La ONU pide a México revertir la tasa de impunidad “imperante”

Hace un año, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein visitó México para constatar la situación del país en esa materia. Al concluir su visita, dijo que el marco legal e institucional es idóneo, pero que lo escrito en el papel contrasta notablemente con la realidad de los mexicanos: asesinatos, desapariciones, violaciones a todos sus derechos. Este jueves, la ONU publicó las recomendaciones que el comisionado redactó tras la inspección, en las que pide al Gobierno de Enrique Peña nuevas leyes e instituciones para revertir la tasa de impunidad “imperante en el país”, ya que las existentes no han probado su eficacia.

Con las 14 recomendaciones de Zeid, Naciones Unidas difundió asimismo la respuesta de México, en la que “coincide” con el comisionado en varios de sus puntos, que califica como “interesantes” y se compromete a reforzar su trabajo en temas como la seguridad y la investigación a las violaciones de derechos humanos; aunque destaca que las instituciones y leyes que la ONU recomienda crear, ya existen.

“Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”, expresó Zeid Ra’ad Al Hussein tras visitar México en octubre de 2015, en referencia a las más de 27.000 desapariciones que se han registrado en 10 años de lucha militarizada contra el crimen organizado; a los 151.000 asesinatos cometidos desde finales de 2006 y hasta la fecha de su visita, y a la aplastante cifra de delitos que permanecen impunes: 98%.

Por todo esto, el Alto Comisionado recomendó crear un consejo de expertos que asesore al Gobierno en materia de derechos humanos “para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”, ya que el prestigio internacional de México como promotor de derechos no tiene eco al interior del país. La recomendación de la ONU fue emitida en marzo y respondida este jueves por el Gobierno, quien refirió que ya existen instituciones independientes con expertos en el tema, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tiene facultades de investigación pero no de sanción.

El comisionado recomienda también la creación de dos nuevas leyes que refuercen la investigación de los crímenes y desapariciones forzadas: una para crear un registro de personas detenidas por elementos policiacos o militares, a fin de evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones; y otra para regular a nivel federal el uso de la fuerza por parte de servidores públicos, ya que diversos organismos –entre ellos la ONU- han documentado los crímenes de lesa humanidad cometidos en México, cometidos por militares y policías en medio de la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

El Gobierno de Peña Nieto respondió a este respecto que analizará la posibilidad de crear esas leyes, sin embargo, insistió en que los mecanismos ya existen, “las instancias de seguridad pública cuentan ya con lineamientos que regulan el uso de la fuerza” con criterios estandarizados para todo el país, indica el documento de respuesta. Respecto al registro de las detenciones, la consideró “una idea muy interesante” y reafirmó su intención de mejorar los registros de detención, pero apuntó que la creación de una instancia como esa, “en un país federal como México”, implica consultar a las 32 entidades de la República y sus poderes, aunque la recomendación de la ONU habla de una ley federal, no de un organismo.

Para las Naciones Unidas, las detenciones arbitrarias o sin registro adecuado están ligadas con el escandaloso número de desapariciones. La semana pasada, Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas recomendó al Senado que incluya en su proyecto de ley contra este crimen el acceso a los cuarteles militares y a las instalaciones de los organismos de inteligencia y seguridad, para buscar también allí a las personas ausentes.