La integración en el 112, una reclamación histórica negociada por todos, firmada por el PSC

La batalla de la Policía Nacional y la Guardia Civil por formar parte del sistema de emergencias de Cataluña que se gestiona a través del teléfono 112 es histórica. Ambos cuerpos llevan años reclamando ser incluidos en la plataforma informática del teléfono único integrado para conocer directamente los incidentes de su ámbito competencial. Finalmente, el Gobierno del PSC, liderado por Salvador Illa, firmó el acuerdo en la Junta de Seguridad de Cataluña del 5 de diciembre, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de un Gobierno central también socialista. “Solo se podía dar en un contexto de confianza mutua”, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. El acuerdo ha levantado polvareda política y ha forzado la comparecencia de Illa en el Parlament este miércoles, entre acusaciones de “españolizar” el sistema y presiones presupuestarias, a pesar de que Junts y ERC también han abordado durante sus mandatos la integración.

El 112 es un servicio que se centraliza en dos edificios principales en Reus y en la Zona Franca de Barcelona, del que forman parte Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas, los Mossos y Protección Civil. La primera llamada pueden atenderla civiles o, según el tipo de incidente, directamente policías, y se cumplimenta un formulario, que tiene adjunta una carta de servicios, en la que se indica a quién se comunica lo sucedido. Los Mossos tienen acuerdos específicos con algunas policías locales, como la Guardia Urbana de Barcelona, a los que remiten directamente determinados avisos. En el caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, hasta ahora, se les informaba telefónicamente de todo aquello que se consideraba de su interés.

“Había cierto grado de discrecionalidad, sujeto a veces al colegueo”, explican fuentes policiales, sobre la celeridad y la exhaustividad de todo aquello que le llegaba a los demás cuerpos policiales. La consejera de Interior, Núria Parlon, ha insistido en que el acuerdo no cambia nada, sencillamente automatiza telemáticamente esos envíos para ganar eficiencia. “El gran problema es el mar”, añaden fuentes policiales, un ámbito en el que los Mossos han desplegado su recién estrenada policía marítima, pero en el que el competente judicial es la Guardia Civil. Otras fuentes también señalan la montaña como otro caballo de batalla, también en liza con la Guardia Civil. Aunque comunicado con menos detalle, en la última junta también se decidió que los Mossos serían los responsables de investigar lo que ocurre en el Medio Natural, una competencia que compartían con el Seprona de la Guardia Civil. Algo que, según fuentes policiales, ha causado un gran malestar en la Guardia Civil, que critican que el eje “nacional” pasa por delante de las necesidades ciudadanas.

“Al final, es el poder de la información”, insisten mandos de la policía catalana, que considera completamente lógico que la Guardia Civil y la Policía Nacional se integren en el 112, sin que eso afecte a las competencias integrales de los Mossos en Cataluña. El problema, señalan, ha sido siempre político: a pesar de que Junts y ERC han negociado también la integración de ambos cuerpos durante sus mandatos, ninguno de ellos carga con el peso simbólico de rubricar el acuerdo final. Distintas fuentes consultadas por este diario aseguran que era uno de los puntos previstos que se abordasen en la Junta de Seguridad de Cataluña que debía celebrarse en marzo, pero que se suspendió por la convocatoria avanzada de elecciones por parte de ERC.

A la polémica se suma también la marcha atrás en el traspaso de las competencias de orden público y seguridad de las zonas portuarias y aeroportuarias a los Mossos d’Esquadra. ERC lo había negociado durante meses, y ya se había acordado en el País Vasco en julio, pero el Gobierno central y el Departamento de Interior de la Generalitat, ya en manos del PSC, recularon y dejaron en suspenso la decisión. La consejera Parlon arguyó que para la asunción de nuevas responsabilidades, primero hacía falta más mossos d’esquadra. Pero la Generalitat tampoco logró arrancar en la última Junta un acuerdo en firme para ampliar la plantilla a 25.000 mossos hasta el año 2030. Ambas administraciones adquirieron únicamente el compromiso de estudiarlo en un grupo de trabajo, conjuntamente con Hacienda, para evaluar si es viable el incremento.

Todo ello ha supuesto el primer escollo para el Gobierno de Illa, que este miércoles rendirá cuentas en el Parlament sobre el acuerdo del 112. El Govern prevé explicar de manera detallada cómo se ha materializado la incorporación de Policía Nacional y Guardia Civil en el sistema de emergencias. La consejera Parlon aseguró que la integración se hacía efectiva la misma semana de la Junta, aunque fuentes conocedoras de la gestión aseguran que todavía se requieren ajustes técnicos. “Esto solo redundará en el bien del ciudadano”, aseguran fuentes de la Guardia Civil, molestas con la que consideran una polémica exclusivamente política ante una decisión básica para la eficiencia del sistema de seguridad pública de Cataluña.