El PP denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de armas con Israel

El Partido Popular pretende seguir hurgando en la herida del Gobierno de coalición por la rescisión del contrato de compra de balas a Israel por más de 6 millones de euros. El PP ha anunciado a primera hora de este viernes —un día después de que el presidente Pedro Sánchez desautorizase al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska—, que denunciará la decisión ante el Tribunal de Cuentas. “Vamos a controlar todos los pasos que se den en esta arbitraria resolución y vamos a activar la exigencia de responsabilidades en todo los ámbitos. Presentaremos la oportuna denuncia ante el Tribunal de Cuentas por esta decisión”, avanzan fuentes de Génova en un comunicado, en línea con la posición marcada este jueves por Alberto Núñez Feijóo, que exigió la continuidad del contrato de munición con Israel. “¿Por qué se rescinde un contrato que estaba acreditado tanto su firma como su resolución?“, ha insistido hoy el líder de los conservadores. ”No sé si el Consejo de Ministros debe pagar a escote la rescisión de este contrato. El Gobierno ha vuelto a mentir, no se resuelve por un problema de intereses generales, sino del presidente", ha aseverado. Y ha asegurado que si Grande-Marlaska tiene “un poco de amor propio” debería dimitir.

Sánchez ordenó rectificar a Interior en menos de 24 horas para apaciguar a su socio de coalición, Sumar. También para mantenerse en su posición tras el inicio de la guerra sobre Gaza como uno de los jefes de Gobierno más cercano a los palestinos y más beligerantes con el Gobierno de Benjamín Netanyahu. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido a primera hora en una entrevista en RNE la actuación del Ejecutivo. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer: respetar la legalidad internacional y vincularnos a los tratados internacionales de armas”, ha enfatizado. Díaz, líder de Sumar en la coalición y quien ha trabajado desde el miércoles en coordinación con La Moncloa para que Interior rectificara la compra a Israel, ha añadido que si bien los contratos “tienen que ser cumplidos” también existen “causas de nulidad”. “La decisión está ampara por la legalidad, con todos los informes preceptivos y por tanto, con la tranquilidad debida”, ha reiterado.

El PP cree que el Ejecutivo tendrá que abonar igualmente el importe de la compra, aunque sin recibir nada a cambio. Sin embargo, fuentes de La Moncloa aseguran que eso no es así, o al menos no es su cálculo. De hecho insisten en que se ha buscado una fórmula para evitar ese problema que había detectado la Abogacía del Estado. Interior alegará que hay un organismo, la junta de material de doble uso, que va a denegar la entrada de esa munición, y por tanto se rescinde el contrato porque no se podría recibir el pedido. Con este argumento, ante la previsible batalla jurídica, el Gobierno confía en que no tendrá que pagar los seis millones de euros o como mucho alguna penalización, pero en ningún caso el coste completo de unas balas que no recibirá. Este organismo alegará causas de interés nacional, y por tanto eso tendrá que discutirse jurídicamente, pero el Gobierno confía en poder ganar esta partida que solo acaba de empezar, informa Carlos E. Cué.

El PP está convencido de que se pagará todo. “Nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo”, critican en ese sentido desde el Partido Popular, que aboga por mantener la “normalidad en las relaciones diplomáticas y comerciales con los países democráticos entre los que se encuentra Israel”. Así se ha explicado Borja Sémper en declaraciones a los medios este viernes, aunque el portavoz de la formación no ha especificado qué haría el PP si ocupara La Moncloa de cara a futuros contratos con Israel. “Lo primero es cumplir con los contratos con los que se compromete el Gobierno de España”, ha dicho. “Queremos saber cuántos componentes vienen de Israel”, ha añadido Feijóo, que además ha cargado contra La Moncloa por, ha asegurado, comprar gas ruso a Vladímir Putin tras la invasión a Ucrania, estableciendo un paralelismo en la polémica con la compra de armas de Israel. “Es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras por comprar un fungible, que es una bala para una pistola de la policía o de la guardia civil, permitan una compra masiva de gas ruso”, ha sentenciado.

