Miles de venezolanos huyen de los combates en la frontera con Colombia

La frontera de Venezuela con Colombia es zona de conflicto. El fin de semana pasado, militares venezolanos se enfrentaron a grupos irregulares armados de Colombia en el sector La Coromoto, en el Estado de Apure, unos 800 kilómetros al sur de Caracas, informaron las autoridades. Luego del asesinato de dos militares venezolanos y la captura de un grupo de supuestos irregulares, los combates han escalado. Más de 3.200 venezolanos huyeron de la violencia y cruzaron hacia pequeños pueblos colombianos.

El Ministerio de Defensa de Venezuela informó de que el domingo murieron el mayor Edward Cobo Segovia y el primer teniente Yonathan Duarte, ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, 11 soldados resultaron heridos. El parte oficial agrega que durante los operativos fue “neutralizado” el cabecilla del grupo atacante, al que identificaron como El Nando, sin precisar si fue muerto o apresado. En total 32 personas terminaron presas y se destruyeron 6 campamentos en los que encontraron “armamento, municiones, pertrechos de guerra, explosivos y vehículos”.

La noche del martes, se produjo un nuevo enfrentamiento en el sector vecino de La Victoria, cuando un puesto de control militar en la aduana de Apure fue atacado con explosivos. En un comunicado difundido el lunes, la FANB señaló que varias unidades militares, con el apoyo de organismos de seguridad del Estado, “continúan ejecutando operaciones de escudriñamiento y persecución en la zona” en “estricto cumplimiento” de la orden presidencial de “cero tolerancia contra este tipo de grupos delincuenciales”. El presidente Nicolás Maduro se refirió a esta situación el domingo, cuando se registraron los primeros combates, y anunció el despliegue de la operación Escudo Bolivariano para proteger la frontera. “Nuestra Fuerza Armada tiene que estar combatiente y dando resultados para el control territorial”, dijo.

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó el lunes de que habían recibido a más de 600 personas de los pueblos fronterizos en Arauquita, un municipio en el departamento de Arauca, pero esa cifra aumentó rápidamente. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que los desplazados son más de 3.000. “Han llegado a Arauquita (Colombia) huyendo de enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las FARC [las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. Estamos monitoreando la situación. La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Cancillería colombiana expresó su “preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure”, mientras que las autoridades migratorias confirmaron la tarde de este miércoles que, a pesar del cierre de la frontera, más 3.200 ciudadanos venezolanos han llegado a Arauquita en las últimas 48 horas huyendo de los operativos militares del lado venezolano. De momento permanecen en 8 albergues, informó Migración Colombia.

El gobierno de Maduro ha señalado de forma genérica a los grupos con los que se ha enfrentado el Ejército venezolano, sin dar nombres. Desde hace años, sin embargo, el gobierno de Colombia y algunas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela han denunciado la presencia de guerrilleros de las extintas FARC y sus disidencias, así como del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2020, la misma Human Rights Watch concluyó en un informe que los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersona y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos, señala el informe.

Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros. En los últimos años, los gobiernos han mantenido una tensa relación diplomática que finalmente se rompió en 2019, cuando Iván Duque dejó de reconocer a Maduro como presidente —reelecto en mayo de 2018 en unas elecciones señaladas como fraudulentas— y respaldó el interinato de Juan Guaidó, presidente del Parlamento electo en 2015. Duque ha acusado recurrentemente a Maduro de albergar en su territorio a guerrilleros del ELN y disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Caracas lo niega. También lo ha acusado de dar refugio en territorio venezolano a los jefes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes pasaron nuevamente a la clandestinidad e intentan reunificar a algunos grupos de rebeldes. A finales de febrero, Duque instaló un comando de élite con 7.000 militares para perseguir “objetivos de alto valor” de estos grupos que, según el mandatario, actúan en complicidad con el gobierno venezolano.

Incremento de la violencia

Distintas organizaciones que han documentado la presencia de los grupos irregulares colombianos en la frontera explican que el combate del domingo tenía como objetivo enfrentar a un grupo de las disidencias de las FARC. Desde el Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, Rocío San Miguel cuenta que se han roto los pactos que mantenían en su momento las FARC y el ELN, lo que ha desatado un conflicto por el control del territorio en el que han entrado las disidencias. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, señala, parecen haber tomado partido por un bando. “No sabemos a qué obedece la neutralidad con el ELN y las FARC y el castigo a las disidencias de las FARC”, cuestiona la especialista.

“Este ha sido uno de los mayores incidentes que ha habido recientemente por sus implicaciones”, agrega San Miguel. En su opinión, la ambigüedad de las autoridades venezolanas al llamar a los guerrilleros como “grupos delincuenciales” es una señal de los conflictos que hay sobre el terreno entre distintos grupos. “El mayor peso va a caer sobre la población civil y por eso vemos los desplazamientos, porque en estos fenómenos son típicas las retaliaciones y los ajustes de cuentas entre todos los bandos”.

El Informe Curva de la Violencia, presentado por San Miguel la semana pasada, recoge un análisis del incremento de las cifras de homicidios en los seis estados venezolanos que comparten frontera con Colombia. El texto recoge que ocurren más de cuatro asesinatos diarios y que todos los días se producen entre uno a dos enfrentamientos en la frontera. La crisis humanitaria que ha aumentado la migración de venezolanos, la expansión de las economías ilegales y el aumento de la presencia de grupos armados al margen de la ley son la causa de la profundización de la violencia en el borde binacional. De acuerdo a ese reporte, hay un pie de fuerza de unas 2.000 personas, entre miembros del ELN, disidencias de las FARC y otros grupos irregulares colombianos en Venezuela.

Aunque en el hermético parte oficial no se señala, las ONG que trabajan en la zona documentaron que la operación militar del domingo incluyó ataques aéreos y que uno de los oficiales venezolanos murió por los efectos de una mina antipersona. En este punto, San Miguel destaca un aspecto preocupante: “Venezuela había sido declarado país libre de minas antipersonales, después de cumplir con las exigencias de la Convención de Ottawa y de las verificaciones pertinentes. Lamentablemente ya comienzan a acumularse incidentes con ellas, que son un enorme peligro como ya quedó demostrado no solo para la Fuerza Armada Nacional, sino para los pobladores de la zona”, apunta. “El que existan y que haya habido muertos es un hecho sumamente grave que debe encender las alertas, incluso de la comunidad internacional”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.