El informático de Laura Borràs confiesa en el juicio y asegura que la expresidenta del Parlament le hizo un “contrato encubierto”

Isaías Herrero, el informático que presuntamente se benefició de los contratos a dedo adjudicados por la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017 —cuando la dirigía la hoy líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs—, ha seguido el guion previsto y ha apuntado este lunes contra la expresidenta del Parlament en su declaración como acusado en el juicio. A preguntas de la Fiscalía, con la que ha cerrado un acuerdo que le supondrá con toda seguridad una rebaja de las penas, Herrero ha avalado la tesis de la acusación: Borràs, ha dicho el informático, le hizo un “contrato encubierto” para desarrollar la página web del organismo de la Generalitat que promueve la literatura en catalán, y ese contrato se fue fraccionando en trabajos menores para poder adjudicarlos a dedo y sin concurso público.

Este lunes se ha reiniciado el juicio contra Borràs, que afronta una petición fiscal de seis años de cárcel y 21 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. La líder de Junts ha intervenido brevemente —el tribunal ha permitido que su declaración se produzca al final del juicio, una vez practicadas el resto de las pruebas— solo para negar una vez más las acusaciones: “De ninguna manera, no he cometido ningún delito”, ha dicho Borràs antes de tomar asiento en el banquillo de los acusados y escuchar la confesión de quien fue su colaborador académico y que ahora la ha dejado más cerca de una condena.

Herrero ha admitido los hechos de los que le acusa la Fiscalía, que ha centrado su interrogatorio en cerrar el círculo sobre Borràs. “Desde que fue nombrada [presidenta de la ILC] en enero de 2013, ¿le dijo que le encargaría la parte tecnológica y el portal web?”, ha preguntado la fiscal Assumpta Pujol. “Sí. Me encargó el desarrollo de un portal vinculado a la ILC, era darle una vuelta al ámbito digital. También me encargó hacer una plataforma digital vinculada a autores determinados de quienes se celebraba un aniversario”. “¿Le hizo un contrato de trabajo encubierto, que se iría desarrollando año tras año?”, ha insistido la fiscal. “Sí”, ha respondido el acusado.

El importe de un trabajo de esas características superaba ampliamente lo que podía adjudicarse sin concurso público. Para sortear esa dificultad, ha explicado el informático, ambos pactaron que harían contratos menores, de obra y servicio, que en ningún caso podían sobrepasar los 20.000 euros y que, así, ya sí podían adjudicarse a dedo. Acordaron, por tanto, “dividir el trabajo que se tenía que hacer en diversos contratos”, ha dicho Herrero en un reconocimiento explícito del fraccionamiento de contratos públicos, que es la principal acusación que afronta Borràs. Por esa vía, el informático recibió 335.700 euros entre 2013 y 2017.

Borràs se ofreció a confeccionar los falsos presupuestos

Herrero ha contado que, también por indicación de Laura Borràs, debía presentar hasta tres presupuestos distintos de empresas o proveedores que, supuestamente, optaban a ejecutar los trabajos. “Dos de los presupuestos eran comparsa, acompañaban al presupuesto que sabíamos que se lo llevaría”, ha relatado el informático, que ha comentado los correos electrónicos que intercambiaron entre 2013 y 2017 y que eran, hasta este lunes, la principal prueba de cargo contra Borràs. El acusado ha detallado que los presupuestos los elaboraba él, pero que en algún momento la expresidenta del Parlament se ofreció a hacerlo ella misma e incluso le propuso “los nombres que se tenían que utilizar para hacer los presupuestos”.

La relación entre ambos ha quedado también expuesta en el juicio. Se conocieron en 2008, en el certamen literario Ciutat de Vinarós. “Participé como concursante y ella como jurado”, ha dicho Herrero, que ganó dos veces consecutivas el concurso. Ahí empezó su trato con Borràs, que estuvo siempre ligado a “la relación con la literatura”. Herrero se convirtió en un colaborador académico: fue profesor en un máster de estudios literarios de la Universitat de Barcelona (UB) y también en el grupo Hermeneia, ambos proyectos liderados por Borràs antes de dar el salto a la ILC y, de ahí, a la primera línea política como consejera de Cultura de la Generalitat en 2018.

La pista sobre el fraccionamiento irregular de contratos ya la había dado, aunque en aquella ocasión sin querer, el propio Herrero. En 2017, estaba sumido en su adicción a las drogas. “Mi consumo diario hizo que no pudiese atender, como era necesario, algunas partes de mi trabajo”, ha explicado Herrero, que empezó a vender drogas “para poder obtener tóxicos” hasta que topó con los Mossos d’Esquadra. En diciembre de 2019, aceptó una condena de cinco años de cárcel por tráfico de drogas. “Acepté la responsabilidad de mi condena, de la misma forma que asumo la responsabilidad por estos hechos”, ha dicho en el juicio. La policía, en cualquier caso, se había incautado de sus correos electrónicos. En uno de ellos anidaba la pista sobre Borràs: “Yo tengo una de marrones, buff… Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, y facturo unos trapis por allí”, escribió en un mensaje en 2017, en una época en la que, como ha explicado él mismo, estaba sumido en su adicción a las drogas.

Así comenzó la investigación sobre Borràs, que ha llevado al juicio que se celebra estos días en el TSJC, con un tribunal presidido por el magistrado Jesús Barrientos. El inicio del juicio fue tormentoso y provocó un enfrentamiento entre las defensas, ya que unos días antes había trascendido que al menos uno de los acusados, Herrero, estaba ultimando un pacto con la Fiscalía. La declaración de este lunes confirma que ese pacto está cerrado y se concretará, en las últimas sesiones del juicio, en una rebaja de la petición de pena por parte de la Fiscalía, que ahora mismo pide seis años de cárcel para el informático.

El tercer acusado en la causa es Andreu P., para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel. También él ha pactado con la acusación una rebaja de la pena. En su declaración, ha admitido que aceptó poner su nombre como adjudicatario de algunos de los trabajos, aunque después reenviaba esas sumas a Herrero. Andreu P. ha señalado también que era consciente de que los proyectos de la ILC estaban previamente asignados a Herrero.

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