Siete años de negociación para un acuerdo de 12.000 millones de euros

El principio de acuerdo que el Gobierno de Bélgica ha alcanzado este jueves con Valonia abre una vía para que el CETA, el tratado comercial UE-Canadá, entre en vigor provisionalmente tras una larga travesía iniciada en 2007.

Un largo camino. La pelota está ahora en el tejado del Parlamento valón, que deberá votar la nueva propuesta. Aunque se aprobara, el texto entraría en vigor provisionalmente a la espera de ser ratificado por los Veintiocho socios de la UE, y la Cámara valona se reserva el derecho a bloquearlo en el futuro si no se cumplen sus exigencias. Ninguno de los mandatarios que impulsaron estará para firmarlo: el entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, es hoy presidente no ejecutivo de Goldman Sachs y ha sido degradado por Bruselas a la condición de lobista, mientras que el antaño primer ministro canadiense, el conservador Stephen Harper, pasó a la oposición tras ser derrotado por el liberal Justin Trudeau, que el miércoles por la noche canceló su viaje a Bruselas ante el bloqueo.

¿Cuándo se planteó el CETA? El acuerdo fue concebido hace nueve años, cuando la UE y Canadá decidieron encargar un estudio sobre los beneficios de profundizar en el libre comercio suprimiendo el 99% de los aranceles que gravan sus intercambios. El resultado del informe fue lo suficientemente convincente como para que ambas partes se pusieran manos a la obra. En 2009 se iniciaron oficialmente las conversaciones.

Los beneficios estimados del acuerdo. La Comisión Europea defiende que el tratado supondría una importante inyección de empleo y crecimiento para la economía europea: según sus estimaciones el comercio bilateral puede aumentar un 23%, o lo que es lo mismo, 26.000 millones de euros anuales. Ello se traduciría, según la versión comunitaria, en un aumento del PIB europeo de 12.000 millones de euros cada año.

El rechazo al TTIP afecta al CETA. En septiembre de 2014, en la cumbre de Ottawa, los líderes de la UE y Canadá anunciaban el fin de las negociaciones y el CETA pasaba a ser un documento cerrado de 1.598 páginas listo para ser aprobado. Pero en el camino hacia la ratificación se encontró con un obstáculo inesperado: el amplio rechazo social contra su hermano mayor, el TTIP, el acuerdo comercial que Europa negocia con Estados Unidos, llevó a la canciller alemana, Angela Merkel, a defender la vía de la ratificación parlamentaria en los Estados miembros para evitar el desgaste de imponerlo sin el visto bueno del Bundestag en medio de la contestación en las calles y a meses vista de las elecciones germanas.

Su criterio se extendió y Bruselas cedió sus competencias a los Estados miembros catalogando el tratado como mixto, lo que obliga a que los Veintiocho den su consentimiento para que siga adelante. Lo que ocurrió desde ahí es historia reciente: las leyes del descentralizado Estado belga otorgan a los parlamentos regionales un amplio poder de decisión. Así, en un hecho inédito en la historia comunitaria, una región de 3,5 millones de habitantes ha bloqueado temporalmente un acuerdo que afecta a 508 millones de europeos.

El no valón. El presidente valón, Paul Magnette, ha dado su brazo a torcer tras exasperar durante semanas a los negociadores europeos y canadienses con su tajante negativa a firmar. La cuestión agrícola y, sobre todo, los mecanismos de arbitraje entre inversores y Estados, han retrasado el pacto. Valonia quiere garantías de que los Estados no se van a ver debilitados frente a las multinacionales cuando entren en funcionamiento los tribunales que dirimen conflictos entre Gobiernos y empresas.

El rechazo hunde sus raíces en algo más profundo que el propio CETA: si los beneficios de la globalización son en ocasiones difusos, en el caso de Valonia se ha presentado a los ciudadanos con un rostro desagradable, en forma de minas abandonadas y fábricas cerradas a golpe de deslocalización. La decadencia de la industria local ha empujado a los electores hacia posiciones contrarias al libre comercio, y según los sondeos, la oposición a la izquierda de Magnette, el Partido del Trabajo, ha triplicado sus apoyos.

La estrategia comercial europea, en cuestión. Las dificultades que la UE ha encontrado para aprobar el CETA pueden ser la antesala de lo que le espera, en una escala mucho mayor, si trata de ratificar el TTIP. El rechazo internacional frente al pacto con Washington supera ampliamente el que ha paralizado el de Canadá, un país que genera menos inquietudes al carecer del tamaño y la presencia empresarial de su vecino estadounidense. El acuerdo no solo se ha enfrentado a las trabas de Valonia. También se ha visto sometido al escrutinio del Tribunal Constitucional alemán y al rechazo temporal de Bulgaria y Rumanía, que solo han levantado el veto después de que Canadá garantizara que sus ciudadanos no necesitarán visado para entrar en el país.