Almeida: “Madrid Central sigue en vigor y las multas se seguirán tramitando”

Al alcalde de Madrid le ha explotado su propia bomba. Cuando José Luis Martínez-Almeida estaba en la oposición a Manuela Carmena convirtió el asunto de Madrid Central en vital en su campaña electoral y el PP lo llevó a los tribunales. Ahora, en el otro lado del tablero de juego, se enfrenta a una situación paradójica: hacer frente a la multa que la Comisión Europea puede poner a Madrid a largo plazo por no atajar la contaminación y al aluvión de reclamaciones que puede recibir a corto plazo, es decir, a partir de ahora por las sanciones impuestas hasta el momento. Por lo pronto, Martínez-Almeida considera que Madrid Central sigue en vigor hasta que la sentencia sea firme. Sin embargo, ya lo es, aunque el Gobierno se agarra a los dos meses de plazo que tiene para ejecutarla. Ahora toca ganar tiempo para evitar que el centro de Madrid se convierta en un agujero negro donde impere el caos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha puesto 1.393.000 multas por infringir las normas de Madrid Central, según fuentes municipales, lo que en términos económicos significa 125 millones (o unos 62 por pronto pago). Qué pasa con esas multas a partir de ahora es una incógnita. Según un portavoz del Ayuntamiento, las que están pagadas o tramitadas no se devolverán. Pero no todos piensan lo mismo. Pedro Javaloyes, portavoz de la empresa DVuelta Asistencia Legal, una de las que presentó un recurso contra Madrid Central, considera que la sentencia del Tribunal Supremo significa que absolutamente todas las sanciones se podrán recurrir a través de una revisión de oficio “porque se ha demostrado que la multa ha sido ilegal”.

Otra de las incógnitas que los servicios jurídicos del Gobierno de la capital tratan de desentrañar ahora es qué pueden y qué no pueden hacer en la almendra central hasta que saquen adelante el nuevo plan bautizado como Madrid 360. Según fuentes municipales, tenían previsto sacar adelante la ordenanza municipal a partir de julio, por lo que se pueden encontrar con un margen de tiempo en el que reine la ley de la selva, algo que tratan de evitar con un único plan: avisando a los ciudadanos de que las cámaras siguen en funcionamiento. Se plantean, si llega el momento, la posibilidad de peatonalizar zonas sueltas como se suele hacer en época navideña para reducir el tráfico hasta que pongan en marcha el nuevo plan. Mientras deciden cómo desenredar este embrollo, el equipo del gobierno municipal se ha reunido con el resto de partidos políticos, a los que necesitará para acelerar los trámites. “Vamos a tener que acelerar los plazos para que no haya un vacío”, ha admitido el alcalde.

Almeida no ha desaprovechado este martes la oportunidad para tildar el proyecto “estrella” de Carmena de “fracaso” y ahora tendrá que poner en marcha su plan. “Ni solucionaba los problemas de calidad del aire en Madrid ni se ajustaba a derecho”, ha insistido el alcalde.

Sin embargo, en su primer año de funcionamiento, el área impulsó una reducción de los niveles de gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) en un 10% en toda la ciudad, cifra que aumenta al 20% en la plaza del Carmen, la única estación municipal de medición situada en el interior de Madrid Central. Desde 2010, Madrid ha incumplido los niveles máximos de NO2 y ese incumplimiento motivó la amenaza de sanción millonaria por parte de la Unión Europea a España, sobre todo por ciudades como Madrid o Barcelona.

De hecho, los datos se vuelven en contra del alcalde. Los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en la céntrica estación subieron en julio y agosto de 2019 hasta un nivel similar al mes de marzo anterior, cuando las multas por acceder al área aún no habían entrado en vigor, según un informe de Ecologistas en Acción basado en datos municipales. La organización vinculó este dato a la moratoria de Almeida que, durante una semana, eliminó las multas y creó confusión con respecto a la posible anulación de Madrid Central.

Bruselas, por su parte, vigila de cerca a los estados de la Unión Europea (UE) y es la que decide si acelera o pisa el freno con los expedientes contra los países que incumplen las directivas comunitarias. En julio de 2019 la Comisión decidió dar un acelerón y llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento desde 2010 de la directiva de calidad del aire. Las fuentes comunitarias consultadas apuntaron entonces a un detonante: la intención del Ayuntamiento de la capital española de revertir Madrid Central, la zona de bajas emisiones que vetaba el acceso de los coches más contaminantes al área céntrica de la ciudad.

El expediente contra España, que se abrió en 2015, estaba en estado latente desde mayo de 2018 y se reactivó en el momento en que el Consistorio intentó (sin éxito) suprimir las multas sobre las que se sustenta Madrid Central. El Gobierno central cuenta con instrumentos legales para trasladar la parte de la sanción que le corresponda a los Ayuntamientos y comunidades afectadas, por lo que el Madrid de Almeida puede encontrarse ahora con un importante agujero: el de las multas que deberá devolver y el de la sanción europea.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha recomendado a los ciudadanos que continúen actuando como si las limitaciones en la zona de bajas emisiones continuasen vigentes, porque el Ayuntamiento aún no puede hablar “con garantías” pese a que el Supremo haya inadmitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción y haya confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba la medida por defectos formales. “Mientras no sea firme la sentencia, Madrid Central sigue en vigor. No podemos hacer nada al respecto. En el caso de que alguno circule por Madrid Central sin los supuestos previstos, el Ayuntamiento tramitaría la multa correspondiente”, ha insistido Almeida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM anuló el pasado julio Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la empresa DVuelta Asistencia Legal sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. Ahora, el Supremo ha rechazado el recurso de casación con el que Ecologistas en Acción trataba de preservar la zona libre de emisiones.

“Sabíamos que Madrid Central no era eficaz ni efectivo y que no se ajustaba al ordenamiento jurídico. Los problemas de Madrid no se solucionan solo en el Centro, los vecinos de Carabanchel también tienen derecho a respirar aire limpio”, ha apostillado Martínez-Almeida, quien prometió en campaña anularlo el primer día que gobernara y que hoy ha vuelto a incidir en que Madrid Central “no resolvía los problemas de todo Madrid”. A su juicio, la medida “adolecía de una serie de efectos jurídicos importantes”, por lo que su equipo presentó Madrid 360, “una alternativa mejor, que incluye todos los distritos, un conjunto de medidas mucho más amplias”.

Si bien ha reconocido que se tendrán que “acelerar plazos” para que la nueva ordenanza de movilidad, que aún no está aprobada, vea la luz y “aplicar así los principios globales de Madrid 360”. Ha añadido que es “aventurado” hablar en este momento sobre cuantías de multas, pero que “los servicios jurídicos están estudiando todos los escenarios”.