Sanchinarro X: los primeros pisos públicos vendidos en Madrid a un fondo se alquilan ya por 2.100 euros al mes

Sanchinarro X es un nombre olvidado. Así llamó el Ayuntamiento de Madrid a unos pisos que alquiló en 2005 a precio asequible a jóvenes de pocos ingresos en un barrio del norte que por entonces estaba naciendo, Sanchinarro. Hoy, en esa urbanización de diez edificios y 304 pisos no queda ni rastro de esa denominación, ni tampoco se puede ver señal alguna que recuerde que fueron promovidos por la corporación local y en concreto por su brazo inmobiliario, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), la entidad que en 2010 vendió el complejo a un gran fondo. El nuevo casero sí se hace notar: “Nestar. Bienvenidos al nuevo bienestar”, dicen los carteles colgados por la zona de jardines comunitarios, que cuenta con dos piscinas, pista de pádel, gimnasio, solárium, trasteros y garajes. Nestar es la empresa que compró los pisos y ahora los alquila. Es el segundo mayor tenedor privado de vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid.

Aquí ahora rige el mercado libre. Precios de alquiler de entre 1.300 y 2.100 euros mensuales en Idealista que descolocan a los antiguos inquilinos. Uno de ellos, Sergio Sanz, de 51 años, no comprende quién puede pagar esto: “¿qué pareja gana 6.000 euros al mes en este país?”, dice mientras contempla el exterior de su antiguo hogar, durante una visita para este reportaje. Ya no queda casi ninguno de sus vecinos, los jóvenes ilusionados que en 2005, durante la entrega de llaves, escucharon al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, del Partido Popular, hablarles del derecho constitucional a la vivienda digna.

Quien quiera vivir ahora en la urbanización de Nestar debe abonar precios que a Sanz le parecen impropios de una vivienda digna. Por ejemplo, en Idealista se oferta un bajo de 57 m² por 1.810 euros. Se trata de un “alquiler flexible” que solo puede ser habitado entre uno y 11 meses. Con esa fórmula, los grandes caseros se saltan la regulación a favor del inquilino de la ley de arrendamientos urbanos, que les obliga a firmar contratos de siete años, sin variar el precio. El piso más caro es un pequeño ático de 60 m² que se alquila por 2.100. “Solo tienes que traer tus ganas de disfrutar, nosotros nos encargamos del resto”, dicen los anuncios.

En 2010, Gallardón vendió Sanchinarro X a Nestar, que entonces se llamaba Lazora. La venta a un fondo, “inédita” en Madrid según las crónicas de entonces, fue una de muchas que se hicieron en los años oscuros posteriores al pinchazo de la burbuja del ladrillo. Ilustra cómo se desperdició la posibilidad de tener un parque estable de alquiler público, un objetivo que ahora retoman con urgencia las administraciones para ofrecer vivienda asequible.

Con la venta, el alcalde quería aliviar las deudas municipales, pero al mismo tiempo explicó que ese negocio era “un ejercicio de solidaridad” porque usaría esos fondos para construir más.

La operación se cocinó rápido. El 2 de agosto de 2010, cuando muchos vecinos se encontraban bronceándose en la playa, la EMVS les envió una carta informándoles de que iban a subastar sus viviendas. La empresa municipal se deshacía de esos 304 pisos en Sanchinarro X y también de otras promociones, en Carabanchel, Vallecas y Villaverde. En total, 630 inmuebles. Los vecinos pusieron el grito en el cielo. Se manifestaron por el centro de Madrid y la prensa cubrió la controversia durante semanas. Pedían que la EMVS les ofertara la compra a ellos porque los contratos de 2005 se comprometían a garantizar a los beneficiarios 10 años de alquiler protegido y “facultativamente” una oferta de compra a los inquilinos. El Ayuntamiento les dijo que ese ofrecimiento era optativo y no obligatorio.

Protestar fue inútil. La subasta se celebró el 13 de septiembre, con un único pujador, Lazora. Esta empresa, creada en 2004, era un gigante dedicado a amasar viviendas para ponerlas en alquiler, un negocio novedoso en España. Lazora pagó 65 millones, es decir, 103.000 euros por piso.

Para calmar los ánimos, Lazora aseguró en un comunicado que los inquilinos “mantendrán exactamente las mismas condiciones de sus contratos vigentes”. Añadía que finalizado el plazo de protección, Lazora “se compromete voluntariamente con los inquilinos actuales a ofrecerles la renovación a precios de alquiler protegido”.

Nadie cumplió. El Ayuntamiento apenas construyó vivienda y siguió con sus ventas. En 2010, la EMVS contaba con más de 11.000 viviendas. Cinco años después, eran apenas 6.000. La venta más sonada la ejecutó la sucesora de Gallardón, Ana Botella, también del PP, que vendió a otro fondo, Blackstone / Fidere, 1.860 viviendas. La Comunidad también vendió a fondos. El caso más conocido son las casi 3.000 viviendas vendidas a Encasa Cibeles (una entidad en la que participaba Azora, vinculada a Lazora).

