La Audiencia Nacional rectifica y juzgará a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional rectifica. La Sala de Apelación ha acordado que, en contra del criterio adoptado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del mismo tribunal, debe celebrarse el juicio contra el empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, por cometer un presunto delito de cohecho al hacerse con los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto. Esta decisión supone que el exdirectivo se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional por contratar al comisario, pero también deberá afrontar otra vista oral en el Juzgado de lo Penal 10 de Madrid por los efectos derivados de ello: las presuntas amenazas, coacciones e, incluso, acuchillamiento de Pinto.

Con esta resolución de la Sala de Apelación, el caso se enmaraña aún más. Las acciones de hostigamiento a la doctora se investigaron por separado: el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional se centró en el delito de cohecho; y un juzgado ordinario de Madrid en los delitos continuados de coacciones, amenazas, lesiones y contra la Administración de Justicia. Una vez acabadas sus respectivas pesquisas, ambos órganos decidieron enviar a juicio a López Madrid y a Villarejo por ambos sumarios, pero la Fiscalía decidió que solo iba a acusar en el proceso seguido en los juzgados ordinarios —en el que pide 13 años de cárcel para ambos procesados—.

Esta situación provocó que Elisa Pinto se quedara sola en la causa de la Audiencia Nacional, donde estaba personada como acusación particular (Podemos abandonó la acusación popular que ejercía). Y, antes de celebrarse la vista en este tribunal, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal consideró que ella no estaba legitimada para acusar por un delito de cohecho y, como el ministerio público no reclamaba ninguna condena, el sumario debía archivarse. Sin embargo, la Sala de Apelación rectifica y considera que la doctora puede continuar como acusación popular y que, “por obvias y garantistas razones de Justicia”, debe celebrarse la vista oral contra López Madrid y Villarejo.