Amparo Díaz, abogada de violencia machista: “Las víctimas percibirán que se les da menos importancia con la rebaja de penas”

Amparo Díaz (57 años, Sevilla) es una de las abogadas que más cerca está de las víctimas de la violencia machista. Las acompaña desde que denuncian hasta que concluye el proceso judicial: detecta rápido las grietas del sistema. Formadora habitual y creadora de protocolos de atención a mujeres y contra la trata de seres humanos, ha estudiado la evolución de las normas para proteger a las víctimas. A la ley del solo sí es sí le da una de cal y otra de arena.

Pregunta. ¿Qué le parece la polémica generada por la ley de garantía de la libertad sexual?

Respuesta. Esta ley ha puesto el foco en la prevención y protección de las víctimas desde una visión integral, no centrada en las penas. Ha pensado en proteger a las víctimas y prevenir la violencia sexual de otra manera, de forma que en los tipos básicos ha hecho una rebaja de la duración de la pena respecto de nuestra normativa anterior, pero no está hecha en el vacío. Ha sido una decisión de política criminal y que ha adoptado el Poder Legislativo pensando que uniendo esa medida junto con el resto va a tener utilidad. No es exactamente lo que habría hecho yo, pero no se puede ver tampoco desgajado del resto de medidas que se supone que tienen una gran utilidad.

P. ¿Cómo incluiría la perspectiva de la víctima en la ley?

R. Yo no habría rebajado los tipos básicos de agresión y abuso sexual, pero puestos a rebajarlos, sí que los habría explicitado. Por ejemplo, una vez que el agresor salga de prisión, modificando las medidas que alarguen mucho más el plazo de medidas de alejamiento o que garanticen algún otro tipo de protección.

P. El Ministerio de Igualdad estaba convencido de que esa rebaja de penas no se iba a producir.

R. Sí, lo que pasa es que hay un artículo del Código Penal que nos dice que cuando hay una nueva norma que puede ser más beneficiosa para un condenado, hay que aplicarla. Pero es que además es lo lógico. Me resulta curioso que se esté poniendo el foco en las sentencias ya dictadas que se están revisando y no en las sentencias que se van a dictar a partir de ahora con una pena ligeramente más reducida.

P. ¿Tiene casos que pudieran verse afectados? ¿Qué le han dicho sus víctimas?

R. Normalmente las víctimas no consiguen la condena que consideran que merecen, sino una reducida. Sobre todo cuando hablamos de una violencia continuada, en el ámbito de la pareja. Si una mujer es violada cuatro veces por su marido o por su novio, no se le condena por cuatro agresiones sexuales y se multiplica por cuatro la pena, sino por una continuada, que es como una y media.

Los casos que llevo no están en peligro y no parece que vayan a salir pronto de la cárcel. Las víctimas buscan que se les devuelva su dignidad con el reconocimiento de que lo que han padecido es grave. Que tengan la seguridad de que el Estado va a hacer todo lo posible para que no lo vuelvan a padecer otras víctimas. Este tipo de situaciones les generan dudas, pero insisto, la ley establece otras medidas que antes no teníamos.

Medidas que también sirven para que la víctima comprenda que se le está dando importancia a lo que ha padecido, que el problema es grave. En ese sentido, creo que sería importante explicar a la víctima que aunque se está quitando por un lado, por otro lado se están añadiendo una serie de medidas que también la dignifican.

P. ¿Qué medidas?

R. Medidas de prevención para que haya una formación más especializada tanto en Fiscalía como en judicatura. También en la policía, de prevención y de sensibilización, y en el ámbito educativo.

P. ¿Cree que ha habido precipitación, impericia o exceso de confianza?

R. No sé cómo se ha hecho, ni por qué ha sorprendido, porque realmente el artículo 2 del Código Penal no es nuevo. Era previsible y razonable que esto sucediera, no hay que sorprenderse tanto.

