La xenofobia crece en Turquía: deportaciones de decenas de miles de extranjeros y violaciones de derechos humanos

La crisis económica y los discursos xenófobos de medios de comunicación y partidos políticos —mayormente vinculados a la oposición— han espoleado el sentimiento antimigratorio en Turquía. Así que, con las elecciones municipales del próximo marzo en mente, en las que se dirimirá el control de importantes ciudades como Estambul y Ankara, el nuevo Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan ha endurecido los controles migratorios y ha llevado a cabo detenciones masivas en las que se ha capturado y deportado a decenas de miles de extranjeros. Estas operaciones, según denuncian abogados y activistas, incumplen los derechos más básicos.

“Estamos asustados. Muchos nos quedamos encerrados en casa, pero para pagar el alquiler tienes que salir ahí fuera y pelearlo. El problema es que, si sales de casa, no sabes si vas a regresar”, relata un pastor nigeriano, que pide ocultar su nombre por lo delicado de la situación. La mayoría de sus compatriotas en Turquía, explica, se dedican a la compra de artículos de consumo que envían a su país para su reventa, pero cada vez que acuden a los mercados se arriesgan a ser parados en los nuevos controles policiales móviles desplegados como parte del plan contra la inmigración irregular del nuevo ministro de Interior, Ali Yerlikaya, iniciado este verano en Estambul y que se está extendiendo a otras grandes ciudades de Turquía. “Hay controles en los mercados, en las paradas de autobús, de metro. Y los arrestos son masivos. Hay muchísimos nigerianos en los campos de deportación. Muchos de ellos tenían permiso de residencia, pero no lo pudieron renovar o no se lo aprobaron”, afirma el pastor.

Según datos de Interior, desde mediados de junio han sido detenidos más de 112.000 extranjeros sin papeles, de los que unos 48.000 ya han sido deportados. Abogados y activistas consultados subrayan que entre los detenidos hay también solicitantes de asilo, personas en proceso de renovación de sus permisos de residencia e incluso personas con la documentación en regla. Además de los deportados, un gran número de extranjeros se ha marchado de Turquía en los últimos meses ante los cada vez mayores obstáculos para renovar los papeles. “A raíz de nuestros exhaustivos controles, y esto son muy buenas noticias, 120.531 extranjeros cuyo visado o permiso de residencia había expirado, han abandonado nuestro país sabedores de que los íbamos a detener”, se felicitó Yerlikaya el pasado 12 de octubre.

“Estas operaciones de lucha contra la migración irregular se centran en una captura efectiva en el país y en el establecimiento de un mecanismo de deportación eficiente y ágil”, explica a este diario una fuente del Ministerio de Interior de Turquía. El objetivo afirma es “reducir la presión de la migración irregular” y “crear un efecto disuasorio”.

En Turquía viven 1,13 millones de extranjeros con permiso de residencia, es decir, 225.000 menos que a inicios de año, según las estadística oficiales. El número de personas bajo protección internacional (iraquíes, afganos, ucranianos) también ha descendido en casi 20.000 personas hasta los 287.000, y el de refugiados sirios —que tienen un estatus especial— ha pasado de 3,74 millones a 3,25 en apenas año y medio.

“¿Qué ha ocurrido con este medio millón de sirios que ha desaparecido?”, se pregunta el activista sirioturco Taha Elgazi. La respuesta, afirma, es que algunos siguen en el país, pero sin papeles, otros ha emigrado irregularmente a Europa y otros han regresado a Siria “forzados por las circunstancias” y las “presiones del Gobierno”, como por ejemplo, la prohibición de que se instalen en determinados barrios o provincias. “En los últimos tiempos ha aumentado muchísimo la discriminación y el racismo, especialmente contra los sirios. También ha habido ataques violentos y la gente ha empezado a tener miedo”, denuncia.

Más de 50 latinoamericanos detenidos o deportados

“Es una locura”, se queja un diplomático latinoamericano. Según los datos recabados por este diario a través de fuentes diplomáticas, hay más de una cincuentena de ciudadanos de países latinoamericanos que han sido detenidos y deportados —o se encuentran en proceso de deportación—, incluidos varios estudiantes venezolanos becados por el Ministerio de Educación turco que fueron expulsados pese a los intentos de su embajada por evitarlo. “Hace poco, detuvieron al suegro de uno de nuestros ciudadanos y lo deportaron. Al final él decidido salir del país porque tenía miedo a que también lo detuvieran”, explica otro diplomático El caso más sonado ha sido el de dos turistas marroquíes que se hallaban legalmente en Turquía y, tras ser detenidos el pasado agosto, fueron deportados a una zona del norte de Siria porque las autoridades turcas creyeron que eran de ese país.

“El ministro turco de Interior ha indicado claramente que su intención es que Turquía deje de ser un país de tránsito [para los migrantes] porque eso también lo convierte en un país de destino”, explica el embajador de la Unión Europea en Ankara, Nikolaus Meyer-Landrut, en una entrevista con EL PAÍS durante la que explica que se están manteniendo contactos con las autoridades turcas para “actualizar” el acuerdo antimigratorio de 2016.

Este pacto, que convirtió a Ankara en guardián de la frontera suroriental de la UE, hizo que se redujesen las llegadas de migrantes y refugiados a territorio europeo desde este país, y que las rutas se desviasen hacia el Mediterráneo central. También hizo que Turquía se convirtiese en el país del mundo que acoge a un mayor número de refugiados (3,5 millones), si bien el número de extranjeros apenas supera el 7 % de la población del país, incluso computando en el cálculo también una estimación de dos millones de migrantes en situación irregular.

