El bono social eléctrico en Cataluña: una cuarta parte de los más pobres no lo recibe

La lacra de la pobreza energética en Cataluña va en aumento, en especial tras las subidas de los precios de la electricidad y el gas como consecuencia de la guerra en Ucrania. La Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, entregó al Govern antes del verano un informe sobre este tema, que este lunes ha presentado en el Parlament, donde se analiza su alcance, y se evalúan las políticas llevadas a cabo por la administración. Las conclusiones muestran que Cataluña está seriamente castigada por este tipo de pobreza: el 19,2% de las familias catalanas no tienen dinero suficiente para mantener su casa en una temperatura adecuada, ni en verano ni en invierno, un porcentaje que solo está por detrás de Bulgaria y Chipre, y que está por encima de la media española (17,1%) y de la Unión Europea (6,9%). Frente a esta realidad, las políticas públicas se han quedado a medio camino: la pionera ley 24/2015, que establece medidas para luchar contra la pobreza energética, todavía no tiene el reglamento desplegado y muchas de sus iniciativas tienen una aplicación irrisoria. Y el bono social eléctrico, la iniciativa del Gobierno para abaratar la factura de los más vulnerables, no llega a una cuarta parte de las personas en situación de pobreza severa.

La pobreza energética, un problema que está sobre la mesa de las administraciones desde hace más de una década, se ha recrudecido con la inflación. El gasto de los hogares en agua, luz y gas ha subido un 7% desde antes de la pandemia, y un 30% desde antes de la crisis financiera de 2008. En Cataluña, el 9,4% de la población tarda en pagar las facturas, y el 12,8% acumula retrasos en el pago de cualquiera de los gastos relacionados con la vivienda, un porcentaje que está por encima de la media española (11,6%). Cataluña se encuentra, pues, en una situación peor que la mayoría de las comunidades autónomas y que la mayoría de los países europeos. Entre 2019 y 2022, las quejas a la Síndica por esta realidad se han disparado un 125% (hasta las 1.614 quejas).

El informe indica que las dificultades por no poder mantener la casa en una temperatura adecuada se deben, entre otras cosas, “a las condiciones climatológicas”, especialmente en las poblaciones de la costa. “En general, los países del sur de Europa, con climas más cálidos y un nivel de renta más bajo, suelen tener porcentajes más altos de población con incapacidad para mantener una temperatura adecuada en la vivienda, pero Cataluña tiene un PIB por cápita ligeramente por encima de la media europea”, ha señalado la Síndica en el Parlament.

Son los colectivos más desfavorecidos los que sufren más las consecuencias de la pobreza energética. El estudio muestra que la población de nacionalidad extranjera o desocupada sufren estas privaciones en un porcentaje mucho mayor (alrededor de un 20%) que las personas que tienen nacionalidad española o están ocupadas (alrededor de un 17%). También ocurre con las mujeres (un 20,6% tiene dificultades, mientras que en el caso de los hombres es un 17,5%).

En Cataluña se llevó a cabo una pionera regulación, en la ley 24/2015 (aprobada a partir de una iniciativa popular), que entre otras cosas prohibió los cortes de luz a las familias vulnerables, y que según la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica, ha salvado a más de 200.000 familias de sufrir esta situación. Pero la ley está lejos de conseguir todos sus objetivos o de su desarrollo completo. La institución denuncia que el reglamento aún no se ha desplegado, un mecanismo muy necesario para establecer protocolos de comunicación entre los servicios sociales y las administraciones o las suministradoras, que permitiría por ejemplo un acceso más fácil al bono social eléctrico y térmico.

Esta ayuda, diseñada por el Gobierno, tiene en Cataluña una aplicación muy mejorable, según la Síndica, ya que solo llega al 4,5% de la población catalana: el 65% de los catalanes que están en situación de riesgo de pobreza no la recibe, y el 23% de las personas que sufren pobreza material severa, es decir, las personas más vulnerables de la sociedad, tampoco. “Estos problemas de cobertura se deben a déficits de información, dificultades en la tramitación, situaciones de exclusión residencial y también al hecho de que parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido”, apunta el informe. La Síndica también apunta que solo hay un único convenio firmado por la Generalitat con una empresa suministradora (Endesa) para establecer medidas de apoyo o descuentos, y que además este convenio dista mucho de ser perfecto: una de las medidas era instalar contadores sociales, y solo hay unos 50 en toda Cataluña.

La Síndica recomienda a la administración que cumpla íntegramente el convenio suscrito con Endesa y que evalúe con esa compañía los dos primeros años del acuerdo, que debería extenderse a Naturgy, Iberdrola y otras empresas suministradoras. También exige que reduzca las trabas burocráticas a la hora de tramitar el bono social térmico, que tarda un año, y que elabore el reglamento de la ley. La Síndica también pide un precio social para las bumbonas de butano, y que las compañías no “vendan” las facturas impagadas a empresas que gestionan impagos. El Govern, por otra parte, sí que ha hecho caso ya a una de las demandas de la Síndica, y ha creado una oficina contra la pobreza energética con un presupuesto de 1,65 millones de euros.

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