Los profesores exigen seguridad para abrir tres institutos afectados por la dana y acusan a Educación de “presionar y desinformar”

La mayor parte de los representantes de la comunidad educativa no universitaria de la Comunidad Valenciana y el consejero de Educación, José Antonio Rovira, mantienen fuertes diferencias, ya evidenciadas en la huelga general de mayo contra la Ley de Libertad Educativa, que ahora se han agravado aún más con la dana del 29 de octubre. El último episodio es la reapertura de tres institutos, el María Carbonell de Benetússer, el 25 d’Abril de Alfafar y el IES Albal que, afectados por las inundaciones, aún permanecen cerrados. Tenían que volver a abrir sus puertas este lunes, según la previsión de la Consejería, pero no lo han hecho. Las directivas de los tres se han negado hasta no contar con todos los certificados de seguridad y salubridad que marca la ley y también hasta que no se reponga el equipo electrógeno en el caso de Benetússer.

Esta mañana, los centros estaban vacíos de estudiantes y con profesores y operarios trabajando dentro de las instalaciones, unas más maltrechas que otras. El ambiente estaba caldeado especialmente por un tuit en la red social X (antes Twitter) que envió este sábado la Consejería, en el que señalaba que Tragsa había concluido sus intervenciones en los institutos, pero “los equipos directivos han comunicado que ‘no hay intención de hacerlo”. Un comentario que soliviantó a los profesores, algunos de los cuales contestaron directamente al consejero en sus redes este fin de semana acusándole de mentir y de echar la culpa a los docentes de las carencias y la inacción de la administración educativa, cuando ellos fueron los primeros, por ejemplo, junto con los padres y algunos alumnos, en ponerse a limpiar las instalaciones tras la dana. Muchos antes de que llegaran los operarios enviados por la Consejería.

“¿Quién será el responsable si le pasa algo a un alumno por no estar las instalaciones en condiciones?” se preguntaba un profesor. El pasado mes murió un trabajador de Tragsa en las tareas de limpieza del centro educativo de Massanassa, recordaba otro.

La puerta principal del IES de Alfafar apenas existe, como tampoco el muro lateral contiguo, arrasado por la tromba de agua, aunque se puede acceder por una entrada secundaria. En Albal, los cuartos de baños instalados en las plantas bajas siguen con problemas de funcionamiento, por lo que se duda si podrán dar servicio a los 800 alumnos que alberga el instituto. El gimnasio no se podrá volver a utilizar en una larga temporada.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha salido al paso de la polémica y esta mañana ha afirmado que “bajo ningún concepto”, Educación propondría o pondría en marcha “una reapertura escolar” de centros afectados por la dana “si no tiene los elementos de seguridad necesarios”. Ha confiado en que la situación se pueda resolver en las conversaciones entre las comunidades educativas y la Consejería, al tiempo que incidió en que “cerca del cien por cien de todos los niños y las niñas han podido volver a clase” este lunes, “en un esfuerzo extraordinario por parte de la Conselleria de Educación de reubicación y de atención” y también “de toda la comunidad educativa”.

Las conversaciones han continuado y la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha apuntado que este lunes por la tarde podrían llegar las certificaciones demandadas (que asegura tener) y el martes, el grupo electrógeno. Todos quieren volver, pero las condiciones difieren.

Si los ánimos ya venían alterados, en nada contribuyó a apaciguarlos las declaraciones del consejero en la comisión de Educación de las Cortes Valencianas del pasado miércoles. Rovira dijo: “Me llega de Tragsa que llamaron a una directora de un colegio para ir el fin de semana a limpiar y dijo que ella el fin de semana no iba a abrir, seguramente era de Compromís, que lo único que saben es poner palos en la rueda”. Las críticas le llovieron no solo del partido aludido sino de los principales sindicales y colectivos de la enseñanza pública. Sus referencias a que la comunidad educativa prácticamente había llegado “a su plena normalidad” incendiaron también las redes.

En este contexto, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic de l’Horta Sud, en representación de la comunidad educativa de los centros afectados por la dana, ha denunciado esta mañana sin ambages “las mentiras, la desinformación, las presiones injustificadas y el abandono por parte de la Conselleria de Educación”. En un comunicado, ha asegurado que la Conselleria “ha fallado a la comunidad educativa”, y ha avanzado que se están organizando para realizar acciones de denuncia de esta situación y exigir que las autoridades competentes asuman su responsabilidad de manera urgente.

Ha señalado que los tres IES “continúan sin las garantías mínimas para su reapertura, a pesar de las afirmaciones de la Conselleria”, a la que ha acusado de “trasladar la responsabilidad a las direcciones de los centros”. “Esta situación no solo es falsa e irresponsable, sino que también pone en riesgo la seguridad del alumnado y del personal docente”, ha advertido. Los centros afectados “no disponen de ningún documento oficial que certifique su seguridad después de las obras realizadas”, ha reiterado.

Además, ha reclamado que el departamento de Rovira “deje de desinformar y manipular a la opinión pública con declaraciones falsas y que asuma sus obligaciones y responsabilidades como administración pública”.

La normalidad anormal

Por otro lado, alumnado, profesorado y familias del Instituto de Educación Secundaria (IES) Berenguer Dalmau de Catarroja se han concentrado este lunes ante este centro educativo, muy dañado por la dana, para exigir a la Conselleria que dé soluciones para los estudiantes, que mantienen las clases telemáticas o en otros centros. Varias decenas de personas han acudido a esta protesta, convocada después de que Rovira afirmara que el 100% del alumnado habría vuelto “a su plena normalidad”.

Un alumno ha explicado cuál es esa normalidad: el alumnado de la ESO está todavía haciendo clases por internet, con tres o cuatro horas diarias, con lo que están perdiendo “un montón de clases” y eso afectará a su “rendimiento a largo plazo”. Los de Bachillerato están yendo por las tardes a otro centro educativo, lo que implica un cambio de hábitos con el que, según cuenta este alumno, “no están cómodos” y también están perdiendo clases.

Por su parte, la presidenta del AMPA, Yolanda Morales, ha mostrado la “indignación, impotencia y rabia” que tienen las familias, que se sienten “abandonadas” por la administración, pero ha asegurado que seguirán “luchando poco a poco para conseguir” sus derechos y que sus hijos e hijas “tengan una educación”.