P. ¿Entiende que a partir de ahora pueda generalizarse un reproche de las víctimas al Gobierno?

R. Sí, entiendo que habrá bastantes víctimas que estarán molestas por esta rebaja, porque la pena es el lenguaje básico que tienen para entender la importancia que el Estado y la sociedad le da a lo que ha padecido. Lo primero que van a percibir es que se les está dando menos importancia, pero creo que luego pueden entender que hay otras herramientas con las que está trabajando esta ley. No es lo que yo habría hecho, pero entiendo que lo han hecho porque se están acentuando otro tipo de medidas.

P. ¿Qué dimensión augura que tendrá la cascada de revisión?

R. No puedo saberlo. Lo que sí creo es que precisamente por todo este revuelo que se ha organizado, creo que se está motivando mucho a que se haga de manera reflexiva y valorando las circunstancias de cada caso, no de manera automática y simple. Y en ese sentido confío bastante en la Fiscalía General del Estado.

P. ¿Recoge la ley del solo sí es sí las deficiencias que presenta el sistema de protección de víctimas?

R. La ley es una norma muy bien intencionada y tiene muchos aciertos. Pero yo, que estoy en la práctica judicial y en contacto con las administraciones, creo que hay cosas que es necesario cuadrar más. Por ejemplo, la ley indica que las policías “desplegarán medidas de evaluación del riesgo y protección”, pero lo hace de manera muy genérica. Nos falta concreción, pautas específicas. En la práctica no hay policías suficientes. La voluntad del legislador es buenísima, pero realmente no tenemos medios para cumplir con lo que dice.

Otro artículo dice que “las mujeres tienen derecho a servicios sociales, de atención, de emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral”, que los dan los Ayuntamientos. ¿Por qué no los solicitan las mujeres? Porque están colapsado. Vete a los servicios sociales de cualquier ciudad o pueblo...

Tenemos la ley, pero no tenemos la actuación. La reducción de penas afecta a un porcentaje muy pequeño de las mujeres que viven la violencia de género. ¿Por qué muchas no denuncian? Por varios motivos, como que el sistema judicial y la administración está colapsado y no le han respondido. La ley está muy bien intencionada y tiene muchas cosas positivas, pero hay algo que necesitamos urgentemente: autocrítica y reconocer que nuestro sistema hace agua. Estamos cargando sobre la víctima la responsabilidad de denunciar constantemente, cuando en realidad pueden ser otras entidades, no tiene por qué ser la víctima.

P. ¿Cómo atacaría esa precariedad y carencias del sistema?

R. Recordaría cuáles son los artículos que no se aplican, como el que señala que la orden de protección se puede solicitar en los centros de atención a la mujer sin tener que ir a la policía. Rediseñaría los servicios y establecería una línea de colaboración asidua y rápida telemática entre Fiscalía, Servicios Sociales, centros sanitarios y los centros de atención a la Mujer.

P. ¿Se ha encontrado con muchos jueces machistas?

R. Sí, con jueces y juezas machistas, con abogados y abogadas machistas, fiscales de ambos sexos y funcionarios. No puedo decir que haya encontrado más machistas en la judicatura que en la abogacía, pero es verdad que los jueces, por su poder, el machismo tiene más consecuencias.

P. ¿Comparte las acusaciones de la ministra Montero que acusa a los jueces de incumplir la ley?

R. No, no creo que los jueces incumplan la ley estos días. El sistema judicial tiene mucho que mejorar y la abogacía también, pero ahora mismo es que hay un artículo del Código Penal que te dice que si la ley ha aplicado una rebaja en el tipo básico, eso se tiene que aplicar no de manera automática, sino con un análisis de cada caso, pero se tiene que aplicar.

P. ¿Qué utilidad tiene la pena para las víctimas?

R. Las víctimas reciben con la pena un mensaje sobre la importancia que tienen para la sociedad, sus derechos y la importancia que tiene para la sociedad lo que han padecido. Y por su lado, el delincuente recibe el mensaje de la importancia que tiene para la sociedad lo que ha hecho y su gravedad. Es decir, le sirve para tomar conciencia él y para repararse ella.

Además, luego las víctimas se sienten más protegidas mientras el delincuente está en prisión, respecto a ese delincuente y respecto de otras futuras víctimas que pueda haber. También tiene un efecto disuasorio y la finalidad para rehabilitarse el delincuente mientras está en prisión, aunque sea muy dificultosa.