El examen más caótico posible para convertir en funcionarios a miles de interinos en Educación

“Voy a intentar no llorar... Tengo el corazón aplastado. Llevo muchísimos años trabajando con niños con mucha pasión, mucho amor y profesionalidad. La Comunidad de Madrid ha querido que jugáramos a este juego, jugamos bajo sus reglas, y cambiaron todo al final de la partida. Siento mucha frustración y mucho dolor”. Así ha sido el proceso de estabilización para María, una fisioterapeuta que ha pedido mantener su anonimato para evitar ser, de nuevo, víctima del proceso. Como ella, cientos de trabajadores han denunciado múltiples irregularidades en los procesos de estabilización, un mecanismo que supone cambiar de centro de trabajo, cesar, o tener por fin una plaza fija a un total de 4.500 profesionales de la educación madrileña, según datos de CC OO. Enfermeras, integradores sociales, administrativos, educadoras infantiles; prácticamente en todas las categorías educativas los profesionales se han quejado del procedimiento. “El proceso ha sido una chapuza. No está acorde con una comunidad como Madrid. Lo han hecho tarde, mal y nunca”, dice Alfonso Muñoz, secretario general del personal laboral de la Federación de Enseñanza de CC OO.

El proceso de estabilización es una medida que supone zanjar el abuso de temporalidad de los profesionales públicos y que responde a la Ley 20/21, del 28 de diciembre, de la Unión Europea, en la que se dictaban medidas urgentes para reducir la temporalidad al 8% en el empleo público del Gobierno central. En el sistema educativo de Madrid la temporalidad alcanza hasta el 35%, según CSIF.

A partir de enero de 2022 se debía iniciar el proceso por dos procedimientos: el examen de oposición ―abierto a cualquier aspirante― y el concurso de méritos, restringido a interinos. Ambos suman puntos para una nota final. Las personas seleccionadas optan para una plaza fija, mientras que las que no, son cesadas y regresan a la bolsa de empleo de la Administración. Las quejas son muchas y la mayoría diferentes. Algunos exámenes se iniciaron tarde, otros se hicieron de manera incorrecta. La mayoría de profesionales han calificado el proceso como injusto y piden que se realicen de nuevo los exámenes. Esta crisis se está viviendo cuando quedan solo 29 días para cumplir con la normativa europea, que dictaba que el proceso debía quedar totalmente listo al 31 de diciembre de 2024.

Fisioterapeutas

La última oposición de los fisioterapeutas se realizó en 1992. En esta primera oportunidad, después de tantos años, debían hacer un examen teórico y un examen en el que se escoge un caso práctico y se defiende ante un jurado. El primero fue en febrero, en el que se tuvieron que impugnar varias preguntas, y el segundo se realizó hasta septiembre, con poco tiempo de margen. “Lo normal hubiera sido empezar a defender los casos en julio porque el proceso tiene que estar cerrado el 31 de diciembre. Pero informaron de que las lecturas iniciaban en septiembre y que empezaban a leer seis personas al día. Como vieron que no les daba tiempo, empezaron a subir las lecturas diarias y el último día leyeron 33 personas”, cuenta María.

Cuatro días después de haber finalizado con todos, se les comunicó que habían aprobado solo 184 personas, justo para cubrir las 184 plazas disponibles. “Han publicado exactamente el mismo número de aprobados que plazas ofertadas. Es mucha casualidad que de 500 personas que nos hemos presentado en el segundo examen, hayan aprobado exactamente la misma cantidad, y hayan aprobado los que leyeron antes”, dice otra mujer, quien también resguarda su identidad. Ambas consideran que esto es respuesta a que la Comunidad inició tarde los procesos y ahora están con prisa para terminar en el plazo. Con ellas coincide Sonia Maqueda, que lleva 29 años en fraude de ley y dichosamente si aprobó ambos exámenes. “El porcentaje de aprobados no llega ni a un tercio de los trabajadores más antiguos. ¿Esto es lo que estaban buscando? ¿Echar a personas de más de 50 años que tienen responsabilidades de personas menores y mayores, especialmente mujeres? ¿Dónde van a encontrar trabajo?”, dice.

Integradores sociales

Los integradores sociales, en su mayoría encargados de aulas diferenciadas y alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), han denunciado que un error administrativo del Gobierno regional ha dejado a muchas personas sin posibilidad de conseguir una plaza fija. Una de ellas es Elisa González, de 52 años, 11 de ellos como integradora social en el colegio público Jorge Guillén, en Móstoles. Según explica, el problema ha sido que las direcciones de área educativas han emitido mal sus certificados de méritos, por lo que no le sumaron puntos por su experiencia. Solo se les colocó su categoría profesional (Técnicos I), pero no su especialidad.

