El voto para Putin en los territorios ocupados se pide puerta a puerta y dando el alto en la calle

La farsa de la democracia rusa ofrece su peor versión en los territorios ocupados de Ucrania. Oficiales de las comisiones electorales peinan barrios y pueblos acompañados por patrullas militares para reclamar el voto en las presidenciales rusas que terminan este domingo. Puerta a puerta o en las calles, cerca de cuatro millones de ucranios en las provincias anexionadas por el Kremlin se encuentran, aunque no lo quieran, con una urna frente a ellos.

Excepto la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014, es la primera vez que el resto de las regiones bajo control ruso se incluyen en las presidenciales teledirigidas por el Kremlin para que gane Vladímir Putin por quinta vez. La provincia de Lugansk, parte de las provincias de Donetsk —incluida su capital—, Zaporiyia y Jersón viven desde principios de marzo un proceso de votación anticipado. Cuantos más días, más opciones hay de aumentar la participación. Lo mismo sucedió en los referendos de anexión de 2022, en el que el periodo de votación duró cinco días y en el que también se buscó el voto puerta a puerta con patrullas militares acompañando a las delegaciones electorales.

La comunidad internacional rechazó en bloque la validez de aquellos referendos y también rechaza ahora la legitimidad de los comicios presidenciales en las zonas ucranias ocupadas por las armas. Veinte comisiones parlamentarias de Exteriores, entre ellas la del Congreso español, hicieron público el 14 de marzo un comunicado sobre ello: “Rechazamos la legitimidad de las elecciones organizadas por Rusia en los territorios ocupados de Ucrania. Estas acciones de Rusia en un territorio de Ucrania reconocido internacionalmente son completamente ilegítimas y no serán reconocidas por la comunidad internacional”.

Un comunicado del Gobierno ocupante en la provincia de Zaporiyia difundido el 2 de marzo advertía: “Queridos votantes, nos preocupamos por vuestra seguridad, no tenéis que asistir a los colegios electorales. Iremos a vuestra casa con las papeletas y las urnas”. Lo mismo hizo público el 11 de marzo Artem Lisogor, gobernador de la administración ocupante de Lugansk: “Desde hoy se vota en Lugansk. Se organizará la votación en los municipios donde el transporte es deficiente o inexistente. Las comisiones electorales irán a estos lugares y empezarán a reclamar el voto por la calle durante las mañanas”.

Urnas colgadas de un cinto

Las imágenes que publican los medios rusos y las agencias internacionales muestran a representantes de las juntas electorales con una urna colgada de un cinto y acompañados de un par de soldados con sus fusiles. Las comitivas aparecen llamando a domicilios o plantando la caja frente a transeúntes en la vía pública.

El riesgo de ataques por parte de la oposición ucrania también es real. Una oficial de la comisión electoral en la ciudad de Berdiansk (Zaporiyia) falleció el 6 de marzo por una bomba instalada en su coche.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania publicó un comunicado el 14 de marzo en el que subrayaba la ilegalidad de los comicios y del hecho de “forzar a millones de ucranios en los territorios ocupados temporalmente o que han sido forzados a desplazarse a Rusia a participar en estas llamadas elecciones”. Rusia ocupa un 26% del país, según precisó el pasado febrero el presidente, Volodímir Zelenski —hasta ahora, se estimaba en un 18% el territorio perdido—. El Instituto de Estudios Sociales y Demografía de Ucrania estima que en las provincias bajo control del invasor residen unos cuatro millones de personas, la mitad de la población que había antes de iniciarse la guerra en febrero de 2022, según esta institución. Naciones Unidas estimaba este marzo que en Rusia viven más de 1 millón de desplazados ucranios.

El Ministerio de Exteriores ucranio también advertía a la población de que por seguridad no participe en los comicios y evite concentraciones de personas en los colegios electorales. Esta es una de las razones por las que Ucrania ha pospuesto sus elecciones legislativas y presidenciales, por el riesgo de muertes en caso de bombardeo. Otras razones son la dificultad de garantizar la participación de millones de desplazados o de organizar el sufragio para los 880.000 militares involucrados en la defensa del país.

Las autoridades rusas están facilitando la participación con medidas que incumplen cualquier proceso democrático con garantías, según el Gobierno ucranio. Los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa aseguran que las tropas rusas pueden votar sin identificarse. El Centro Nacional de Resistencia, organismo del Gobierno que informa sobre la situación en los territorios ocupados, ha señalado que las autoridades invasoras incluso están permitiendo participar en las presidenciales con pasaporte ucranio —en las regiones bajo control ruso se aplica desde 2022 una intensa campaña de coerción para que la población asuma el pasaporte ruso. Solo con este pueden gestionarse trámites u obtenerse beneficios de la administración ocupante. El Centro Nacional de Resistencia ha advertido que también se está dejando votar a unos 100.000 trabajadores extranjeros, sobre todo procedentes de Asia central, sin nacionalidad rusa.

Sí se ha confirmado, a partir de canales de información oficiales rusos, que la participación ha sido incentivada con actos festivos en los que se distribuían alimentos de forma gratuita a cambio de votar. En los referendos ilegales de 2022, las autoridades rusas concluyeron que más de la mitad del sufragio había participado y que los resultados fueron favorables a la anexión en una horquilla de entre el 87% y del 99%, según la provincia. Entonces, como en las presidenciales de este marzo, Kiev advirtió de que los ciudadanos ucranios que participen en la organización de los comicios pueden ser procesados judicialmente por colaboración con el enemigo.

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