Ningún informe de evaluación ambiental de la Generalitat era desfavorable a las obras de los barrancos de la Saleta y el Poyo

Ningún informe de la Generalitat relacionado con la aplicación de la ley de l’Horta es desfavorable o se opone a las obras previstas en los barrancos del Poyo o La Saleta para mitigar el riesgo de inundación, según la documentación a la que ha tenido acceso la portavoz adjunta de los socialistas en las Cortes, María José Salvador. Desde la dana del pasado 29 de octubre, PP y Vox apuntan a esta norma como la responsable del bloqueo de los proyectos de encauzamiento de los barrancos de la Saleta y del Poyo, que se desbordaron por una tromba de agua extraordinaria pero, según esta documentación, ninguno es negativo. Son favorables o condicionados, sobre todo, a una integración paisajística del proyecto.

Los populares insisten en lo contrario. “La ley de l’Horta es la que impidió las obras en el barranco del Poyo”, espetó el presidente valenciano Carlos Mazón el jueves pasado en las Cortes dirigiéndose a los grupos políticos del anterior gobierno del Botànic —PSPV, Compromís—, que aprobaron en 2018 la ley y el Plan de Acción Territorial (PAT) de l’Horta para proteger 11.000 hectáreas de suelo de alto valor agrícola en el cinturón metropolitano de Valencia. Los populares insisten en que esa norma —cuya modificación pusieron en marcha mucho antes de la riada— bloqueó los proyectos de ramblas como la del Poyo o la Saleta.

“No existe en estos momentos ningún informe en el proceso de evaluación medioambiental que sea contrario a que continue la tramitación de los proyectos del barranco de La Saleta y de la conexión de la rambla del Poyo”, a tenor del contenido de varios informes de la Generalitat de paisaje, territorio, gestión de riesgos, movilidad, gestión del medio natural o del Consell de l’Horta, argumenta Salvador. En su mayoría, su visto bueno está condicionado a un plan de integración paisajística o aclaraciones técnicas, pero no son negativos.

En concreto, el informe del Consell de l’Horta, de 2024, con el PP ya en el Gobierno valenciano, se externalizó a una consultora pero la Generalitat asumió sus conclusiones. Ahí se proponen alternativas con menos impacto ambiental pero en ningún momento hay un informe que diga que no se puede hacer el proyecto. Es más, los artículos del Plan de Acción Territorial de l’Horta 33 y 67b establecen con claridad la compatibilidad de nuevos cauces con su integración paisajística, minimizando la superficie de huerta ocupada, es decir, en el PAT se especifica que no se prohíben nuevos cauces ni nuevas actuaciones, solo que hay que adaptarlas y plantea alternativas para su mejor integración en la huerta.

La Generalitat presidida por Mazón ha seguido adelante, al margen de los informes, con la modificación de la ley de l’Horta, descabezándola al eliminar el Consell de l’Horta, su órgano rector, y abriendo la puerta a la construcción residencial en suelos de huerta protegidos. E incluso permitiendo la posibilidad de usos deportivos en los suelos más degradados de la huerta sin necesidad de una reclasificación urbanística y donde encajaría, por ejemplo, un campo de golf. Detrás de estos cambios, los grupos de la oposición ven la vuelta a un modelo de urbanismo intensivo.

Otro de los argumentos de Mazón y su gobierno para modificar la ley y el PAT de l’Horta, además del de que impide las obras de encauzamiento pendientes, es la generación de suelos para construir viviendas ante una situación de emergencia habitacional, agudizada ahora por la dana. “Si quieres acabar con el Consell de l’Horta y el PAT porque quieres construir y ese es tu modelo urbanístico pues lo haces pero no recurras a la dana. Hay unos informes rubricados por los funcionarios de las consejerías que dicen lo que dicen”, defiende Salvador. El PAT original, no el recién modificado, se somete en sus artículos 33 y 67b a las determinaciones de la CHJ y compatibiliza los nuevos cauces con estudios para integrar esas obras en el entorno.

“Queremos desmontar los bulos del PP y de su presidente Carlos Mazón, que están en una contrarreforma en materia de urbanismo y ordenación del territorio que responde al modelo del todo urbanizable”, denuncia la diputada socialista y consejera de Territorio en el anterior Consell del Botànic. “Lo que no pueden continuar afirmando es que los informes que se han elaborado en diferentes departamentos de la Generalitat son contrarios a esas infraestructuras hidráulicas, que no van a eliminar el riesgo de inundación sino solo minimizarlo. Y, por tanto, tienen que ir acompañadas de políticas de ordenación del territorio que lo protejan, como las que impulsó el Botànic a través del Patricova o la ley de l’Horta”, añade la portavoz adjunta socialista.

Salvador insiste en que el decreto ley aprobado esta semana por PP y Vox, que descabeza la ley de l’Horta, “no toca ningún artículo que afecte a nada que esté relacionado con las infraestructuras hidráulicas. Y reitera: “No existe en estos momentos ningún informe en el proceso de evaluación medioambiental que sea contrario a que continue la tramitación de los proyectos del barranco de La Saleta y la conexión del Poyo con la A-7 y el barranco dels Cavalls. Que dejen de mentir”, concluye.

Proyectos caducados y retomados

La riada de octubre del año 2000 que desbordó el barranco del Poyo y el del Pozalet-Saleta llevó a las Administraciones a desarrollar planes para mitigar los efectos de las crecidas. Se proyectaron obras para evitar nuevas inundaciones en Paiporta, Torrent o Aldaia, las poblaciones más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. En 2011, la Confederación Hidrográfica del Júcar puso en marcha un puñado de planes con este fin que recibieron, en su mayoría, el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica pero se quedaron pendientes de licitación y ejecución con la Gran Recesión de 2008.

Se retomaron más tarde. La CHJ encargó en 2021 la redacción del proyecto de la Saleta-Aldaia-nuevo cauce del Turia para reducir el riesgo de inundación en municipios como Aldaia o Xirivella, canalizando las crecidas del citado barranco por fuertes lluvias y desviándolo al nuevo cauce del Turia. El proyecto incluye una conducción cerrada de 3,5 kilómetros entre los municipios de Aldaia y Alaquàs y luego una vía verde entre Alaquàs y Xirivella hasta el nuevo cauce. En agosto de 2022 se inició la tramitación ambiental simplificada y la CHJ prevé licitarlo en la segunda mitad de este año.

El proyecto de vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia, una infraestructura nueva que conectará la rambla con el Turia. La Confederación la encargó en 2021 y había que adaptarlo al nuevo marco legal y condicionantes puesto que la solución anterior y ya caducada era de 2010. Y finalmente, para adecuarlo a la ley de l’Horta, apostó por una solución compatible, consistente en una actuación blanda que se combina con una restauración ambiental, para minimizar el riesgo de inundación para periodos de retorno bajos y que deberá completarse con soluciones compatibles con las nuevas restricciones.