El expresidente de Kosovo Thaçi se declara no culpable de crímenes contra la humanidad en La Haya

“Entiendo los cargos y no soy culpable”, ha dicho este lunes Hashim Thaçi, de 54 años, expresidente de Kosovo, en la apertura del juicio en el que se le acusa de 10 crímenes de guerra y contra la humanidad ante el Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya. Los crímenes que se le imputan se cometieron entre 1998 y 1999, durante el conflicto que enfrentó al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) ―fundado por Thaçi― con las tropas serbias de la extinta República de Yugoslavia. A pesar del tiempo transcurrido, este proceso es uno de los más importantes derivados de las guerras de los Balcanes (1991-2001). En Kosovo perdieron la vida unas 13.000 personas y hubo más de un millón de refugiados. La Fiscalía acusa a Thaçi de asesinato, tortura, persecución y desaparición forzada de un centenar de personas. Las víctimas eran albaneses de Kosovo, serbios, miembros de la comunidad romaní y rivales políticos. Thaçi comparte el banquillo con otros tres antiguos miembros del ELK.

Apodado La serpiente de Kosovo, Hashim Thaçi estuvo en el poder entre 2016 y 2020 y dimitió hace tres años para luego entregarse al tribunal internacional. La acusación en su contra se hizo pública cuando viajaba a Estados Unidos para reunirse con el entonces presidente Donald Trump. En aquellos momentos, gozaba de popularidad también fuera de Kosovo. Los otros acusados son Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, que han rechazado igualmente declararse culpables. Todos ellos tenían mando en el ELK durante el conflicto, y se les acusa de haber participado “en una empresa criminal conjunta que llevó a cabo ataques sistemáticos”.

Durante la presentación del caso, el fiscal, Alex Whiting, ha subrayado: “El ELK no está siendo juzgado hoy. La gran mayoría de sus miembros no estuvo implicada en estos hechos. Se trata solo de estos cuatro acusados, y de su responsabilidad en los crímenes. Afirmar lo contrario es una falsedad”. En la descripción del funcionamiento del ELK, el fiscal ha hecho hincapié en su secretismo y en “la persecución de los considerados colaboracionistas o bien oponentes considerados como una amenaza”. “Estos cuatro hombres eran sin duda los máximos dirigentes y fueron celebrados y honrados por ello”, ha afirmado Whiting, “pero su liderazgo tenía un lado más oscuro”. Y ha añadido: “¿Por qué lo hicieron? Las pruebas demostrarán que fue para ganar poder”.

En una intervención muy medida, el fiscal ha destacado que el proceso gira en torno “a la defensa de la ley en tiempo de guerra, que es cuando está más amenazada”. “Para eso existen las leyes de la guerra, para asegurar que la humanidad no se pierda en el curso de un conflicto armado y demostrar que no hay justificación para abusar de civiles o para su asesinato”, ha dicho.

Los hechos ocurrieron cuando Kosovo era aún una provincia de Serbia ―lo fue hasta 2008, cuando declaró unilateralmente la independencia―, presidida en ese momento por el fallecido presidente Slobodan Milosevic. La mayoría de sus habitantes son de etnia albanesa y el choque entre el ELK y las tropas serbias desembocó en una guerra concluida en 1999 con los bombardeos de la OTAN. Milosevic fue juzgado entre 2002 y 2006 en un caso separado y en otra corte, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY). Acusado de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, murió en 2006, a los 64 años, antes de que pudiera dictarse sentencia.

Como ya sucediera con el TPIY, el Tribunal Especial para Kosovo opera desde Países Bajos para evitar tensiones en territorio kosovar, donde los acusados tienen seguidores. La diferencia entre ambos es que el primero aplicaba leyes internacionales y el segundo sigue la legislación nacional. En ambos casos, los jueces son internacionales para garantizar su neutralidad. Este domingo, miles de personas se manifestaron en Prístina, capital kosovar, en apoyo de los cuatro acusados y convocados por la Asociación de Veteranos del Ejército de Liberación de Kosovo; la marcha llevaba el lema: “Por la justicia”, según el portal informativo local Koha.

El traslado de sede judicial ha sido necesario también para contener en lo posible la intimidación de los testigos. Es una práctica que se mantiene hasta hoy, según ha señalado Whiting, y que constituye un reto. “Se sigue llamando traidores a los que han colaborado con este tribunal. Conlleva coraje declarar aquí, y hay testigos que tienen miedo o confunden sus lealtades hacia los acusados”, ha asegurado. Los jueces tendrán que evaluar el peso y veracidad de estas declaraciones, “pero lo que no puede pasar es que la intimidación, miedo o lealtad impida que se imparta justicia”. El fiscal no se ha olvidado de las víctimas, “que llevan 20 esperando justicia y a las que se les ha dicho que todo pertenece al pasado, que se olviden, cuando el trauma les acompañará siempre. Tienen derecho a ser escuchados”.

Este es el segundo juicio del Tribunal Especial para Kosovo. En 2022, el líder guerrillero Salih Mustafá fue sentenciado a 26 años de prisión por detener y torturar a prisioneros considerados partidarios de Serbia. El proceso contra Thaçi y sus aliados puede prolongarse varios años.

Este juicio se ha abierto apenas dos semanas después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede también en La Haya, acusara al presidente ruso, Vladímir Putin, de crimen de guerra por la deportación forzosa de niños ucranios desde los territorios ocupados a Rusia.

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