El coste de la obstrucción judicial

En los últimos años han proliferado las noticias relacionadas con denuncias y procedimientos judiciales que nunca debieron presentarse ni instruirse. Y, sin embargo, abundan los ejemplos de algo que parece normal pero no lo es. El pasado día 12 supimos que los tribunales habían archivado la última de las 22 querellas presentadas por sectores económicos y políticos contra Ada Colau y su gobierno municipal.

La última es la famosa querella presentada por una misteriosa entidad, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, por supuesta prevaricación y malversación en la concesión de subvenciones a entidades sociales afines. Pese a tan rimbombante nombre, la demandante es de una opacidad tan pasmosa que nadie ha logrado averiguar quién hay detrás, pero ha tenido recursos económicos suficientes para sostener varias causas a la vez. La naturaleza de estos pleitos nos da alguna pista sobre quién puede estar detrás porque se ha dedicado a incordiar judicialmente a los consistorios con proyectos de municipalización del agua.

En el caso de Ada Colau, la querella se hizo extensiva a la interventora municipal. La imputación de un funcionario público tiene un efecto inmediato: sirve de aviso para navegantes y propaga una actitud defensiva en el ejercicio de las funciones encomendadas. Nadie quiere ser víctima colateral de las guerras que otros libran. Aunque ya había sido sobreseída una querella similar, la causa resucitó por el celo de la misteriosa asociación, que llevó a Colau a declarar ante el juez en 2022 y que ha logrado que la instrucción se prolongue más de tres años sin que el juez haya visto nunca indicio de delito.

El sistema de garantías y recursos del sistema judicial español da a los querulantes de este tipo muchas ventajas. Lo hemos visto en otras dos causas que acaban de cerrarse: la del Tsunami Democràtic y la del caso Volhov. En la primera ejercían la acusación popular Vox, Dignidad y Justicia y Societat Civil Catalana y la Audiencia Nacional rechazó definitivamente sus intentos de reabrir la causa. Lo mismo ha ocurrido con la segunda causa por la que el juez Joaquín Aguirre estuvo investigando una supuesta trama rusa del procés con un material acusatorio que era puro delirio. En ambos casos, los fines políticos estaban muy claros, entre ellos poder procesar a Carles Puigdemont por delitos que escaparan a la aplicación de la ley de amnistía.

Las 22 querellas interpuestas contra Colau y su equipo de gobierno han sido finalmente archivadas. Pero ¿cuánta energía política le han hecho gastar a los acusados para defenderse? ¿Cuántos titulares mancharon su reputación en los años que ha durado la instrucción? ¿Cuántos medios y recursos, en forma de tiempo y trabajo del aparato judicial, se han malbaratado? ¿Y cuántas decisiones se han tomado o dejado de tomar por parte de interventores, secretarios y funcionarios de las administraciones públicas para no verse envueltos en querulancias ajenas?

Este tipo de querellas deberían pasar un filtro más riguroso porque son muy altas las posibilidades de que quienes las interponen no busquen justicia, sino el desgaste que ocasiona el proceso judicial. No está la justicia española para malbaratar recursos de esta manera. Más grave es aún que desde dentro del propio sistema judicial se utilice la instrucción de las causas para fines políticos.