Los conflictos de interés provocan el primer tropiezo de la Comisión de Von der Leyen

La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sufrido este jueves el primer percance serio en la formación de su futuro equipo. La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha frenado el nombramiento de dos de los 26 futuros comisarios al considerar que sus declaraciones sobre activos financieros delatan un presunto conflicto de interés. El frenazo afecta a los aspirantes de Hungría y Rumania, a quienes se habían asignado las carteras de Vecindad y Transporte, respectivamente.

Von der Leyen afronta ahora la delicada tarea de resolver las dudas planteadas por el Parlamento o convencer a Budapest y Bucarest de que presenten nuevos candidatos. Si no lograse ninguno de los dos objetivos, la futura presidenta se expondría a las iras de un Parlamento que debe aprobar por mayoría la toma de posesión de toda la Comisión. Ese voto está previsto para el próximo 23 de octubre, a solo ocho días de que expire el mandato de la actual Comisión, presidida por Jean-Claude Juncker.

El tropiezo de la nueva Comisión se ha producido aun antes de que se pongan en marcha las audiencias parlamentarias a las que deberán someterse los futuros comisarios en función de las competencias que vayan a asumir. En anteriores legislaturas, ese examen provocó el rechazo de algunos candidatos o el cambio de cartera, unas decisiones que retrasaron la puesta en marcha de la Comisión en 2004 y 2009.

Esta vez, el derrape ha llegado en un paso previo. La comisión parlamentaria encargada de verificar los intereses financieros de los futuros comisarios ha dado luz verde para que siga adelante el procedimiento de nombramiento de 24 de los candidatos (incluido el español Josep Borrell), pero ha frenado el de Laszlo Trocsanyi, candidato de Hungría, y el de Rovana Plumb, candidata de Rumania.

El varapalo del Parlamento atañe a dos países, Hungría y Rumania, que están repetidamente en el punto de mira de las instituciones comunitarias por su presunta violación del Estado de derecho y de los valores fundamentales de la UE. Los dos comisarios damnificados pertenecen además a las dos grandes familias políticas (el húngaro, al Partido Popular Europeo y la rumana, a Socialistas y Demócratas).

Ambas circunstancias han levantado suspicacias sobre un posible ajuste de cuentas políticas. Y el formato del examen, a puerta cerrada y sin criterios claros sobre la definición de conflicto de interés, alienta las dudas sobre la posible arbitrariedad del veredicto y el pataleo de los afectados. Fuentes parlamentarias reconocen que el dictamen de la comisión parlamentaria resulta equívoco porque no concreta si los dos comisarios deben ser retirados del todo o se les puede conferir otras competencias.

Trocsanyi ha sido rechazado por ser fundador de un despacho de abogados que cuenta entre sus clientes al Gobierno húngaro de Viktor Orbán. Trocsanyi asegura que en 2018 vendió su participación y que el despacho no logró ningún contrato con la administración húngara durante su paso por el Gobierno. Pero los argumentos no han convencido a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que ha frenado su nombramiento por 11 votos a favor del rechazo, nueve en contra y dos abstenciones, según ha indicado el propio aspirante.

El candidato húngaro, eurodiputado y exministro de Justicia del Gobierno de Viktor Orbán, se ha apresurado a denunciar la decisión como "carente de base" y a anunciar su intención "de tomar todos los pasos legales necesarios para rebatirla". Sin embargo, se trata de una decisión política sin posibilidad de recurso. La solución al conflicto corresponde a Von der Leyen que, tras ser informada por el Parlamento, deberá decidir los pasos a seguir.

La comisaria designada por el gobierno socialista de Rumania, Rovama Plumb, ha sido rechazada por no haber incluido en su declaración inicial de intereses económicos dos préstamos por un valor total de un millón de euros. Las explicaciones posteriores de Plumb sobre esos créditos no han despejado las dudas del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que ha concluido que existe un conflicto de interés por 15 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Plumb llegaba ya tocada por haber estado involucrada en presuntos casos de corrupción en su país.

En principio, la Comisión de Asuntos Jurídicos no puede vetar a ningún comisario. Pero sus objeciones impiden que los aspirantes con un presunto conflicto de interés se sometan a la audiencia pública que todos los candidatos deben pasar ante la comisión parlamentaria que les corresponda de acuerdo con sus funciones. De facto, el nombramiento de los afectados queda congelado y el frenazo del proceso puede afectar al conjunto de la Comisión, que necesita someterse al voto conjunto de investidura.

Si el percance no se resuelve, el calendario del relevo de la Comisión podría verse trastocado y el equipo de Juncker debería continuar al frente del organismo más allá del 31 de octubre. El daño sería especialmente grave para Estonia y Rumania, dos países que se han quedado sin comisario desde que sus antiguos representantes fueron elegidos europarlamentarios en las elecciones de mayo. Bruselas les convenció de que no merecía la pena sustituir a los dos cesantes porque apenas quedaban tres meses para el final del mandato de la Comisión. Pero si la llegada del equipo de Von der Leyen se retrasa, Estonia y Rumania podrían pasarse una larga temporada sin presencia en el órgano ejecutivo de la UE.

El retraso también podría cruzarse con la salida del Reino Unido de la UE. El Gobierno de Boris Johnson ha decidido no nombrar comisario bajo la premisa de que el 31 de octubre abandonará el club. Pero si el Brexit se aplaza, Londres podría verse forzado a designar candidato. Y si la nueva Comisión todavía no ha sido investida, el voto definitivo podría tener que aplazarse hasta que el aspirante británico sea sometido a examen por el Parlamento Europeo.