La deportación de migrantes a Ruanda desata una guerra interna en el Partido Conservador del Reino Unido

Los síntomas pudieron ser en su momento el Brexit, el partygate o la economía, pero en todos esos casos, que derivaron en el derrocamiento de otro primer ministro por sus propios compañeros de filas, lo que salió a la luz fue la creciente tendencia del Partido Conservador del Reino Unido al suicidio político. La historia se repite con Rishi Sunak. El Parlamento británico votará este martes en primera lectura la ley que dificulta —aún más— la posibilidad de cualquier migrante de recurrir ante los tribunales su posible deportación a Ruanda.

Es un texto que roza la crueldad, y pretende sortear las ilegalidades que el Tribunal Supremo detectó en el esquema diseñado para enviar a la fuerza a ese país africano a los recién llegados a territorio británico. La ley obliga a los tribunales a ignorar cualquier disposición de la Ley de Derechos Humanos que frene las deportaciones. Y Sunak dejó claro además que no se detendría ahí. “Incluso con esta nueva ley, existe el riesgo que se presenten recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Así que repetiré lo que ya dije hace dos semanas: no permitiré que un tribunal extranjero pueda bloquear estos vuelos [a Ruanda]. Si el Tribunal de Estrasburgo decide intervenir contra los deseos expresos de nuestro Parlamento soberano, haré lo que sea necesario para que los aviones despeguen”, advirtió el primer ministro la semana pasada.

Ni con toda esa retórica ha sido capaz de convencer al ala dura de su partido, a la que solo vale —en su eterna obsesión con demonizar todo lo que suene a ‘Europa’― un texto en el que quede claro que, en materia de inmigración, el Reino Unido ignorará todo lo dispuesto en la Convención Europea de Derechos Humanos (a la que el país se adscribió en 1951) y desobedecerá cualquier sentencia al respecto del Tribunal de Estrasburgo.

“No voy a respaldar la ley, pero creo que aún podemos arreglarla, y eso es lo que pretendo”, ha anunciado en la BBC el ex secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick. Su dimisión, la semana pasada, minutos más tarde de que el Gobierno de Sunak publicara el nuevo texto, fue el pistoletazo de salida de una rebelión por parte de los diputados más reaccionarios del Partido Conservador. “Me preocupa la seguridad en nuestras fronteras, y estoy decidido a convencer al Gobierno y a mis colegas diputados de que hay una vía mejor para solucionar este problema”, decía Jenrick.

Su dimisión, y su posterior rebelión contra Sunak, se suman al liderazgo en esta revuelta de la exministra del Interior, Suella Braverman, que ha usado en los últimos días palabras gruesas contra el primer ministro: “Al final, no ha logrado poner freno a la llegada de los botes [las embarcaciones con inmigrantes irregulares que cruzan el canal de la Mancha]. Lo prometió a principios de año y no ha cumplido esa promesa. Dijo que haría lo que hiciera falta. Es hora de que lo demuestre”, ha dicho Braverman, ocultando de paso que el número de personas que han llegado a la costa inglesa en lo que va de año se ha reducido en un 33%. Pero sobre todo, ocultando —con escaso éxito— su clara voluntad de sustituir a Sunak en el puesto.

La cámara estrellada

A lo largo del fin de semana, los grupos más relevantes de diputados conservadores del ala dura han puesto en escena una apariencia de rigor y reflexión con la que dar respaldo jurídico a una rebelión que ya tenían concebida de antemano. El European Research Group (Grupo de Estudios Europeos), la corriente parlamentaria euroescéptica que derrocó en su día a Theresa May y aupó a Boris Johnson al poder, ha reunido a su star chamber (cámara estrellada) de abogados para emitir un dictamen sobre la nueva ley. Así se llamaba en el siglo XV al consejo de asesores legales del rey que se reunían en una habitación bajo una bóveda azul con estrellas doradas en el Palacio de Westminster. Como era previsible, concluían, la ley “en su redacción actual, no está lo suficientemente blindada como para cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno”.

“[La ley] proporciona una solución parcial e incompleta al problema que suponen los desafíos legales en los tribunales del Reino Unido, que son usados como estratagemas para retrasar o anular la expulsión de inmigrantes ilegales (sic) a Ruanda”, han concluido los abogados.

Esta objeción señala expresamente la cláusula recogida en la nueva norma por la que se contempla una mínima excepción, a la hora de recurrir su posible deportación, para aquellos inmigrantes “que puedan demostrar, con pruebas creíbles y convincentes, que corren específicamente un riesgo serio e inminente de sufrir un daño grave e irreversible” si retornan a su país de origen.

Lo que para muchos críticos de la ley es una excepción minúscula y cruel, para el ala derecha de los tories es un posible coladero que permitirá a los abogados impulsar maniobras de retraso en la aplicación de la ley.

La contestación de los moderados

El ala dura del partido no ha sido la única en airear dictámenes legales en las horas previas a la votación. Quien fuera Abogado General del Estado durante los años de más intenso debate parlamentario respecto al Brexit, Geoffrey Cox —hoy un defensor y aliado de Sunak—, encabezaba una carta firmada con otros tres juristas de prestigio y enviada al Daily Telegraph, el periódico de referencia de los conservadores. “El texto llega todo lo lejos que puede llegar, dentro de la legalidad, para evitar los recursos ante los tribunales contra las deportaciones, y elimina la mayor parte de las causas para interponer esos recursos”, dice la carta abanderada por Cox. Pero, añade, “¿están los diputados dispuestos a defender que una mujer embarazada en estado avanzado no puede recurrir su deportación a Ruanda, o que un paciente de un cáncer raro que no pueda ser tratado en Ruanda sea incapaz de presentar su historial médico?”

Sunak ha conseguido enfurecer a los dos bandos de su partido. Son muchos los diputados moderados incluidos en la corriente interna One Nation Tory [en referencia a la aspiración del ex primer ministro Benjamin Disraeli de que su partido representara a toda la nación de los británicos, pobres y ricos], que tiene más de cien miembros, dispuestos también a oponerse el martes a un texto legal que les resulta odioso y que perjudica, a su entender, la credibilidad internacional del Reino Unido.

El actual ministro de Exteriores y ex primer ministro, David Cameron, ha liderado durante el fin de semana las conversaciones con decenas de diputados para recabar apoyo y fidelidad al Gobierno. Basta con 56 abstenciones o 28 votos en contra para derribar la ley, y poner en el alero el mandato de Rishi Sunak. El quinto primer ministro conservador que saldría por la puerta de atrás de Downing Street en 13 años.

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