El Gobierno responde al informe del CGPJ: propone que los preparadores de opositores a jueces ejerzan gratis

El Gobierno estudia que los jueces que ejercen como preparadores de opositores a la carrera judicial desempeñen es labor de forma “gratuita”. Así ha respondido el Gobierno al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma de la carrera judicial que aprobó este miércoles el pleno de ese órgano y que cuestionaba las medidas de transparencias para los preparadores de oposiciones que prevé el anteproyecto de ley. Según el texto del Consejo, los magistrados que dedican tiempo a preparar a futuros jueces lo hacen más como una “obligación moral/deontológica” que se ejerce con “fines generosos” más que “mercantilistas”.

La propuesta lanzada este jueves por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es el primer choque, soterrado pero evidente, entre el Gobierno y el renovado órgano de gobierno de los jueces presidido por la progresista Isabel Perelló. El origen del conflicto es el informe preceptivo del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros en enero pasado y que prevé cambios en el actual sistema de oposiciones para facilitar el acceso a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, modifica el actual modelo de examen y contempla incrementar el número de jueces agilizando el acceso por el llamado cuarto turno (reservado para juristas de reconocido prestigio) y acabando con la situación de interinidad de cientos de jueces sustitutos.

El informe del Consejo aplaude algunas de las medidas, pero critica otros aspectos clave y advierte de que el anteproyecto de ley incorpora “ciertas innovaciones de calado” que “pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas para alcanzar los objetivos perseguidos por el legislador tanto por razones de técnica legislativa, como por los objetivos que la reforma quiere alcanzar”. Ese dictamen es fruto de un acuerdo entre los grupos progresistas y conservador a partir de un primer documento muy crítico elaborado por el gabinete técnico del CGPJ.

Entre las novedades de la reforma legal cuestionadas se encuentran las medidas previstas para acabar con el cobro en negro por parte de los preparadores de oposiciones a la carrera judicial y fiscal, una práctica extendida. Para ellos, el anteproyecto prevé que sea obligatorio que todos los jueces que ejerzan como preparadores de opositores pidan la compatibilidad para preparar a los aspirantes a la carrera —actualmente solo tienen que pedirlo los que superen un determinado número de horas—. La reforma que prepara el Gobierno contempla que los interesados se tendrán que inscribir en un registro público de preparadores.

El informe del CGPJ reprocha esta medida y sostiene que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una “labor inherente y consustancial al ejercicio de la función que desempeña el juez o magistrado y que constituye una manifestación más de su competencia profesional”. “Desde este punto de vista, tal actividad ha de ser entendida como una obligación moral/deontológica en cuanto que una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial, sin olvidar que, en muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas”, recoge el texto del CGPJ.

Fuentes del Ministerio que dirige Félix Bolaños han anunciado que el Gobierno está evaluando “diferentes mejoras del texto a partir de las recomendaciones del Consejo”. “Por ejemplo, en el ámbito de la preparación a opositores por parte de jueces en activo, que el informe define como una ‘obligación’ que asumen los jueces de manera ‘generosa’ el Ejecutivo está analizando una posible reforma que garantice el carácter gratuito y altruista de esta preparación por parte de los que ahora ejercen esta actividad movidos por dicha obligación deontológica”, añaden estas fuentes.

Las medidas de transparencia propuestas por el Gobierno para los preparadores de oposiciones son uno de los aspectos que más debate generaron en el seno del CGPJ durante la elaboración del informe porque algunos vocales las entendían como una sospecha generalizada por parte del Gobierno hacia quienes ejercen esta labor. Fuentes de ese órgano aseguran que más del 90% de los preparadores piden ya la compatibilidad para desempeñar esta tarea y que condicionar la obtención de beca a la presentación de la factura de un preparador limitaría ya la opacidad.

El Ejecutivo asegura estar “satisfecho” con el informe aprobado del CGPJ porque considera que avala “el núcleo del anteproyecto” de ley: el blindaje legal de las becas para acceder a los principales cuerpos de la Administración de Justicia, la clarificación de la carrera profesional de jueces y magistrados, la regulación “garantista” de los principios de selección o el voto telemático para la elección transparente de las salas de gobierno de los tribunales.

Fuentes del Ministerio de Justicia señalan que la mayoría de objeciones que hace el informe son “recomendaciones de carácter técnico para reforzar algunos aspectos del texto” que el Gobierno va a analizar “de forma pormenorizada” antes de remitir el anteproyecto al Congreso de los Diputados para plantear posibles cambios, como la de los preparadores de oposiciones. “La emisión de este informe asienta la pertinencia de los cambios buscados por el Gobierno y permite continuar con una norma clave para la mayor transformación y modernización de la Justicia en décadas emprendida por el Ejecutivo”, señala el Gobierno.