El Gobierno de Evo Morales arremete contra la marcha indígena y la prensa

El Gobierno de Evo Morales ha retomado la ofensiva en el conflicto indígena tras lograr abrir un resquicio en la unidad de los manifestantes al alcanzar un acuerdo con un sector de la Asamblea del Pueblo Guaraní -la tercera nacionalidad más grande de Bolivia después de la aimara y la  quechua-, y anunciar el estudio de un proyecto de ley para regular una consulta sobre la construcción de la carretera en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La violenta represión policial de la semana pasada, cuyos responsables continúan siendo un enigma tanto para los bolivianos como para ciertos niveles gubernamentales, y el repliegue de los participantes de la marcha mientras se curaban las heridas permitió reducir, por lo menos durante algunos días, la beligerancia contra los indígenas.

El presidente Morales y otras autoridades gubernamentales han reiterado en las últimas horas que la marcha indígena "tiene el objetivo de hacer fracasar las elecciones judiciales (programadas para el domingo 16) y atentar contra la democracia", pese a que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, ha asegurado que no existe razón alguna para postergar estos comicios.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ha calificado a los medios de comunicación de "genocidas" y "masacradores"

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ha incluso calificado a algunos medios de comunicación -casualmente entre los más objetivos e independientes-, de "genocidas y masacradores del conflicto del TIPNIS, que se inventaron muertos y se prestaron al juego de los políticos de oposición que quisieron pescar en río revuelto". Romero ha censurado el hecho de que la prensa, "tras conocerse la verdad de que no habían muertos, ni siquiera se dieron a la tarea de desmentir sus propias informaciones, en el mismo lugar y con la misma extensión del contenido publicado, como manda la Ley de Imprenta".

El ministerio de Comunicaciones mantiene por radio y televisión una extensa campaña contra los medios de comunicación que "mienten" y "engañan" al pueblo boliviano en el caso del conflicto indígena.

Acuerdo con la etnia guaraní

Las autoridades gubernamentales suscribieron con la vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Edith Cuarto, un convenio mediante el cual el Poder Ejecutivo se compromete a pagar a los manifestantes de esa etnia los daños y perjuicios durante la violenta represión policial del 25 de septiembre, entre otros puntos.

El presidente de la Asamblea, Celso Padilla, desconoció ese acuerdo "que trata de quebrar el movimiento indígena" desde su cama en un hospital de Santa Cruz, donde le curan de las heridas y contusiones ocasionadas por la represión policial el domingo pasado en las cercanías de Yucumo. Padilla lamentó la "traición" de la vicepresidenta y otros dos dirigentes. "Tendrán que irse pues han actuado de forma servil al negociar con los agresores de sus hermanos", ha dicho en declaraciones recogidas por El Deber de Santa Cruz.

La columna de caminantes está hoy descansando en Palos Blancos, a 254 kilómetros de La Paz

La violenta represión policial en Yucumo, que ha conmovido a todo el país, dejó 74 indígenas heridos por la Policía, según un informe oficial de la Fiscalía de la región de Beni. Uno de ellos, Juan Carlos Moreno, fue trasladado de urgencia desde Palos Blancos a La Paz a causa de hematomas y un probable traumatismo en el cráneo.

La columna de caminantes está hoy descansando en Palos Blancos, a 254 kilómetros de La Paz, y tiene un día de regocijo al recordar otro año de vida de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y el importante papel jugado en la consagración de un nuevo texto constitucional incluyente y que ampara los derechos de los pueblos indígenas.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, ha pedido a las autoridades que resuelvan el problema que tienen los indígenas que, en la represión, perdieron sus documentos de identidad. El guaraní Padilla dijo que al menos 180 de sus hermanos no tienen el documento, imprescindible para acudir a las elecciones judiciales.

En La Paz se espera para dentro de 10 o 12 días la llegada de los indígenas de tierras bajas, que desde Caranavi comenzarán a ascender por la llamada "carretera de la muerte", un estrecho y sinuoso camino abierto en las laderas rocosas que bordea precipicios y a veces permanece cubierto con densas neblinas a más de 4.000 metros de altura, hasta llegar a la Cumbre e ingresar a la ciudad. Para ese mismo tiempo se espera el arribo de otra marcha del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) en apoyo a la CIDOB. Por si fuera poco, los sindicatos campesinos y de colonizadores "interculturales" preparan una masiva marcha de apoyo a Morales el 12 de octubre.