Las claves de la guerra por los 65 millones entre el rey emérito y Corinna Larsen

No es solo una cuestión de honor. Continúa la soterrada contienda entre Juan Carlos I y su expareja Corinna Larsen por los 65 millones que el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí transfirió en 2008 al entonces jefe del Estado a una opaca cuenta en Suiza. A sus 87 años, instalado por motivos fiscales en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), y con una salud cada vez más frágil, el rey emérito ha decidido desenterrar el hacha de guerra y demandar a la consultora alemana con la que mantuvo una larga relación sentimental.

En la demanda por presunto fraude, presentada por un abogado suizo, el rey emérito reclama 70 millones y afirma sentirse “engañado” por Larsen y por el abogado Dante Canonica, una de las dos personas que administró en secreto su fortuna. A este le exige 3, 5 millones. El acto de conciliación se celebró el pasado viernes en Ginebra, pero fue aplazado porque la notificación no había llegado a Canonica. Desde hace cuatro años este letrado vive retirado fuera de Suiza.

La batalla por el dinero que Juan Carlos I donó a Larsen en 2012 de manera “irrevocable” concluyó hace años con la consultora alemana como ganadora. Las aguas parecían tranquilas, la tormenta mediática había escampado, pero el rey emérito, aconsejado por sus abogados londinenses, ha decidido volver al farragoso e impredecible terreno judicial, un campo de minas por el que ha estado caminando desde el verano de 2018 y del que salió indemne gracias a su inmunidad real y a la prescripción de varios delitos.

Fue ese verano cuando Yves Bertossa, un avezado fiscal suizo, irrumpió en un céntrico edificio pintado de amarillo, en el centro de Ginebra, a orillas del río Ródano, y levantó las alfombras del gestor de fondos Arturo Fasana, un veterano administrador de fortunas inconfesables que manejaba más de 1.000 millones en depósitos, la mayoría de españoles. Allí descubrió la sociedad panameña Lucum, a cuyo nombre se ingresaron en el banco Mirabaud & Cie los 65 millones enviados al entonces jefe del Estado por el rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdulaziz, fallecido en 2015.

Oposición y sorpresa

Casi nadie del círculo íntimo de Juan Carlos I, incluyendo los fieles amigos que acuden a visitarle a Abu Dabi, entiende ni apoya esta iniciativa judicial en Suiza, ni la reciente demanda contra Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, por sus manifestaciones en los medios de comunicación. Todos los consultados confiesan haberle transmitido su oposición.

“Cuando la tormenta había pasado ha vuelto a poner en primer plano sus errores personales, muy importantes, sobre su trayectoria política. Alguien le está aconsejando muy mal”, critica uno de sus familiares más leales, un hombre con el que compartió muchos secretos. Otros, han sido testigos de cómo sus abogados ingleses le animaron a dar este paso cuando en 2023 ganó la demanda que le presentó Larsen en Londres por acoso y supuesto espionaje. Unas acusaciones que esta enmarcó en los intentos de Juan Carlos I de que le devolviera los 65 millones. La consultora afirmaba en su demanda que al negarse a devolver el dinero, el rey emérito “la difamó” ante el rey de Arabia Saudí, Salmán Bin Abdulaziz, y al príncipe heredero de la corona saudí.

Aquella victoria judicial contagió a Juan Carlos I la euforia de sus letrados y estuvo a punto de reclamar el dinero por vía judicial, pero sus amigos le frenaron. Ahora, algunos de los miembros de este círculo íntimo son los primeros sorprendidos. Y lo explican así: “Los abogados ingleses le animaron a que la denunciara, pero le aconsejamos que no lo hiciera. No era buena idea, entonces ni ahora”, relata uno de sus mejores amigos, una de las personas que ha tenido más contacto con el rey emérito desde su traslado a Emiratos Árabes Unidos en 2020. “Todo el que conozca bien a Juan Carlos I sabe que es un electrón libre. No atiende a consejos. Nunca lo ha hecho. Todo esto es un disparate y perjudica a Zarzuela y a Felipe VI”, resume otro. Ni el rey ni sus asesores han sido consultados sobre esta demanda, pero estos últimos no ocultan su malestar.

El secretario hispano-libio

Algunos de los más cercanos al rey emérito apuntan como muñidor de la idea a Abderramán El Assir, de 74 años, el mercader de armas hispano-libio, refugiado en Abu Dabi, que acompaña con frecuencia al exjefe del Estado. Un personaje de la jet, casado y separado de una española, que sin rubor y ante testigos le ha propuesto “monetizar” su legado. Él y su yerno, el abogado Hugo Linares ejercen de secretarios de Juan Carlos I y atienden su agenda. “Llama a Hugo”, espeta con frecuencia el rey emérito a sus interlocutores.