Lazora tampoco respetó su compromiso. Subió los alquileres en cuanto pudo, en 2015, cuando expiró la protección. Sanz y su esposa pagaban 450 euros mensuales. De golpe, la renta subió a 620 euros. Sanz cuenta que en 2018, cuando decidieron irse, les reclamaban 900 euros mensuales.

Pasaron cosas que los vecinos interpretaron como una invitación a largarse. Un día, por el grifo empezó a salir agua marrón. Un camión con agua potable aparcó durante días en la zona común hasta que la avería fue reparada.

Unos se fueron voluntariamente; otros desahuciados. Solo un puñado resiste desde los tiempos de la EMVS, según cuenta a EL PAÍS un par de ellos. La compañía no revela cuántos son. Asegura que ha mantenido voluntariamente a esos inquilinos con alquileres asequibles en atención a sus circunstancias personales. Un portavoz explica que cuando vence un contrato lo revisan de forma individualizada.

Sin embargo, el abogado Mariano Benítez de Lugo afirma que ha atendido a una decena de inquilinos de Sanchinarro X, todos amenazados de expulsión. Ha detenido algunos desalojos, apelando a su vulnerabilidad, pero otros clientes acabaron capitulando. “Cuando hay sentencia firme de desahucio, entran en lo que llamo el corredor de la muerte”, dice Benítez. “A partir de ahí me ocupo de evitarlo”.

Daniel González, que vive en un ático desde 2005, se mantiene después de tres órdenes de desahucio. Se siente víctima de una injusticia. “Nos dijeron que tendríamos opción de compra. Invertí mucho en muebles a medida y otras mejoras. Y de repente nos dicen que nos vayamos”, explica. “No somos okupas. Tenemos derecho”.

Mercedes y BMW

Tras las subidas, llegaron vecinos pudientes. “En el garaje veo Mercedes y BMW donde antes había Seat y Renault”, resume González. Lazora construyó las piscinas, la pista de pádel y el gym. Y empezó a alquilar en contratos de menos de un año. Al teléfono, un comercial explica que “el concepto es parecido al de un hotel”.

Los nuevos vecinos también se quejan de abusos. Algunos se están organizando para demandar a Nestar porque consideran injusto que les cobren el seguro de impago, una carga que en octubre del año pasado fue declarada ilegal por un juez madrileño. Precisamente, aquel condenado fue Nestar. La empresa responde que han recurrido y que consideran que la ley permite pactar esta garantía para el casero.

Además, estos vecinos en Sanchinarro aseguran que Nestar les aplica subidas prohibidas por ser superiores al IPC. También protestan por el mantenimiento. “Los picaportes se caen y las persianas se enganchan, y ellos siempre ponen trabas para repararlos”, dice uno de tres nuevos vecinos que han hablado con EL PAÍS. Todos piden anonimato, para evitar represalias y “por cuestión de estrategia procesal”.

Nestar, que dice gestionar más de 9.000 viviendas “de alquiler asequible” en España, tiene un largo historial de conflictos. En 2018, el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes lo declaró non grato; en 2023 perdió en el Supremo por repercutir el IBI a inquilinos de vivienda protegida en Aragón; y ahora el Sindicato de Inquilinas coordina la lucha de casi mil inquilinos en Madrid.

Las ventas a fondos dejaron un sabor amargo en Madrid, y con el tiempo las administraciones reaccionaron. A partir del mandato de Manuela Carmena, la EMVS frenó las ventas a particulares y a fondos, y comenzó a recuperar su parque de alquiler asequible. Hoy la empresa municipal tiene 9.198 viviendas para ese fin. Los pactos entre partidos durante la pandemia -los Acuerdos de la Villa- prohibieron al Ayuntamiento vender vivienda protegida. La Comunidad prohibió en 2017 vender sus propias viviendas, salvo a inquilinos.

Queda mucho para que España se equipare con países del entorno en cuanto a vivienda pública -el 2,5% de los hogares españoles, frente al 9,5% medio de la Unión Europea-.

Sanz visitó esta semana el exterior de su antiguo hogar en un día lluvioso. No es la primera vez que vuelve. Desde que hizo las maletas, ha pasado aquí algunas tardes para ver a gente de su época. Cuando viene se le revuelve el estómago: “Me siento estafado”.

Le asaltan recuerdos de sus 13 años aquí, y de aún antes, porque se crio cerca. “Veníamos aquí con la bicicleta a estos terrenos, que eran una escombrera”.

Se marchó a Colmenar Viejo, 33 kilómetros al norte de la capital. Alquila con su esposa y su hijo un piso por 724 euros. Es la primera vez que vive fuera de la gran ciudad. “Me desahuciaron de mi ciudad natal”, dice. Bajo la lluvia, señala su piso en una quinta planta, en lo que un día fue Sanchinarro X.

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