El Partido Popular pretende atacar a la coalición en este asunto desde todos los flancos. Ya en la tarde de este jueves el grupo parlamentario popular en el Congreso registró una solicitud de comparecencia de Grande-Marlaska para que “rinda cuentas en la Comisión de Interior”. Pero la formación de Feijóo no fue la única. También los grupos de ERC, EH Bildu y BNG presentaron otra solicitud de comparecencia conjunta en la Cámara baja. “Denunciamos el incumplimiento de los compromisos adquiridos para finalizar toda transacción de material militar frente al ataque y genocidio perpetrado contra el pueblo palestino y reclamamos aclarar las responsabilidades derivadas por estas actuaciones”, criticaron en un comunicado a tres bandas las formaciones nacionalistas.

Mientras arrecian las críticas contra el movimiento unilateral de Interior, Sánchez rehúsa cesar al ministro y mantendrá a Grande-Marlaska pese a desautorizarlo, con el objetivo de salvar la estabilidad de la coalición. A pesar de que esta crisis aparentemente no tendrá consecuencias políticas graves, esto es: dimisiones —está por ver qué hace el propio Grande-Marlaska en Interior, donde se han tomado las decisiones—, varias fuentes del Ejecutivo coinciden en el gran enfado que tenía el presidente con Marlaska y su equipo el miércoles, al enterarse de que el contrato que habían prometido revocar se había mantenido y se había publicado oficialmente en Viernes Santo, en un vano intento por esconder la noticia, que finalmente fue revelada por la Cadena SER.

“El Gobierno detectó un problema y lo ha resuelto, se ha corregido”, ha esgrimido Óscar López, que ha salido en defensa del responsable del Interior. “Marlaska es un excelente ministro, uno de los mejores ministros del Interior que ha tenido España, y además una persona extraordinaria”, ha resaltado el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, informa José Marcos. López ha incidido en el mensaje de que el Gobierno está “comprometido con la paz” y “es uno de los gobiernos del mundo que más ha apoyado a Palestina”, a la que reconoció como Estado el año pasado.

Otro ministro, Óscar Puente, ha eludido pronunciarse sobre el ministro del Interior y si debe presentar su dimisión por la crisis que suscitó la compra de munición a la empresa israelí. Lo que sí ha resaltado el titular de Transportes a la salida de un acto en Valladolid es que España “es un país comprometido con la paz y el pueblo palestino”.

Pese a no suponer, de momento, consecuencias políticas directas en forma de destitución o dimisiones, el entuerto pone en una situación de debilidad a La Moncloa frente a la oposición. Y los populares continuarán metiendo el dedo en la llaga. “El contrato que se tiene que rescindir es el de Pedro Sánchez en La Moncloa”, ha ironizado Sémper. En paralelo, la vicepresidenta segunda ha cuestionado en RNE las críticas del PP y de Feijóo sobre la actuación del Ejecutivo en este caso y le ha invitado a repasar su trayectoria en la Xunta, donde “rescindió algún contrato público”. Díaz también ha afirmado que quiere “pasar pantalla” y después del giro del Gobierno sobre el contrato no reclama la dimisión de Grande-Marlaska.

Críticas en la Guardia Civil

En el seno de la Guardia Civil también han surgido críticas a la decisión del Gobierno de rescindir unilateralmente la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí. La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha expresado este viernes a través de un comunicado su “profunda preocupación” por la forma en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha resuelto la polémica al considerar que tendrá un “enorme impacto” no solo a nivel operativo, sino también en la formación en tiro de los agentes, informa Óscar López-Fonseca. “El problema no es solo la munición que no llegará, sino lo que nos costará su ausencia. Hablamos de un gasto de 6 millones de euros que, una vez más, no pagarán los responsables políticos, sino que saldrá de los medios asignados a los guardias civiles. Lo próximo será que nos pidan ‘disparad poco, que sale caro”, ha afirmado Daniel Fernández, portavoz nacional de IGC.