Aun así, la migración ha copado buena parte del debate público en Turquía en los últimos años, en un ambiente de creciente xenofobia, atizada en la prensa con artículos que culpan a los extranjeros de los problemas económicos, del incremento de las estafas por internet o de que el precio de la vivienda se haya disparado (pese a que los extranjeros únicamente suponen entre un 3% y un 4% de los compradores, frente a más de un 15% en España).

Rosa Martínez y su novio, Adrián Cuadrado, tenían la documentación en regla. Ambos —cuyos nombres han sido modificados por miedo a represalias— llegaron hace cuatro años a Turquía desde Cuba con ganas de “trabajar y tener una familia tranquila y cómoda”. “Nos endeudamos para salir de Cuba y aquí trabajamos en clínicas estéticas [la floreciente industria turca de los injertos capilares y otras cirugías plásticas emplea a numerosos trabajadores migrantes como traductores]. Después de tres años de trabajar y saldar nuestras deudas, cuando comenzábamos a vivir, empezaron los problemas para los migrantes”, lamenta Martínez.

En febrero, relata, se trasladaron a un nuevo piso, pero el propietario comenzó a acosar a Martínez y, ante los repetidos rechazos de ella, denunció al novio ante la policía. “Nos encerró en casa hasta que llegaron los agentes. Aunque demostramos que la denuncia era falsa, se llevaron a mi novio. La cuestión aquí es que están poniendo cualquier motivo para llevarse a los extranjeros a un centro de detención”, arguye Martínez. Ebru Bese, abogada experta en migración, confirma que ha encontrado numerosos casos en los que se utiliza cualquier excusa, como denuncias sin probar o quejas, para detener a los extranjeros y revertir sus estatus de residentes.

Durante las dos semanas y media siguientes, Adrián Cuadrado “desapareció”. Nadie sabía dónde estaba, nadie podía comunicarse con él, las autoridades no daban información. Cuando el cubano logró ponerse en contacto con su pareja, había pasado por dos centros de detención: uno cercano a Estambul y otro en Kayseri, a 780 kilómetros de distancia.

“Hay gente que no sabemos dónde está”, explica Irfan Güler, abogado especializado en este tipo de casos: “Los suelen llevar a Tuzla [un municipio en el extrarradio de Estambul] y de ahí a ciudades del este del país como Erzurum o Agri [a más de 1.200 kilómetros]. Es una política decidida para obstaculizar la labor de los abogados e impedir que apelemos a tiempo contra las decisiones de deportación”.

Centros financiados por la UE

En Turquía hay 28 centros de deportación repartidos por todo el país, 14 de ellos construidos y otros siete reformados con dinero de la UE transferido a cambio del acuerdo antimigratorio de 2016. Son instituciones de funcionamiento carcelario donde se interna a los extranjeros a la espera de su expulsión del país, y donde los reclusos “tienen menos derechos que un delincuente común”, afirma la abogada Gülden Sönmez: “Si un ciudadano turco ha cometido un delito se le puede mantener un máximo de 48 horas bajo custodia policial y luego debe comparecer ante un juez. Pero si eres extranjero y no has cometido ningún delito, puedes permanecer encerrado durante meses, sin acceso a traductores ni a abogados”.

“Ellos no han matado ni han robado y están en una cárcel donde les maltratan, los golpean y humillan como a perros, les escupen, les hacen dormir al lado de las heces. Mi pareja estaba en una celda con más de 15 presos, dos por colchón, todos tirados en el suelo y con un único retrete para todos en la celda”, asegura Rosa Martínez. La letrada Ebru Bese confirma que en el Colegio de Abogados de Ankara, al que pertenece, se han recibido denuncias sobre las malas condiciones en los centros de deportación, incluidas sobre malos tratos, torturas, violaciones y suicidios. “Pero no se nos ha permitido el acceso para investigarlo, hay mucha opacidad”, alega.

El embajador de la UE reconoce estar al tanto de las denuncias sobre los centros de detención, pero se defiende alegando que “la UE ha financiado cursos de formación para la capacitación en la gestión de la migración y de los procesamientos de asilo de forma que sean compatibles con la legislación internacional y los derechos humanos” y que “los centros están dirigidos por las autoridades turcas”. La fuente de Interior, por su parte, niega que se produzcan estos abusos y sostiene que, en los centros, “los inmigrantes irregulares son alojados con dignidad humana” y “se satisfacen sus necesidades básicas”. “Nuestro principal objetivo para reducir la duración de la estancia de los inmigrantes irregulares en el centro, es garantizar procedimientos de deportación rápidos”, añade.

Tras cuatro meses encerrado —durante los cuales caducó su permiso de residencia sin poder hacer nada para renovarlo— y viendo que ni las acciones de los abogados ni las intervenciones del consulado de Cuba surtían efecto, Adrián Cuadrado decidió firmar el documento de deportación voluntaria, y a mediados de octubre fue trasladado al aeropuerto de Estambul para embarcarlo en vuelo hacia su país (que hubo de ser costeado por su pareja). Los abogados y activistas consultados consideran que, de hecho, el prolongado encierro al que se somete a los extranjeros detenidos y el trato que reciben es una estrategia dirigida a hacerles firmar los documentos de deportación. “Se les fuerza a firmar los formularios de deportación voluntaria, y a los que se niegan se les somete a malos tratos”, apunta Bese.

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