la judicialización del caso de los contratos de emergencia, la Junta ha echado balones fuera de manera repetida. El Ejecutivo ha defendido la actuación de sus dirigentes sanitarios en la contratación sospechosa de irregularidades nacidas con la pandemia por coronavirus en 2020. La semana pasada el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, que diseñó el sistema de contratación ahora cuestionado, José Antonio Miranda, fue destituido después de comenzar su gestión en 2019.