El Assir tiene vigente una orden de búsqueda y captura internacional de Francia donde fue condenado en ausencia a cinco años de cárcel por el Karachigate, un escándalo de venta de submarinos. Otra orden similar emitida por un Juzgado español por una deuda fiscal de 90 millones acaba de prescribir sin que fuera detenido. El comerciante de armas ha gozado de libertad pese a que una investigación de EL PAÍS reveló su presencia en Emiratos Árabes Unidos y su estrecha relación con Juan Carlos I. “Si estás con este no voy a verte, le dije una vez. No me extrañaría que El Assir esté influyendo en sus decisiones. No es la mejor compañía”, confiesa un empresario y amigo de su círculo más íntimo.

Antes de recibir la demanda, Larsen ya ha puesto en marcha su estrategia de comunicación, un campo en el que se mueve como pez en el agua. Y ha lanzado un argumento nuevo: afirma que ofreció a Juan Carlos I devolverle los 65 millones en una cuenta en España, a su nombre y mediante comunicación a Hacienda. Y que este lo rechazó. De momento no ha aportado pruebas de este ofrecimiento ni de la supuesta negativa. La consultora no ha respondido a las preguntas de este diario.

Por amor y por necesidad

“¿Por qué le entregó Juan Carlos I esos 65 millones?”, preguntó el fiscal Yves Bertossa a Larsen durante la investigación por blanqueo de capitales que abrió contra ella y que finalmente archivó. “Me ofreció ese dinero por gratitud y por amor”, respondió. Una respuesta parecida a la que dio a este periodista cuando, en marzo de 2020, descubrió el pago de Arabia Saudí, la cuenta suiza y la posterior donación a Larsen. “En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado. Había pasado varios años de mala salud, durante los cuales nuestra cliente lo cuidó”, justificó a EL PAÍS, su abogado Robin Ratmell,

La versión de Larsen no encaja con los hechos. El terremoto mediático de la cacería de elefantes en Botsuana y la caída del entonces rey le obligaron a mover el dinero. El presidente y los principales directivos del Mirabaud & Cie, el banco ginebrino donde se ocultaban los 65 millones, declararon al fiscal Bertossa que obligaron al gestor de Juan Carlos I a cancelar su cuenta tras el escándalo de Botsuana. Pese a que los documentos de la cuenta estaban ocultos en una caja fuerte y la conocían solo los seis principales socios de la entidad, Yves Mirabaud, presidente del banco y sus socios, temieron que se descubriera. Fue entonces, cuando se hizo la donación a Corinna, que tenía cinco cuentas a su nombre y de su madre en la misma entidad. Esta transfirió el dinero a una de sus doce sociedades en paraísos fiscales. En este caso, a una cuenta del banco Gonet & Cie en Nassau (Bahamas).

El artífice de ese atajo para salvar el dinero fue Dante Canonica, el experimentado abogado suizo que dirigió y creó la opaca estructura de la fundación Lucum donde se escondieron los 65 millones, el hombre que viajaba a La Zarzuela para informar al entonces jefe del Estado del movimiento de sus cuentas. Un personaje clave al que el rey emérito ha puesto, también, en el punto de mira de su demanda por supuesto fraude.

Dos folios y dos firmas

Un simple escrito de dos folios, revelado por este diario, certificó la donación. Y estableció que no tendría vuelta atrás en el supuesto de la muerte de la receptora, es decir, de Larsen, de 59 años, “ni del fallecimiento” del donante, de 87. El documento añade que si el donante muere, la receptora de la donación “no tiene obligación de devolverlo a sus herederos”. La donación no afecta a los derechos de los herederos forzosos, es decir, al rey Felipe VI y a sus hermanas Elena y Cristina, hijos de Juan Carlos I. El breve certificado está firmado por el donante y la receptora. El abogado suizo del rey emérito intentan ahora invalidar este documento, reclama 70 millones y afirma que desconocía que Canonica representaba a Larsen cuando le hizo la donación.

Un enigma sin resolver sobre la actuación de Canonica es por qué antes del cierre de la cuenta de Juan Carlos I transfirió 3,5 millones de la misma a una cuenta a nombre de su sociedad Dolphin en el banco suizo Pictet & Cie en Nassau (Bahamas), el mismo paraíso fiscal donde se ocultaron los 65 millones que el rey emérito envió a Larsen. “He regularizado mi situación ante la Hacienda de Ginebra”, explicó el letrado cuando le interrogó Bertossa sobre ese ingreso que, según él, le autorizó el entonces jefe del Estado. Ahora, Juan Carlos I le reclama, también a él, esa cantidad.

Canonica es especialista en derecho financiero, societario y administración de fortunas. Él mismo creó casi todas las sociedades instrumentales, al menos 12, en paraísos fiscales que empleó la consultora alemana para adquirir propiedades millonarias. Tras archivar el fiscal Bertossa el caso por blanqueo en el que estuvo investigado junto a Larsen, abandonó su despacho en Ginebra, lo dejó en manos de uno de sus hijos y se retiró a una finca en el campo.

Los secretos que atesora este discreto abogado serán un arma con la que defenderse de la demanda de su antiguo cliente. Larsen se despedía de Dante en sus cartas y correos con esta frase premonitoria: “Cross the fingers” (cruza los dedos).