Arranca el juicio que amenaza con inhabilitar a Xavier García Albiol por unas antenas de teléfono

El juicio que amenaza con inhabilitar al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha arrancado este lunes en la Audiencia de Barcelona. Albiol se sienta en el banquillo de los acusados junto a otros cinco exconcejales y excargos de la administración local por permitir, supuestamente, la instalación ilegal de dos antenas de telefonía móvil en las dependencias de la Guardia Urbana. Los hechos ocurrieron durante el primer mandato de Albiol, de 2011 a 2015. La Fiscalía pide para él dos años y diez meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación. Y, lo que es más relevante, exige diez años de inhabilitación para ejercer “cualquier cargo electo representativo” de ámbito local, autonómico, estatal o europeo. En caso de que haya condena y de que ésta sea firme, el alcalde popular (que regresó al poder el año pasado tras obtener la mayoría absoluta en las urnas) se vería obligado a dejar el cargo.

Este lunes estaba prevista la declaración de Albiol y del resto de acusados, pero todos ellos han solicitado hacerlo cuando se hayan practicado el resto de pruebas, al final del juicio. Se trata de una práctica cada vez más habitual en los tribunales que ha sido atendida por la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, lo que ha dejado la sesión vacía de contenido. La vista oral se retomará el martes con la práctica de diligencias que, para la Fiscalía, demuestran que Albiol conocía que las antenas se instalaron sin ningún tipo de permiso y toleró que funcionaran durante años sin pagar el correspondiente canon municipal.

El alcalde del PP, que ya fue juzgado (y absuelto) por delito de odio en 2013 por repartir panfletos xenófobos contra los gitanos rumanos que viven en Badalona, se enfrenta de nuevo a un juicio penal en un caso que también tiene raíces profundas. En su declaración como investigado, hace más de cuatro años, Albiol alegó que desconocía que las antenas no tuvieran permiso y se desvinculó del tema porque se trataba de “cuestiones puramente técnicas” que en ningún caso alcanzan al alcalde. Su abogado, Cristóbal Martell, ha dado este lunes una muestra de que esa seguirá siendo la línea de defensa: ha aportado al tribunal unos documentos sobre el tamaño de Badalona (tercera ciudad de Cataluña con más de 220.000 habitantes) y su elevado número de funcionarios (más de un millar) para acreditar que “hay extremos que son ajenos a la alcaldía”.

Albiol ha atendido a los medios a las puertas del Palacio de Justicia antes de entrar en la sala. La vista oral, ha dicho, servirá para detallar “todo lo que ocurrió y lo que no ocurrió”. “Estoy bien, estoy tranquilo, teniendo en cuenta lo tranquilo que se puede estar cuando uno entra a juicio. Es evidente que es una situación que no gusta”, ha afirmado el alcalde, que ha declinado ofrecer más detalles de su estrategia “por respeto al tribunal”. “Cada uno podrá sacar conclusiones de lo que ocurrió, pero sobre todo de lo que no ocurrió”.

La inacción del alcalde

Según la tesis de la Fiscalía, Albiol permitió la instalación de dos antenas de telefonía móvil en terrenos municipales (la comisaría de la policía local) a sabiendas de que no tenían la preceptiva licencia y, por tanto, estaban fuera de la ley. Según el ministerio público, el alcalde conoció la situación en agosto de 2012 porque fue informado, por carta y más tarde personalmente, por representantes de un sindicato policial, que se habían mostrado contrarios a la instalación. “No consta que Albiol realizase gestión alguna en relación con las solicitudes de información y retirada” de las antenas, recoge el escrito de acusación.

Badalona afrontaba en 2012 problemas de cobertura de la red de telefonía móvil en algunos barrios de la periferia, como La Salut y Sistrells. La instalación de las dos compañías estuvo funcionando, sin generar ningún ingreso (el Ayuntamiento dejó de percibir 17.500 euros en impuestos, según un informe de la Oficina Antifraude de Cataluña que consta en la causa) hasta 2018. Para entonces ya no gobernaba Albiol, sino una coalición liderada por la alcaldesa de la CUP Dolors Sabater. De ahí que entre los acusados haya también responsables municipales de esa segunda etapa, como el exconcejal de ERC Oriol Lladó, que a criterio de la Fiscalía tampoco hicieron nada por retirar una instalación ilegal.