Los investigados del ‘caso FP’ que afecta al Gobierno de Ayuso: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”

—¿Intervino usted con el grupo Virelec para fraccionar los pagos o para no fraccionarlos?

—No, porque eso venía dado desde arriba. O sea, nosotros no intervenimos en absolutamente nada. Venía hecho (...) No decidimos absolutamente nada (...) A ti te lo dice tu jefe, te lo dice el director general y el subdirector general. Y tú crees que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. No que te estén engañando.

El diálogo se produce el 12 de marzo en el juzgado número 39 de la plaza de Castilla. Ahí declaran tres investigados por el caso FP, en el que una jueza investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa consistente en supuestamente fraccionar ilegalmente contratos para otorgar a dedo, principalmente al grupo Virelec, la reforma de una decena de centros educativos encargada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En esa larga mañana, Miguel Ángel Pérez, director de una de esas instituciones, señala que carecía de competencias para decidir obras, y que simplemente aplicó directrices de uso común y extendido a otros centros. Que todo “venía dado desde arriba”. Desde entonces, y aunque nadie se refirió a él por su nombre, todas la miradas se dirigen a Enrique Ossorio, que actualmente es presidente de la Asamblea, donde ha intentado impedir que se mencionara la polémica, y que en la época investigada (2021, 2022 y 2023) era titular de Educación en un ejecutivo en el que llegó a ser portavoz y hombre de confianza de Ayuso como redactor de sus programas electorales.

Porque hubo otros dos testimonios en ese sentido, según consta en documentación a la que accedió EL PAÍS. “El mandato de las enseñanzas venía de la Dirección General. Desde ahí nos decían que nos iban a dar dinero, que seguía todo un itinerario que ahora hemos sabido cuál es realmente, que pasa por hasta cinco o seis instituciones que dan el beneplácito, incluida intervención, y el consejero”, coincidió otro director, Miguel Ángel Sánchez, que también recalcó que no tenía competencias para decidir obras.

Una referencia a la cadena de mando de la Consejería de Educación en la que también puso el acento ese día el ex subdirector general de FP, Alfonso Mateos. “Era un documento que tenía abajo cuatro firmas”, dijo Mateos sobre las memorias que recogían las inversiones en cada centro. “La primera firma era la del director general, la segunda firma era la del interventor de la Consejería de Educación, la tercera firma es la del consejero de Educación, que es quien aprueba”, recalcó ese visto bueno; “y la cuarta firma es el interventor general de la Comunidad de Madrid”. Y subrayó: “Con esas cuatro firmas, el interventor general de la Comunidad de Madrid ingresaba el dinero ya en otra viceconsejería”.

La magistrada encargada de dilucidar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023.

En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec). Esas obras, destacaron los investigadores, efectivamente se realizaron.

“Por lo visto el que se encargaba de las obras llamó a Miguel Ángel [Sánchez] y dijo: ‘Yo soy el que me voy a encargar de las obras del edificio”, completó Pérez. “Y empezó a hacer las obras. Y ya está. Nosotros pensábamos que bueno, esto está organizado desde arriba”, siguió, para luego señalar que “normalmente” era el subdirector Alfonso Mateos quien les decía que había que contratar con Gabriel Navarro, el empresario del grupo Virelec.

Durante la investigación, Mateos reconoció que conocía a Navarro desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les presentó un profesor. La relación se mantuvo luego “por cuestiones personales” que incluyeron encuentros y llamadas. Aunque los investigadores concluyeron que “parece existir un vínculo personal” entre las dos partes, Mateos siempre ha sostenido que “nunca” recomendó u ordenó los directores de los centros reformados contratar con el grupo Virelec. Ante la jueza, incluso definió como “absurdo” ese planteamiento, pues, dijo, carecía de competencias en la materia.

Sistema boca oreja

Sin embargo, Mateos describió una suerte de sistema boca oreja, en el que nunca se recomendaba a una empresa, pero sí se remitía a los directores que tenían que hacer obras a que hablaran con homólogos de centros en los que ya se habían realizado.

“No es fácil encontrar empresas que funcionen”, justificó. “Yo no te voy a decir ningún nombre de una empresa. Vete a estos institutos en los que hemos tenido la suerte de ir a inaugurar (...) Llámate al director del instituto y que él te indique si esa empresa es correcta o no es correcta. Y tú la eliges o no la eliges si quieres”.

Mateos se describió como “un chivo expiatorio” con el que justificar un sistema que, según su versión, venía de antes, fue definido por otros, sobre el que no tenía competencia alguna, que se aplicaba en todas las direcciones territoriales, y en otras áreas educativas.

Una declaración coincidente con la del resto de investigados, y en la que advirtió de que el fraccionamiento de contratos pudo afectar a muchos más centros que la docena investigados: “Esto que era una dinámica de toda la Consejería de Educación (...) En todas las direcciones territoriales hay centros, en todas, en donde se han hecho este tipo de actuaciones sin excepción”.