El calvario de 91 familias de Écija con una empresa ‘buitre’ que compró sus viviendas de alquiler social

La vida de los inquilinos de las 91 viviendas sociales de la barriada Estatuto de Autonomía, en Écija (Sevilla, 39.679 habitantes), es un sinvivir desde 2021. Entonces, los bloques de estos pisos de alquiler construidos en 2000 por la empresa municipal de vivienda Sedesa, fueron adquiridos en subasta por Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido, SL, cuando la entidad pública quebró. En estos años, la nueva titular, constituida pocos meses antes de realizar la operación, se ha ahogado en deudas, embargos e impagos de impuestos a la Agencia Tributaria y al Ayuntamiento, hasta el punto de que los vecinos pagan su alquiler directamente a Hacienda y al municipio, ante los incumplimientos constantes de su arrendador. Los habitantes se han unido para mantener la protección del carácter público de las casas en las que viven desde hace un cuarto de siglo y para desvincularse del “fondo buitre”, como denominan a su arrendadora. Su última esperanza estaba en la demanda que interpusieron para anular esa subasta pública y poder instar a la Junta o al Ayuntamiento a ejercer el derecho de tanteo y retracto e incluso poder hacerlo ellos mismos, pero el juzgado acaba de fallar en su contra y ahora se sienten mucho más desamparados que nunca. Solo les queda pedir a estas administraciones que medien con la empresa y puedan adquirir sus pisos por un precio razonable y no a los 44.000 euros que les piden.

“Es bochornoso que se dé la razón a una empresa que se creó de la nada para comprar nuestros pisos y que no tiene más que deudas y que a nosotros, que pagamos religiosamente, se nos siga dejando en el más absoluto abandono”, resume la situación Mari Carmen Ruiz, de 60 años y portavoz de todos los vecinos de la barriada, alrededor de 300. En 2023, de la mano del abogado Francisco Tejado, que los representa de manera gratuita, interpusieron una demanda pidiendo la nulidad de la subasta pública, alegando que los vecinos no habían sido advertidos a tiempo de la adjudicación para poder ejercer su derecho de tanteo y retracto y que tampoco la Junta de Andalucía lo había ejercido, como le correspondía, de acuerdo con la normativa andaluza de vivienda protegida. En su fallo, el juez da la razón al Gobierno de Moreno, que alegó que la Administración regional no podía pujar por la barriada por no tratarse de una “segunda adjudicación”.

Esta sentencia ha caído como un jarro de agua fría entre las familias que veían en ella, de haber prosperado, la vía más sencilla para asegurarse su futuro y romper todas las amarras con la entidad propietaria, sobre todo tras constatar el abandono de las administraciones, en especial la Junta de Andalucía, que cuando la empresa municipal quebró se comprometió a través de varios altos cargos de la Consejería de Fomento a colaborar en el proceso de subasta de las viviendas ”si fuera necesario”. “Tras la sentencia, nos encontramos en el desamparo más absoluto”, se lamenta Valle Miranda, también de 60 años, portavoz de uno de los bloques de la barriada y que ayuda a Mari Carmen en la defensa de sus derechos.

A mediados de marzo expiró el plazo legal en el que sus alquileres seguían estando protegidos, aunque las condiciones, no obstante, han quedado blindadas hasta 2030, porque es el período de vigencia de la cesión del suelo público por parte del Ayuntamiento. Pero los vecinos consideran que, aunque van a recurrirla, tras la sentencia están a expensas de lo que decida hacer la empresa propietaria, que en la reunión que mantuvo con ellos y la alcaldesa Silvia Heredia (PP), el pasado 12 de marzo, les ofreció venderles las casas por 40.000 o 44.000 euros. “No podemos aceptar ese precio, cuando la empresa la adquirió por 13.000”, indica Valle.

Rías del Rompido, SL pujó por la barriada por 1.150.000 euros, lo que supone 12.637 euros por piso. Los inquilinos pagan 78 euros al mes de alquiler. Los inquilinos de la barriada rondan los 50 años o están ya jubilados. “La mayoría se han dedicado o se dedican a las labores del campo, son pensionistas o están en el paro y estas viviendas son las únicas que nos podíamos permitir con nuestro sueldo”, dice Mari Carmen, cansada de vivir en una incertidumbre permanente y de recibir notificaciones de la Agencia Tributaria, advirtiéndoles de que, si no pagan el alquiler, se enfrentan a multas de hasta 600 euros por los embargos de su arrendadora.

Sin mantenimiento de las zonas comunes

Antes de conocer la sentencia, los vecinos entregaron una carta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en la que le pedían la implicación de su Gobierno, un amparo que ahora es todavía más acuciante. La alcaldesa de Écija está mediando con la empresa y en la reunión que mantuvieron con los vecinos se aseguró de que Ría del Rompido garantizara las condiciones actuales de alquiler, asumiera el mantenimiento de las zonas comunes, de las que, como denuncian las vecinas, lleva años desentendiéndose –“solo hay luz en uno de los bloques y las cornisas se están cayendo”, indica Valle- y que se comprometiera a sanear sus cuentas. “Se les exigió un plazo de tres a cuatro meses, si en este tiempo no vemos resultados, acudiremos a la Junta de Andalucía que es quien garantiza las condiciones de las viviendas de protección oficial”, indica la regidora a este diario.

La alcaldesa Heredia también aboga por aprovechar la situación de debilidad de la empresa para forzarla a que ofrezca una cantidad razonable a los inquilinos para que puedan adquirir sus casas. “Yo le advertí de que no iban a ganar mucho más de lo que invirtieron y que tenían que tener muy en cuenta que estamos hablando de familias vulnerables, con lo que 18.000 sería lo razonable para recuperar su inversión”, sostiene. Pero la solución de la compra, aunque ahora mismo se proyecta como la que mayores certezas les puede ofrecer sobre su futuro, no convence del todo a los vecinos que creen que el Ayuntamiento podría recuperar la titularidad de los pisos, precisamente por todas las deudas que con el consistorio tiene acumuladas la empresa. La alcaldesa, sin embargo, prefiere jugar la baza de la negociación. “Vamos a estar vigilantes con los plazos que se les ha dado para que sanee su tesorería”, indica.

“No todos tenemos ese dinero para poder adquirir nuestras casas”, abunda Mari Carmen, que pone su ejemplo personal: “Mi marido es pensionista y yo cobro una ayuda de 500 euros, con eso el banco no me va a dar ningún crédito”. A los vecinos también les preocupa los problemas de impagos de algunos de los inquilinos. “La empresa alega que el 80% no paga y eso es lo que le ha llevado a la ruina”, indica la alcaldesa, que sostiene que la arrendadora se ha comprometido a iniciar acciones legales contra los que no están al día. “Si yo compro mi casa, qué va a pasar con los que no pagan, ¿van a poner dinero para el mantenimiento de las zonas comunes? Queremos vivir dignamente y con esta situación eso va a ser insostenible, estaríamos abocados a una guerra entre nosotros”, advierte Mari Carmen.

Ría del Rompido se había constituido en enero de 2020, solo seis meses antes de que se celebrara la subasta, el 30 de julio de ese año, y en 2023 dejó de estar inscrita en el Registro Mercantil por haber incumplido con su obligación de presentar las cuentas. Su administrador único es Hugo Ezequiel Rodríguez, con quien este diario no ha podido contactar.