El juez que investiga por delito ambiental a la Casa de Alba excluye a Eugenia Martínez de Irujo

El juez Pablo Aragón, que investiga a la Casa de Alba por extracciones ilegales de agua en su finca Aljóbar junto a Doñana, ha excluido de su investigación a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por carecer de vínculos con la empresa de la familia terrateniente que explota dichas tierras. El magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), ha citado en su lugar a su sobrino, Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, que regenta la finca y declarará como investigado por un delito contra el medio ambiente el próximo 20 de febrero.

La duquesa de Montoro llevaba imputada en el procedimiento judicial un año por figurar como presidenta de Eurotécnica Agraria, un cargo rotatorio en la familia. Hace un año ya aclaró que la finca no era de su propiedad ni tenía vínculos con ella, pero hasta ahora el juez no ha atendido la petición de la familia para que declare como investigado su sobrino Luis Martínez de Irujo, gerente de la finca y consejero de la empresa.

El magistrado ordena en su auto del pasado viernes al Seprona de la Guardia Civil que precinte de nuevo los ochos pozos supuestamente ilegales con los que la Casa de Alba ha regado sus naranjos durante una década, hasta que tras la denuncia de varios extrabajadores, la Fiscalía presentó una querella en el otoño de 2023. Dado que la gerencia de la finca ignoró los precintos hace meses y siguió con los riegos hasta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se lo impidió, ahora el juez aclara que no podrá hacerlo: “Queda apercibida la parte investigada de la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de quebrantar ese precinto o continuar con el uso de esos pozos no autorizados”, reza el auto.

A principios de año la Guardia Civil cifró el daño ecológico causado por la extracción de agua supuestamente ilegal en seis millones de euros en un informe que entregó a la Fiscalía de Medio Ambiente y al juez. Los agentes acusaron a la familia terrateniente de una “extracción ilícita” de al menos 3,8 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, 3.807 millones de litros. El atestado policial subrayaba el mal estado del acuífero que han dañado las extracciones de la finca Aljóbar, y por eso ahora el magistrado toma nota: “Existen indicios de daño sustancial al medio ambiente con esas captaciones de agua no autorizadas, con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna (…) un deterior en la calidad de sus aguas al movilizar aguas del subsuelo”.

El pasado otoño, a pesar de que la Guardia Civil certificó que la finca estaba regando sus naranjos sin permiso y pese a que los pozos habían sido precintados, el magistrado Aragón declinó cerrar los ocho pozos y pasó la patata caliente a la Confederación, que finalmente ejecutó el cierre el pasado noviembre tras la inacción del juez. Ahora el magistrado ha reaccionado tras constatar la Guardia Civil la presunta existencia de un delito ecológico por una extracción ilegal de agua que ha producido una cosecha de 53 millones de kilos de naranjas en la última década hasta 2021, según la contabilidad interna de Eurotécnica Agraria.