Una casa en Baqueira y 312.000 euros: La jueza señala al oncólogo Josep Tabernero por apropiación del legado de Pere Mir

El oncólogo Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), se apoderó presuntamente de 954.000 euros del legado del empresario y filántropo Pere Mir, del que fue médico personal y uno los tres albaceas de su testamento. La titular del juzgado de instrucción número 12 de Barcelona, Myriam Linage, sostiene de forma indiciaria que Tabernero y su mujer se lucraron con la administración desleal del patrimonio de Mir, que según sus últimas voluntades debía acabar en manos de la fundación Cellex para la investigación científica.

Tabernero es uno de los tres investigados en la causa junto a los otros dos albaceas de Mir: Jorge Segarra, administrador del entramado societario de la familia del empresario químico y expresidente de Cellex, y el abogado Juan Francisco Capellas. El auto que ordenó, el pasado lunes 7 de abril, la entrada y registro en los domicilios de los tres investigados, al que ha accedido EL PAÍS, pone números al presunto desfalco.

La jueza contabiliza, por un lado, un total de 2,2 millones del patrimonio de Pere Mir y su esposa Núria Pàmies que los albaceas debían hacer llegar a la Fundación Cellex y que administraron de forma desleal. Y por otro, 6,2 millones de perjuicio por la apropiación indebida fruto de la gestión llevada a cabo a través de las empresas y fundaciones controladas por Segarra. Casi un millón de euros fueron a parar, por dos vías distintas, a Tabernero y su esposa, según el auto.

La empresa Simex, una de las muchas sociedades administradas por Segarra, donó al oncólogo y a su mujer “una vivienda unifamiliar y dos plazas de aparcamiento situados en una zona exclusiva de la Vall d’Aran”. Las propiedades tendrían un valor fiscal de 642.000 euros. Fuentes cercanas a Tabernero explican que, cuando aún estaba vivo, Mir le dijo verbalmente que quería que se quedara esa vivienda de Baqueira Beret, aunque el empresario no llegó a dejar nunca por escrito esa última voluntad. Fue, según las mismas fuentes, una muestra de agradecimiento por los múltiples cuidados y atenciones recibidas de su médico durante años; el apartamento, además, “no formaba parte de la herencia”, pues colgaba de una de las fundaciones panameñas que, según la tesis de los investigados, no pueden considerarse parte del legado.

Tabernero y su mujer también recibieron 312.000 euros (mediante dos transferencias del mismo importe) de esa empresa. La jueza concluye, sin embargo, que “las fincas y el dinero formaban parte del patrimonio de Simex y deberían haberse traspasado a la Fundación Cellnex”, a la que el filántropo había designado “heredera universal” para hacer donaciones e impulsar proyectos científicos. La jueza, que ha designado al Patronato de Fundaciones de Cataluña administrador judicial de las fundaciones, ha acordado también la prohibición de disponer de una serie de bienes; entre ellos, el inmueble de Baqueira Beret.

La jueza fundamenta la imputación a Tabernero en esas donaciones y, también, en su “intervención directa” en una donación de 550.000 euros por parte de la fundación privada Mir-Puig a un tal Lluís T. Se trató de una “donación personal” que no estaba “destinada a ninguna actividad fundacional”. El auto admite, no obstante, que tanto Tabernero como el abogado Capellas no tienen “una implicación tan amplia y directa” como Segarra.

Administrador del entramado de sociedades, presidente de las fundaciones creadas en Cataluña (Cellex, Casa Pairal, Mir Puig) y jefe del “holding” internacional con sede en Panamá, Segarra era la “máxima autoridad en la toma de decisiones”. El auto destaca su “protagonismo relevante” en la gestión, pero precisa que los otros dos investigados “habían de estar informados” de esas gestiones.

Préstamos, nóminas y cheques

El auto repasa las supuestas maniobras de Segarra para dilapidar parte del legado. En un par de ocasiones aprovechó su condición de administrador para concederse préstamos a sí mismo “en condiciones ventajosas, sin garantías, que podrían propiciar que el importe prestado nunca se devuelva”. En uno de esos casos, los fondos procedían de las cantidades que Mir había reservado para pagar a sus sobrinas una renta vitalicia.

Tras la muerte del matrimonio (la de Mir en 2017 y la de Pàmies en 2018), el albacea, siempre según el auto, retiró dinero en efectivo de la cuenta de ella, a la que cargó cheques que justificó como “becas a terceros”. Los cheques, 9.500 euros en total, los cobró él mismo. Segarra también perjudicó presuntamente los fines de la fundación al vender inmuebles de las empresas del empresario químico por debajo de su valor catastral.

Segarra retrasó de forma deliberada la liquidación de sociedades para poder seguir cobrando sueldos como administrador (1,1 millones) y efectuó “pagos de dudosa justificación” a antiguos empleados del matrimonio con los que pretendía “ganar la lealtad o el silencio” de esos trabajadores, siempre según el auto. Uno de ellos percibió 18.000 euros que se justificó como un préstamo “por un momento de necesidad”, pero que en realidad se contabilizó como gasto a fondo perdido: nunca se ha recuperado el dinero.

La fundación Cellex aceptó, en febrero de 2019, la herencia de la pareja: 15,2 millones de euros. En base a la investigación de los Mossos, la jueza considera que se excluyó del inventario una colección de joyas (2,1 millones) y lanza la sospecha de que “podría existir una parte importante de bienes en el extranjero no revelados hasta la fecha”. La jueza avisa además de que el patrimonio de las sociedades, que formaba “la gran parte de la masa hereditaria”, ha sido “liquidado casi en su totalidad”, y los fondos obtenidos con esas ventas han causado un “considerable perjuicio” a Cellex, ya que “han sido utilizados para fines distintos” a los expresados por Mir.

El auto concluye que todas esas prácticas supusieron un “incumplimiento de las últimas voluntades” de Mir tanto en su testamento como en los estatutos de sus fundaciones en Panamá. “Actuando en su propio interés o en el de terceros”, los investigados “han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas”.