La Audiencia Provincial abre la vía para investigar a la pareja de Ayuso por dos nuevos delitos

La Audiencia Provincial de Madrid da luz verde a la ampliación de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos nuevos delitos. Los magistrados han notificado este lunes a las partes que puede proceder la apertura de una segunda pieza, al desestimar el recurso que había interpuesto el empresario Alberto González Amador, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los hechos afectan a los negocios de la consultora de Amador en 2020 y 2021 con el gigante sanitario Quirón, una empresa que factura anualmente cientos de millones a la Comunidad de Madrid.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, había abierto esta nueva pieza el 23 de octubre para investigar a Amador por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Los letrados de Amador recurrieron a la Audiencia y la decisión se ha conocido este lunes por la tarde.

La noticia es un duro golpe para Amador ya que hace solo ocho meses esperaba poner fin a sus problemas judiciales con un acuerdo de confesión de culpa que le hubiera permitido escapar de la cárcel. Aquel pacto quedó interrumpido in extremis cuando las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid solicitaron a la jueza Iglesias que considerara la ampliación a nuevos delitos. Amador se enfrenta ahora a dos frentes por separado y, de acabar ambos en condena, podría entrar en prisión.

El auto también es un revés para Ayuso, quien se ha implicado a fondo en la defensa de su pareja y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de una “cacería”. La presidenta madrileña le dijo a El Mundo este domingo que lo de Amador “es el pago de un impuesto fuera de plazo”, a pesar de que el expediente de Hacienda probó que el empresario defraudó 350.910 euros gracias a 15 facturas falsas. Ayuso también insistió en la idea de que la irregularidad de Amador es común y corriente ―”como 50.000 inspecciones al año”―, pero la Agencia Tributaria solo inicia 184 procesos anuales por fraude.

Horas después de la noticia, Ayuso dio un discurso ante el comité ejecutivo del PP de Madrid en el que habló sobre las investigaciones por corrupción que afectan a la imagen del presidente Sánchez, pero omitió palabra alguna sobre su pareja. En cambio, la izquierda madrileña salió rápidamente a celebrar la decisión de la Audiencia. La líder de la oposición, Manuela Bergerot, de Más Madrid, dijo en declaraciones a la prensa en la Asamblea que “todo apunta a que finalmente estamos más cerca de saber qué hay detrás de esa relación entre Ayuso, Quirón y su novio”. Por su parte, el diputado autonómico del PSOE Javier Guardiola subrayó que Ayuso “cada vez está más acorralada por la justicia” porque “entre bulo y bulo, la verdad asoma”.

El caso dio un giro el 24 de junio pasado, cuando PSOE y Más Madrid hicieron aquella solicitud para ampliar a nuevos delitos. Alegaron que tras estudiar en cuestión de dos semanas el voluminoso expediente de sanción de Hacienda, habían concluido que la causa no podía cerrarse tan pronto ni de manera tan indulgente.

Los inspectores de la Agencia Tributaria habían hecho averiguaciones durante año y medio sobre la consultora de Amador, Maxwell Cremona SL, dedicada a asesorar sobre obtención de sellos de calidad. Cuando la Fiscalía recibió el expediente en enero del año pasado, tan solo decidió formular denuncia por dos delitos de fraude fiscal en concurso con falsedad en documento mercantil, cometidos en los ejercicios de 2020 y 2021 del impuesto de sociedades. A juicio de los dos partidos de izquierda, los hechos contenidos en el dosier incurrían en otros cuatro tipos penales: administración desleal, corrupción en los negocios, falsedad contable y delito contable. Finalmente la jueza Iglesias admitió en un auto solo los dos primeros.

El delito de corrupción en los negocios castiga los pagos de sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas, y el de administración desleal se orienta contra los administradores de empresas que causen un perjuicio al patrimonio puesto bajo su responsabilidad.

Los magistrados de la Sección Tercera han estimado que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”. El auto impone las costas del recurso a Amador.

El pago al ejecutivo de Quirón

Los hechos que han originado esta segunda pieza se remontan a diciembre de 2020, cuando Maxwell compró por casi 500.000 euros una segunda empresa, Círculo de Belleza SL, dedicada a la estética y propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Amador le cambió el nombre a Masterman & Whitaker SL y traspasó a ella los negocios que estaba realizando Maxwell para Quirón. Según Hacienda, ese trasvase fue fraudulento ya que esta nueva sociedad no tenía medios materiales o humanos, a diferencia de Maxwell, que había recurrido durante años a contratos mercantiles con alrededor de una decena de auditores.

Los inspectores concluyeron que Amador empleó Masterman en el ejercicio fiscal de 2021 como una sociedad instrumental, con el fin de que Maxwell pagara menos impuestos. El 15 de diciembre de ese año, Maxwell emitió una factura de 720.000 euros a Masterman, en concepto de “consultoría de sistemas a clientes”, consiguiendo trasladar a esta segunda empresa sus ingresos procedentes de Quirón. Hacienda calificó esta operación como “artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria”.

En su recurso, los dos partidos de izquierda habían pedido que se citara a Camino porque sospechaban que la compra de Círculo de Belleza era en realidad el pago encubierto de una comisión. Se basaban en la suposición de que Amador debía estar agradecido a Camino porque su pequeña consultora era dependiente de contratos de cientos de miles de euros con Quirón. Otra posibilidad es que fuera una contraprestación por un negocio que enriqueció sobremanera a Amador al principio de la pandemia. Durante la primera ola, Amador se embolsó una comisión de 1,9 millones de euros por intermediar en la compra de mascarillas chinas que hizo una empresa gallega vinculada a Camino, Mape Asesores, por 42 millones.

Tras conocer el auto, los abogados de Amador han pedido a la jueza Iglesias que su cliente declare de forma voluntaria en la nueva pieza “tan pronto lo permita la agenda del Juzgado”, así como la suspensión de la pieza original, según dos escritos a los que ha accedido EL PAÍS. Argumentan que si se demuestra que los ingresos de Maxwell provenientes de Quirón eran delictivos, habría que levantar su imputación por fraude fiscal y citan la doctrina del Supremo que considera los ingresos con origen delictivo objeto del proceso penal no deben dar lugar a su tributación.

El pacto que negoció Amador en junio del año pasado consistía en aceptar ocho meses de cárcel, una pena inferior a los dos años, lo que hubiera permitido a la jueza suspender su entrada en prisión ya que el empresario carece de antecedentes penales. Pero ahora podrían concurrir dos condenas, haciendo imposible esa exención.

Amador es investigado en la primera pieza por dos delitos de fraude fiscal del 305.1 CP, que prevé de uno a cinco años de cárcel. En la segunda, los delitos son la corrupción en los negocios del artículo 286 bis del Código Penal (CP), que contempla penas de entre seis meses a cuatro años, y la administración desleal, del artículo 252 del CP, con penas de seis meses a tres años.

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