El PP de Ayuso convoca a Pedro Sánchez a la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid el caso de Begoña Gómez

El PP de Isabel Díaz Ayuso ha decidido convocar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la sesión del 19 de febrero con la que acabará la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid sobre el presunto trato de favor recibido por parte de su mujer, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense (UCM). Así lo ha anunciado este lunes Carlos Díaz-Pache, portavoz del grupo conservador en el Parlamento regional, que ha dado por hecho que el jefe del ejecutivo no acudirá a la Cámara, puesto que no tiene la obligación de hacerlo.

“Les anuncio que el PP va a llamar a Pedro Sánchez para que nos cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estos programas que dirigía su mujer”, ha dicho Díaz-Pache sobre el desempeño de Gómez como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la UCM. “Todo lo que hemos escuchado estos meses [en la comisión] nos apunta que estos programas se gestaron en la mesa del presidente, que utilizó su influencia, el palacio de la Moncloa, para ayudar a su mujer a medrar profesionalmente, socialmente, dirigiendo unos programas de los que no podría ser ni alumna, dada su cualificación académica”, ha añadido. “Sabemos que no va a venir, porque el titán de la transparencia no respeta a las instituciones democráticas”, ha continuado. “No nos sorprende que no vaya a venir. No somos ingenuos”.

La esposa del presidente comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

En el trasfondo de esa decisión estuvo que Gómez está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM. Por su parte, su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, también convocada por el PP para la última sesión de la comisión de investigación de la Asamblea, está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Además de a Sánchez y a Gómez, el PP también llamará a la última sesión de la comisión de investigación a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de relaciones institucionales de la Complutense. En el caso del que el presidente decida no acudir, ha precisado Díaz-Pache, los conservadores valorarán sustituirle por otra persona. Y lo previsible es que eso sea lo que suceda.

En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria de otras cámaras autonómicas con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados y el Senado, pero no ante Parlamentos regionales. Una decisión avalada por distintos dictámenes del Consejo de Estado.

Por ejemplo, un informe de este órgano fechado el 25 de abril de 2019, en relación con la convocatoria de miembros del Gobierno de España de la etapa de Mariano Rajoy (PP) ante el Parlament catalán, concluyó con claridad “que los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender solicitud de comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña”.

Legalidad de los trabajos

Así lo ha recordado este lunes Mar Espinar, la portavoz de los socialistas en la Asamblea, que ha tildado de “circo” la comisión: “El PP sabe perfectamente que los miembros del gobierno comparecen en sus Parlamentos, no en otros. ¿A qué viene ahora este anuncio?”.

Al igual que Espinar, Mónica García, líder de Más Madrid y ministra de Sanidad en el gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar, ha considerado que la convocatoria de Sánchez responde a un intento del PP por intentar tapar las polémicas que rodean a Díaz Ayuso, entre ellas que su pareja, Alberto González Amador, declare el 24 de febrero por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal.

El pasado verano, el PP de Ayuso decidió impulsar una comisión de investigación sobre el caso Begoña Gómez con la excusa de que la polémica afectaba al prestigio de una institución pública madrileña, la Universidad Complutense. Cuando arrancaron los trabajos, el partido conservador se dijo especialmente interesado en utilizar las comparecencias de la Asamblea para poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y en que se explicara qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra, sin tener titulación superior, y la relación con las empresas que la financiaban.

Durante su comparecencia en la comisión, a mediados de noviembre, Goyache desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.

De esta manera, los trabajos de la comisión llegarán a su fin este febrero, con una última sesión en la que previsiblemente no estará Sánchez. El objetivo del PP, sin embargo, está cumplido: el partido de Ayuso buscaba apuntarse el tanto de llamar al presidente a la Cámara, frente a Vox, y así lo ha hecho.