Un violador con “alto riesgo” de reincidir saldrá libre si Marruecos no desencalla su expulsión

Un violador con “alto riesgo” de reincidencia espera en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona su expulsión. Jalal A., condenado por la agresión sexual a una mujer en febrero de 2019, saldrá en libertad de manera definitiva a mediados de abril si Marruecos no facilita la identificación del joven, que carece de documentación, y desencalla así su expulsión del país. El consulado marroquí en Barcelona asegura que “los trámites oportunos están en curso de tramitación” y añade que se “está dando el interés debido al asunto”. El Ministerio del Interior ha declinado pronunciarse, mientras fuentes implicadas en la gestión del caso lamentan la tardanza del proceso.

El hombre, que tiene ahora 25 años, ingresó en prisión provisional tras ser detenido por la agresión y fue condenado, en julio de 2021, a cinco años y tres meses de prisión y cinco más de libertad vigilada. Quedó en libertad en junio del año pasado. Desde entonces, la administración ha intentado expulsarle de España por dos vías: primero, por la vía penal —por la condena impuesta, que también preveía su expulsión del territorio nacional— y más tarde, por la vía administrativa.

Tras unos meses en libertad vigilada, con pulsera de control telemático, Jalal ingresó en diciembre en el CIE de Zona Franca de Barcelona, indocumentado, a la espera de que Marruecos le dispensase pasaporte o un salvoconducto para su expulsión, una posibilidad que ya se había contemplado en la sentencia condenatoria. Expirados los 60 días de estancia máxima en el centro, quedó en libertad. Poco después, ingresó de nuevo en el centro, en esta ocasión por su situación irregular en España, y con autorización judicial para ser expulsado.

Fuentes implicadas en el proceso muestran la preocupación de que el plazo expire de nuevo y haya que dejarlo en libertad, con el riesgo que supone. Los informes de la evaluación de la secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia de la Generalitat son demoledores. Sostienen que existe un “alto grado de riesgo de reincidencia delictiva violenta” por parte del hombre. Los técnicos relatan que, durante su tiempo en prisión, ha estado en cinco ocasiones en régimen cerrado; que “no ha participado y no se ha implicado en su itinerario de rehabilitación”; y que ha rechazado todas las propuestas de tratamiento. Tampoco ha salido nunca de prisión, ni reconoce el delito que cometió, ni muestra empatía hacia la víctima. Por todo ello, las administraciones temen su puesta en libertad, si Marruecos finalmente no le documenta.

Fuentes diplomáticas admiten que el consulado de Marruecos en Barcelona ha colaborado para agilizar el proceso: agentes de la policía de ese país se han desplazado al CIE y han tomado huellas a Jalal, presuntamente originario de la ciudad de Oujda, fronteriza con Argelia. El consulado, sin embargo, no dispone de herramientas para contrastar su verdadera identidad, por lo que ha remitido el material a Marruecos. Lo que falta ahora es la respuesta de la administración marroquí.

El papel de las relaciones bilaterales

“España tiene herramientas para expulsar a este tipo de delincuentes, pero es una cuestión también de diplomacia y de relaciones internacionales”, apuntan fuentes judiciales conocedoras de este tipo de procesos. “Marruecos y Argelia son dos países oscilantes en esta materia. Ocurre a menudo que no podemos expulsar efectivamente a delincuentes de este y otros perfiles”, añaden esas fuentes, a propósito de las trabas para documentarles, paso previo para que el país en cuestión acepte la expulsión. Cuando el delincuente, añaden, posee una identificación, el proceso de expulsión no suele ser complicado, especialmente en perfiles como el de los agresores sexuales; cuando esas personas no están documentadas, sin embargo, el proceso a menudo se demora.

La Audiencia de Barcelona condenó de manera firme al hombre en julio de 2021 a cinco años y tres meses de prisión y a cinco años de libertad vigilada por violar una mujer. El tribunal estableció la sustitución de un tercio de la pena por su expulsión y dictó además la prohibición de entrada en España durante seis años. El tribunal consideró probado que el 7 de febrero de 2019, cuando el acusado tenía 19 años, conoció en la playa de Arenys de Mar (Barcelona) a una mujer que no tenía donde dormir. Le propuso ir al piso ocupado en el que vivía, y juntos cenaron y bebieron. A las nueve de la noche, el hombre “cambió su actitud amistosa” y le dijo a la mujer “¡vamos a follar!”. Ella se negó, y él reaccionó “agresivamente”: le propinó un puñetazo, le dio un golpe con una tabla en la cabeza, y la dejó “muy aturdida y casi inconsciente”. Algo que aprovechó para quitarle la ropa, ponerle “una tabla en el pecho, presionando para inmovilizarla, mientras le propinaba puñetazos”, y violarla.

Ella aprovechó un momento en el que el hombre se distrajo y huyó del piso, “gritando socorro hasta llegar a la calle”. El hombre la persiguió y “siguió golpeándola en la vía pública”, hasta que una vecina acudió en su auxilio. La mujer se interpuso, y el joven regresó al piso y tiró a la calle las bolsas y maletas de la mujer, y se fue. La policía local le detuvo e ingresó en prisión a la espera de juicio. En todo momento, él defendió su inocencia.