“Es un error que le cuesta el puesto a cientos de personas. Yo me he quedado fuera, se me ha baremado cero en experiencia. Esto es agónico, están jugando con la salud emocional de los trabajadores y sus familias”, cuenta. En este caso, la Comunidad de Madrid ha reconocido una serie de “incidencias” en los certificados y ha asegurado que se va a “proceder a su revisión” para cumplir con los plazos establecidos. La Dirección General de Función Pública ha confirmado a este diario que esto pudo haber afectado a “un máximo de 413 personas de la convocatoria”.

Educadores infantiles

Otro colectivo que dice sentirse maltratado es el de los educadores infantiles, profesionales que tienen a cargo niños y bebés que han formado un vínculo con ellos durante el primer trimestre y que deberán cambiar de trabajo antes de Navidad. Sonia Trejo es una de las que no ha aprobado. Lleva poco tiempo en la función pública, pero reconoce que el proceso ha sido injusto y decenas de personas han sido víctimas de los errores de la Comunidad. Desde el inicio todo empezó mal: “Al principio anunciaron una serie de plazas que no eran correctas y desde los sindicatos se denunció. La Administración las revisó y sacaron las plazas que faltaban”, relata.

Luego les ocurrió algo similar que a los integradores: las baremaciones de méritos y formación se hizo de manera incorrecta. “Ha habido gente que tiene un montón de años trabajando y les han baremado en cero la experiencia laboral como en formación”, cuenta Trejo por teléfono. Asegura que la Comunidad intentó corregir el error, pero volvió a publicar una lista equivocada. Hasta que a la tercera vez se publicó una aparentemente correcta. “El proceso no ha sido adecuado y mucha gente muy mayor se va a tener que ir a la calle”, añade. La Comunidad también aceptó públicamente incidencias en su página web. Estos profesionales ya no tienen posibilidad de presentar reclamaciones y su única opción es demandar por lo social.

Técnico Especialista III

Para los técnicos especialistas en categoría tres nunca se había abierto una oposición. Y no fue como se lo esperaban. En su caso, el temario del examen no coincidía con sus capacidades, según cuenta Patricia Gómez, de 49 años, quien ha quedado fuera del proceso tras haber reprobado. Cuenta que ante la insistencia de CC OO, el temario cambió, pero no terminaba de coincidir con las tareas de los técnicos en centros educativos. Se ofertaron 544 plazas, pero aprobaron unos 440. “El examen que nos propusieron fue muy complicado. De hecho, tuvieron que bajar la nota de corte del 25 al 22, e igual con eso han dejado sin cubrir unas 100 plazas”, comenta. Y añade: “Estas plazas que quedan sin cubrir es una evidencia de la gran dificultad que tuvo la oposición que plantearon. Hay compañeros interinos desde hace 20 años que se quedaron fuera y ya tienen edades complicadas para conseguir un trabajo”.

Enfermeros

Los enfermeros no se salvan. Carmen Núñez, enfermera y delegada de CC OO, es una de las que quedó fuera tras llevar 10 años trabajando para la Comunidad como interina. En primer lugar, consideran que al ser un proceso para estabilizar a las personas que tenían mucho tiempo trabajando, no se debió haber abierto al público y solo se tuvo que haber concursado por los méritos. “Es una vergüenza que se esté actuando de esta forma”, dice. Estos profesionales también debían hacer un examen teórico y defender un caso práctico. En el primero, les dieron unos 40 temas que “no tenían nada que ver con el trabajo diario” de los profesionales. “Ha sido una odisea, la gente está muy cansada, muy desencantada. Esto es un despropósito, lo mires por donde lo mires. Estas cosas se tenían que haber hecho de otra manera”, critica Núñez. De hecho, de las 572 plazas ofertadas solo aprobaron 311 personas, que siguen esperando a que salgan las listas para escoger sus puestos.

A pocos días de que finalice el plazo, muchas incidencias siguen sin ser resueltas y los profesionales han empezado a poner demandas a la Comunidad. ¿Se lograrán acabar en plazo todos los procesos? EL PAÍS se lo consultó a la Dirección de General de Función Pública de Madrid, a lo que indicaron que se está intentando. Es decir, aún no hay seguridad.