Más de 17.000 detenidos en el mes de protestas en Chile

17.313 personas han sido detenidas —950 de ellas están aún en prisión preventiva— en las protestas sociales en Chile, de las que este lunes se cumple un mes.  Según datos de Carabineros, la policía del país sudamericano, 131 comisarías han sido atacadas en estas semanas, además de cinco cuarteles del Ejército. Las protestas, que estallaron el pasado 18 de octubre tras la subida del precio del billete del metro, han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Sebastián Piñera y a las instituciones democráticas chilenas y han dejado 2.381 civiles heridos. El propio mandatario reconoció la noche del domingo que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a sancionarlo. De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha llevado a los tribunales 346 casos, de los que 246 fueron por torturas y tratos crueles y 58 por violencia sexual.

“Quiero expresar mi solidaridad y condolencias con las víctimas de esta violencia, con los que sufrieron lesiones, y muy especialmente, con los familiares de aquellos que perdieron su vida”, indicó Piñera desde La Moneda la noche del domingo, en referencia a las 23 personas que han fallecido desde que estalló la crisis, cinco de las cuales murieron por la acción directa de policías o militares. “No habrá impunidad y nuestro Gobierno hará todos los esfuerzos para asistir a las víctimas en su recuperación y para que la fiscalía y la justicia cumplan su misión de investigar y hacer justicia”, señaló el mandatario.

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El Gobierno ha registrado 1.961 heridos entre los miembros de las fuerzas de seguridad, cerca de 2.000 “eventos graves” de violencia y 854 vehículos policiales dañados. El fuego ha sido una constante entre los grupos violentos que han actuado en todo el país. Incendiaron buena parte de la red de metro de Santiago los primeros días de la crisis y además han quemado iglesias, universidades, edificios de viviendas, sedes de partidos políticos y edificios gubernamentales. Cálculos preliminares indican que los destrozos únicamente en la infraestructura pública suponen pérdidas de 4.500 millones de dólares. El estallido que ha vivido Chile también ha dejado 300.000 nuevos desempleados entre noviembre y diciembre como consecuencia de la semiparalización del país, según calcula Hacienda. La empresa privada también sufre la crisis. La multinacional Walmart ha interpuesto seis recursos de protección en contra del Estado por incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. De acuerdo a la cadena de supermercados estadounidense, ha habido más de 1.200 saqueos en sus instalaciones y se han incendiado 128 locales, en 17 de ellos se ha producido una pérdida total. 

Una de las jornadas más violentas de este mes de protestas en Chile se produjo el pasado martes. Después de de una jornada de paro nacional promovido por la Mesa de Unidad Social —compuesta por unas 200 organizaciones sindicales, de derechos humanos, medioambientales y pueblos originarios, entre otras—, las manifestaciones derivaron en una de los momentos más conflictivos del último mes. El Ejército reaccionó a los ataques a sus cuarteles con un comunicado: “En caso de que personal ingrese al cuartel con la intención de sustraer elementos que son fundamentales para la seguridad nacional como armamento y munición, nos enfrentaremos a la obligación de usar armamento letal”.

En ese contexto, el presidente evaluó la noche del martes si regresar a los militares a la calle para intentar recuperar el orden público, lo que podría haber interrumpido los diálogos políticos entre el Gobierno y la oposición en el Parlamento, que en medio de la crisis ha posibilitado acuerdos en materias fundamentales como la reforma tributaria. Pero Piñera —en las horas de mayor complejidad desde el retorno a la democracia en 1990— decidió finalmente hacer un llamamiento transversal a la paz. Después de 48 horas de intensas negociaciones en el Congreso, se llegó al histórico acuerdo de convocar un plebiscito en abril para decidir si los ciudadanos quieren cambiar la carta fundamental 1980. Como parece evidente que los chilenos optarán por modificarla —ocho de cada 10 quieren cambiarla, según las encuestas–, también definirán el mecanismo para su reemplazo: si una “convención constitucional” con miembros completamente nuevos que funcione en paralelo al Congreso —una asamblea constituyente— o una “convención mixta” compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% de delegados.

Carabineros, la institución en Chile encargada de controlar el orden público y la seguridad, enfrenta un delicado escenario: en esta crisis ha quedado en evidencia las deficiencias en sus protocolos y la necesidad de modernización. El INDH ha informado que hay 217 personas con heridas oculares por perdigones lanzados por las fuerzas de seguridad. 

La protesta no se ha extinguido con el acuerdo político para una nueva Constitución anunciado el viernes. Esa misma noche se produjo un nuevo incidente en plaza Baquedano, el epicentro de las concentraciones en la capital. En hechos que están siendo investigados, un joven falleció por un ataque cardíaco mientras se manifestaba. Según denunció el Servicio de Atención Médico de Urgencias, el equipo médico que le auxiliaba recibió disparos de perdigones y bombas lacrimógenas de carabineros en medio del operativo.

La Mesa de Unidad Social —que rechaza los términos en que se negoció el camino constituyente— ha hecho nuevos llamamientos a jornadas de protestas y una nueva huelga general. El domingo, además, una de las principales líderes del Frente Amplio de izquierda y excandidata presidencial, Beatriz Sánchez, fue insultada en el centro de Santiago por grupos de manifestantes que le recriminaron el apoyo de buena parte de su conglomerado al acuerdo por una nueva Constitución, que consideran insuficiente.

Un sector de la oposición anunció que este martes presentará en el Congreso una acusación constitucional contra Piñera, que busca destituirlo “por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país en el último mes”. Mientras, un grupo transversal de 244 profesores de derecho y ciencia política de diferentes universidades chilenas publicaron un documento para defender el acuerdo por una nueva Constitución a la que llegó la clase política: “Tener la posibilidad de crear una Constitución mediante un proceso democrático constituye un logro inédito en la historia de nuestra República”, indica el texto.